La realidad de nuestro país, no es ajena a la actualidad mundial en que los intereses político y económico de unos cuantos aplastan los derechos fundamentales de todo el pueblo.
A esto obedece la imposición de Felipe Calderón y a su proyección mediática, apoyada en el ejército, que está siendo utilizado para desempeñar el triste y anticonstitucional papel de policías, con el pretexto de combatir el narcotráfico con el que este sistema ha convivido.
La problemática es grave y compleja ya que el único objetivo del Gobierno despótico que padecemos es la militarización del país con la finalidad de contener la protesta social; reducir a los pueblos originarios, las etnias de nuestro país a nada; que las protestas sociales sean sólo un asunto folklórico en el que los líderes no se salgan del libreto olvidando a nuestros muertos, nuestros presos, los desaparecidos, instaurando claramente un estado de sitio policiaco-militar, en el que todo el pueblo es sospechoso, mientras los genocidas, quienes cometen delitos de lesa humanidad, los responsables gozan de plena impunidad.
Así, el caso Loxicha es el ejemplo claro, de esta grave situación, a casi once años tenemos el siguiente recuento: 500 detenidos, desapariciones forzadas, más de 90 ejecutados extrajudicialmente, torturados, presos, desplazamiento de cientos de familias, etnocidio, y perseguidos, desde la época de Diódoro Carrasco Altamirano quien goza de total impunidad, mientras hábilmente acomoda a sus incondicionales en el gabinete estatal como pago de facturas para el neopanista, por la imposición de Ulises RUIZ en el poder a costa del dolor y la sangre del pueblo oaxaqueño, pese a que existen sendos pronunciamiento, constataciones e informes sobre las graves violaciones a derecho humanos en la región, a la fecha nadie ha respondido por estos delitos, sin embargo, aun permanecen privadas de su libertad 12 indígenas Loxichas del grupo inicial y 12 de posteriores detenciones, dentro de ellas Isabel Almaraz Matías, cuyo caso ha sido prioridad para nosotros. Otro elemento que pone en evidencia un estado policiaco-militar, es la falta de seriedad y compromiso con los derechos humanos porque quienes son los responsables de la procuración y administración de justicia, hacen visible un síntoma grave de la crisis política y social que vive Oaxaca: La impunidad y corrupción.
El movimiento magisterial, popular y la APPO, pese a tener una demanda justa, legal y legítima, han sido reprimidos, lo que refleja en gran parte los métodos de la Guerra de Baja Intensidad, la cual no está enfocada sólo a personas, regiones o a los movimientos armados revolucionarios, sino a todo el pueblo, anteponiendo como única forma de resolución a las graves crisis estructurales, la fuerza y estado policiaco -militar.
Por el otro lado, los genocidas se amparan en el poder y el fuero para evitar el justo castigo, un ejemplo es José Murat Diputado Federal, quien a la fecha no ha respondido por su responsabilidad de la ejecución de 26 campesinos en el paraje Agua Fría y demás, en Loxicha y el Estado en general; y quienes están en esa misma línea son: Jorge Franco vargas, Heliodoro Díaz Escarraga y la ex procuradora Lizbeth Caña Cadeza y Lino Celaya Luria a quienes lejos de ser investigados y sancionados por sus responsabilidades por acción y omisión en la brutal represión contra el pueblo de Oaxaca, el PRI los ha premiado con futuras diputaciones, y si esto no fuera suficiente, quienes en su momento se dijeron los defensores de derechos humanos oficiales, caso Sergio Segreste Ríos y Evencio Nicolás Martínez, ahora se hacen cómplices de la impunidad, corrupción, de las torturas, asesinatos, detenciones ilegales y arbitrarias, al servicio del gobernante en turno, ya que no hay diferencia en su actuación de quienes fueron sus antecesores.
El movimiento social, magisterial y popular de Oaxaca, no se ha equivocado, intuye la verdad y su deber; por eso es sumamente urgente anteponer como único objetivo el interés del pueblo, y dejar de lado las guerras intestinas ya con ello se debilita la unidad del moviendo popular, por lo que hacemos un llamando a la unidad, no es momento de confrontación es momento de construcción, no nos podemos permitir errores históricos.
Convocamos a la unidad de todo el pueblo, a estar atento, a no quedarnos callados y no dejar que la indiferencia se anteponga bajo la premisa de que en Oaxaca ya no tiene cabida la corrupción, la impunidad, la falta de rendición de cuentas, ante un panorama de agudización de la represión y de criminalización a las defensoras y defensores de derechos humanos.
¡Libertad de todos los presos políticos y de conciencia!
No al estado de sitio policiaco-militar!
¡Desaparecidos, presentación!
Organización de Pueblos Indígenas Zapotecos, OPIZ.
Juan Sosa Maldonado
Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos
Yesica Sanchez Maya
Asesoría Jurídica Popular
Lic. Israel Ochoa Lara
Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 7 de Junio de 2007.
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