jueves, 21 de febrero de 2008

Compañer@s:

El miércoles 20 de febrero, alrededor de las 8:00 de la noche, llegamos a nuestra casa, después de una reunión con algunos habitantes de Lomas del Poleo en la que se trataron asuntos sobre la delicada situación legal que atraviesan l@s colon@s . A las 8:15 salimos a la tienda que está a cuatro cuadras de la casa, en esos momentos pasó una camioneta negra, cerrada, con vidrios polarizados muy parecida a una camioneta que el domingo 17 de febrero estuvo frente a la casa y dentro de la cual estaban dos hombres, uno de ellos filmando. Decidimos seguirlos para poder tomar las placas, en la esquina de la cuadra estaba una cherokee negra con vidrios polarizados con dos hombres dentro y nos sorprendió que estos dos vehículos estuvieran en la misma cuadra, tratamos de seguir a la primer camioneta y nos regresamos a las tres cuadras pensando que sólo eran coincidencias, fuímos a la tienda y al regresar estaba la cherokee negra a dos cuadras de nuestra casa, nos empezó a seguir, pasamos de largo la casa y dimos vuelta en la siguiente cuadra en una calle grande y la cherokee nos seguía,aceleramos y decidimos ir a un lugar concurrido y poder perderlos, llegamos a un centro comercial y le hablamos a un amigo, después de un rato nuestro amigo fué a la casa a verificar que éstas camionetas ya no estaban frente a nuestra casa y nosotros poder llegar.

Dada la delicada situación que en éstos momentos atraviesa el conflicto de Lomas del Poleo sabemos que ésto es parte del hostigamiento, para sembrar el miedo entre las organizaciones que acompañamos a l@s habitantes de esa colonia, que han resistido tres años de agresiones y de terror cotidiano, por parte de los empresarios Jorge y Pedro Zaragoza quienes tienen al mando de éste crimen a Catarino del Río Camacho y la total complicidad de el gobernador José Reyes Baeza y el presidente municipal José Reyes Ferriz.

Responsabilizamos de cualquier agresión que podamos sufrir a:

Jorge y Pedro Zaragoza
José Reyes Baeza
José Reyes Ferriz


Atentamente
Cristina Coronado Flores y Juan Carlos Martínez Prado.
Integrates de La Otra Campaña, Cd. Juárez Chihuahua.


¡YA BASTA!

¡ALTO AL HOSTIGAMIENTO CONTRA L@S HABITANTES DE LOMAS DEL POLEO!

¡NO AL DESPOJO EN LOMAS DEL POLEO Y EL SEGUNDO BARRIO!

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lunes, 18 de febrero de 2008

Petróleo: quién manda en México

Por: Adolfo Gilly
Tomado de:www.jornada.unam.mx

La nacionalización del petróleo fue decidida el 9 de marzo de 1938, caminando por los campos de Morelos, por dos generales del Ejército Mexicano formados en las batallas guerreras de la revolución y en las batallas jurídicas de la Constitución de 1917: Lázaro Cárdenas del Río y Francisco J. Múgica. De esa decisión fue informado el gabinete presidencial en la tarde del 18 de marzo, y la aprobó. Nadie sospechaba hasta la noche de ese día –ni las compañías petroleras ni sus gobiernos– la magnitud y los alcances de la medida expropiatoria.

El gobierno del general Cárdenas supo escoger el terreno del enfrentamiento con las compañías extranjeras y tomarlas por sorpresa. No planteó la nacionalización como cuestión de beneficios económicos o de derechos laborales, sino como un dilema sobre quién manda en México: el gobierno de la nación o los dueños del petróleo.

Se debe recordar, recordar bien, que el presidente Cárdenas decretó la nacionalización cuando las empresas petroleras se negaron a acatar un laudo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el contrato colectivo con sus trabajadores. No era una argucia legal para tener el apoyo del movimiento obrero, que de antemano estaba asegurado. Fue utilizar lo que las empresas creían un incidente jurídico menor para plantear una cuestión de fondo: quién manda, quién decide sobre los cielos, el suelo y el subsuelo de este territorio que se llama República Mexicana, si un grupo de empresas extranjeras subsidiarias de sus gobiernos, que prestos salieron en defensa de ellas, o si los poderes del gobierno de la República elegido y apoyado por su pueblo.

Los tiempos son otros, los gobiernos mexicanos y su relación con el pueblo de esta República también. Pero ante la amenaza de privatizar Pemex en todo o en parte, con capital extranjero o nacional pero siempre capital privado –es decir, que en tanto capital no puede por definición responder al interés de la nación sino al suyo propio, si no dejaría de ser capital–, los fundamentos de la disputa deben plantearse sobre el mismo terreno: quién manda en México.

Es absurdo, para no usar palabras mayores, plantear la cuestión de Pemex como un problema económico o tecnológico, aunque hoy en ambos aspectos la situación de la empresa flaquee. Aceptar la discusión en ese terreno es perderla de antemano.

Por la contigüidad territorial con Estados Unidos, en México, más que en cualquier otra nación del continente, la propiedad estatal del petróleo es una cuestión geopolítica que hace al mando y a la soberanía sobre el territorio nacional. La continuidad del territorio y por ende del subsuelo de ambos países es marca indeleble en la historia mexicana. Hoy más que nunca Estados Unidos, su mando político en la Casa Blanca y su mando militar en el Pentágono, necesitan asegurar el petróleo mexicano como un componente indispensable de su estrategia militar global, tanto hacia los poderes que están al otro lado del Atlántico como hacia aquellos al otro lado del Pacífico.

Estados Unidos necesita –necesitó siempre– subordinar las fuerzas armadas mexicanas a sus fines estratégicos, a sus tecnologías, a su entrenamiento y a sus doctrinas militares y de seguridad, que son lo mismo. Hasta la Segunda Guerra Mundial no lo había logrado. Después vino el largo y paulatino cedimiento y por fin, desde Salinas de Gortari en adelante, las cesiones y concesiones en cascada.

Estados Unidos se ha propuesto, y en buena medida lo ha logrado, recorrer hasta el Canal de Panamá lo que considera su frontera geográfica de seguridad. El Plan Puebla-Panamá, como es bien sabido, es parte de esa vasta operación geopolítica, para la cual ha contado con la colaboración de los gobiernos mexicanos al menos desde Carlos Salinas hasta el presente. Pero no le basta recorrer de hecho esa frontera. Necesita la sumisión de los gobiernos nacionales de esos territorios y el control de sus recursos naturales y económicos –no la propiedad total, por supuesto, sí el control y la subordinación. Frente a las potencias asiáticas y a las potencias europeas, cualesquiera sean sus relaciones con ellas en cada momento, ésta es su zona de seguridad continental, su territorio amurallado. Esa doctrina no sólo no ha cambiado con la globalización. Por el contrario, se ha fortalecido con razones y exigencias nuevas, antes inexistentes.

Esa estrategia histórica de dominación y subordinación (que no de simple dependencia económica) tiene hoy componentes materiales e ideales que en conjunto conforman una renovada operación de ablandamiento de las resistencias nacionales mexicanas y latinoamericanas en nombre del libre comercio y la libre circulación de capitales (que no de personas, como debería ser el corolario).

Uno de esos componentes es haber logrado que el narcotráfico pasara a ser asumido por las autoridades mexicanas, ya no como una cuestión policial de primera importancia, que lo es, sino como una supuesta cuestión de seguridad nacional; mientras en modo alguno lo es tal para el ejército y el gobierno del país receptor y consumidor de la droga, Estados Unidos. Cualquiera sea su origen, una evidente operación de desestabilización política se esconde en los vericuetos y las guerras del narcotráfico, una buena parte de cuyos capitales y mandos, como diversos estudios lo han mostrado, están al otro lado de la frontera norte de México. En este contexto la Iniciativa Mérida es una de las varias facetas de la operación general de ablandamiento de las resistencias y las defensas de esta nación.

El 12 de febrero pasado Pedro Miguel escribía en estas páginas: “La Iniciativa Mérida es un acuerdo para que un gobierno incapaz de acabar con el trasiego de estupefacientes reciba asistencia de otro que tampoco puede o quiere erradicar el narcotráfico. [...] El hecho es que los gobernantes gringos no han podido o no han querido acabar con el narcotráfico. Con todos sus radares, sus satélites, tan precisos que pueden discernir a la distancia la marca de un bolígrafo; con sus aparatos de intercepción de conversaciones, sus sensores de infrarrojos, sus bases de datos y sus sistemas en tiempo real; con sus Hummers artillados con calibres de guerra, sus aviones espía, sus efectivos de la DEA, el FBI, y la Migra, sus marines, sus boinas verdes, sus rangers, sus mercenarios, sus portaviones, sus guardacostas, sus cárceles concesionadas a empresas de excelencia y su sistema judicial que presumen como si fuera eficiente y bueno, los centenares de toneladas de cocaína siguen fluyendo sin problemas hacia las fosas nasales de los consumidores”.

Aparte de los grandes intereses económicos involucrados en la industria de la droga, la estrategia del llamado combate al narcotráfico asume los rasgos de una redición de lo sucedido en Colombia, con las funestas consecuencias allá registradas para la soberanía nacional y la democracia. En un mundo de estados nacionales como en el que vivimos pese a todas las teorizaciones acerca de la disolución o el desvanecimiento de dichos estados, pocas cosas convienen tanto a las ambiciones de dominación de un vecino poderoso sobre uno de esos estados como el que las fuerzas armadas de tal nación se vean envueltas en tareas policiales –y además, en tareas de represión contra su propio pueblo, llámese éste Chiapas, Guerrero o Oaxaca.

¿Es que este cuento va a proseguir? ¿Es que se va a insistir en discutir la cuestión de Pemex y del petróleo como un problema exclusivo de recursos económicos y tecnológicos? ¿Es que no es evidente la operación de dominación emprendida sobre México –y su timing preciso– por una nación hoy desequilibrada por su propio poderío y por la ineptitud patológica de sus actuales gobernantes junto a la desmesura de sus obsesiones y ambiciones? ¿Es que no se ve el peligro que significa hoy, precisamente hoy, la dinámica geopolítica de ese país vecino?

¿Y las ambiciones de privatizar Pemex, de un modo u otro, en todo o en parte, con uno u otro subterfugio legal, con capital nacional o extranjero, nada tienen que ver con esa situación?

Es además insensato, absolutamente insensato, entrar a discutir y resolver con inusitada premura una cuestión vital de soberanía y geopolítica de la nación mexicana precisamente en los momentos en que ese vecino, Estados Unidos, componente ineludible de las decisiones sobre dicha cuestión, está envuelto en su controvertido y cercano cambio de gobierno; atrapado militarmente en Irak y Afganistán; desbalanceado por las crisis de su economía; y habiendo descubierto por fin que la globalización no significa su dominación mundial indiscutida, sino también el ascenso de las ambiciones y los desafíos de las grandes potencias de Europa y de Asia.

Es preciso cambiar de raíz el terreno y los tiempos de la cuestión petrolera mexicana. No es sino en segundo nivel una de financiamiento y tecnología. Tanto lo han dicho que fatiga repetirlo: si se modifica el régimen impositivo que succiona todos los recursos de Pemex y le impide financiar su crecimiento tecnológico, la empresa petrolera nacional tiene amplio campo de afirmación, exploración y crecimiento. Ese régimen por el cual Pemex es el sostén principal del presupuesto del Estado tiene un solo beneficiario: el capital privado. Gracias a Pemex, los niveles impositivos sobre los capitales privados están entre los más bajos que hoy existan. No es verdad que si se permite a Pemex capitalizarse no habría recursos en el presupuesto para los rubros de salud, educación, infraestructura y otros. Esto es chantaje puro. Esos recursos deben salir de los impuestos normales a las ganancias del capital, terminando con la condición de semiparaíso fiscal que se le ha impuesto al territorio nacional. Tampoco es verdad que habría fuga de capitales. Demasiado codiciado para la inversión es este país, por razones similares a las que lo hacen codiciable para las ambiciones de la nación del Norte.

El debate y las decisiones sobre el estatuto jurídico de Pemex y los recursos para su eficiencia y su modernización tienen que partir de esta plataforma. No es una cuestión ante todo económica y técnica. Es una cuestión de geopolítica y de soberanía nacional: quién manda en México.

En caso contrario, el gobierno nacional –y gobierno son los tres poderes, no sólo el Ejecutivo– se vería colocado en la paradójica situación de cumplir con la consigna zapatista: mandar obedeciendo. Pero obedeciendo al mando establecido en el Pentágono, la Casa Blanca y Wall Street, dueños una vez más, por sí mismos o por interpósitos capitales privados mexicanos, del control de los recursos petroleros de la República Mexicana.

ELECCIONES A LA CUBANA

Por: Manuel E. Yepe

Cuando triunfó la revolución cubana en enero de 1959, había en las masas identificadas con la revolución victoriosa una clara conciencia, prácticamente unánime, acerca de las cosas que habría que demoler. Entre ellas, el sistema electoral de representación, al que se le identificaba como propiciador y parte de la corrupción política y de la tiranía a que condujo.

El que teníamos era una copia bufa del estadounidense, que nos fuera legado por la ocupación que sufrió la isla de 1898 a 1902, practicado con leves ajustes y modificaciones durante toda la etapa neocolonial que duró hasta 1958.

Las elecciones, "esencia de la democracia", eran estructuradas de manera tal que resultaran favorecidos aquellos candidatos que movilizaran mayores recursos económicos para su campaña, lo que garantizaba que fueran sus compromisos con los sectores más acaudalados los que determinaran al ganador.

En períodos de normalidad, la ciudadanía disfrutaba cada cuatro años del derecho a escoger a la máxima autoridad de la nación entre candidatos propuestos por partidos políticos que aseguraban el ejercicio real del poder a una oligarquía que no se sometía a elecciones de tipo alguno, económicamente dependiente del vecino
norteño. Un panorama similar al resto del continente.

Cuando las condiciones lo permitían, podían participar en los comicios fuerzas discrepantes que no significaran un peligro real para el control de la situación y, si se apreciaba una amenaza grave, se recurría al golpe de estado por parte de una oficialidad de las fuerzas armadas cuya fidelidad a los intereses de Washington estaba garantizada. Los golpistas habrían de ejercer el poder hasta que se
pudiera regresar a la "democracia representativa".

Las campañas electorales de los partidos políticos integrados en el sistema costaban muchos millones de dólares, casi todos aportados por los oligarcas y por grupos económicos que se disputaban mejores posiciones para incrementar sus ganancias, apoyando a uno, algunos o todos los aspirantes para garantizarse compromisos con los
triunfadores y una mayor influencia en las decisiones del gobierno, dentro de la continuidad del régimen.

Se llenaban de pasquines las fachadas, postes, puentes, tendidos eléctricos y telefónicos de todo el país, al igual que de anuncios electorales las vallas, la prensa, la radio y la televisión.

Estos enormes gastos, tan desproporcionados respecto a la miseria que se observaba en la mayoría de la población, eran posteriormente retribuidos por los políticos a sus magnánimos contribuyentes mediante favores salidos de la corrupción más impúdica.

Durante los primeros 15 años de revolución en el poder, la consigna de "elecciones, ¿para qué?", que surgió de una reflexión del líder de la revolución, Fidel Castro, expresó el sentimiento popular favorable al reconocimiento de la revolución como fuente de derecho y partidario del ejercicio de la democracia de manera directa.

Con la nueva institucionalidad que tomó forma en 1976, se puso en práctica un nuevo sistema electoral plasmado en la Constitución discutida masivamente y aprobada en referéndum por más del 97% del electorado nacional en ese año.

Así como la Constitución pretendía reflejar los grandes cambios ocurridos desde el triun­fo de la revolución que abrieron cauces para la participación del pueblo en la efectiva conducción de la sociedad, el nuevo sistema electoral quiso incorporar formas de democracia directa al carác­ter representativo que debía establecerse para la delegación de una parte de sus potestades que hace el ciudadano a favor de sus elegidos.

Por eso, el sistema promueve una activa participación popular que se manifiesta en la facultad ciudadana de escoger, postular, elegir, controlar y revocar a sus represen­tantes.

Los ciudadanos eligen en reuniones públicas de las diversas zonas vecinales que componen cada circunscripción electoral, los candidatos a delegados o delegadas a las asambleas municipales del Poder Popular—dos como mínimo y hasta ocho. Posteriormente los eligen, entre todos los propuestos, mediante voto directo, secreto y voluntario.
Para ser elegido hay que recibir más del 50% de los votos válidos.

Son las Asambleas Municipales, integradas totalmente por delegados directamente electos en la base, las que acuerdan las candidaturas de delegados a las Asambleas Provinciales y de los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular que serán votadas por la población, también de manera directa, secreta y voluntaria.

Las comisiones de candidaturas, integradas a nivel nacional, pro­vincial y municipal, por representantes designados por las organizaciones sociales, tienen la función de elaborar y presentar los proyectos de candidaturas para delegados a las asambleas pro­vinciales y de diputados a la Asamblea Nacional.

En todos los casos están presididas por el representante de la Central de Trabaja­dores de Cuba.

Esas candidaturas deben estar integradas, en un 50%, por delegados de la base y el resto seleccionados de entre las propuestas de personalidades destacadas formuladas por las organizaciones sociales–obreras, campesinas, femeninas, estudiantiles, de vecinos- y otras del país o la provincia, según el caso.

Otra singularidad del sistema político cubano es que ningún representante, diputado o delegado de cualquier nivel, recibe remuneración alguna —salario, dieta o cualquier otra pres­tación o beneficio— por el desempeño de la labor para la que fue elegido.

También se distingue el sistema electoral cubano por el hecho de que no participa partido electoral alguno. El Partido Comunista de Cuba no es un Partido electoral, sino la continuidad histórica del Partido revolucionario que José Martí organizó para promover la unidad de los cubanos para alcanzar la independencia de España y evitar la absorción de Cuba por Estados Unidos de la manera que lo lograron con Puerto
Rico.

En Cuba, no se admiten campañas electorales. La comisión electoral de cada circunscripción lleva a cabo la divulgación sobre los candidatos en pie de igualdad y éstos no pueden realizar por su cuenta actividad de propaganda a favor de su candidatura.

Los candidatos a diputados y a delegados a las asambleas pro­vinciales realizan reuniones y encuentros con los electores de su distrito pero lo hacen juntos, excluyendo toda forma de pro­moción individual.

El voto es enteramente voluntario, pero se estimula y promueve la mayor concurrencia posible a las urnas, lo que ya ha hecho tradición una participación masiva inimaginable en países que sufren grave abstencionismo crónico.

La Ley Electoral vigente establece dos tipos de procesos electo­rales: Las elecciones generales, cada cinco años, para elegir a los diputados a la Asamblea Nacional y a los delegados a las asambleas provinciales y las elecciones parciales, que se llevan a cabo cada dos años y medio para elegir a los delegados a las asambleas munici­pales.

Es la Asamblea Nacional del Poder Popular, órgano supremo del poder del Estado y único órgano con potestad cons­tituyente y legislativa en la República, la que elige, primero, a su presidente, su vicepresidente y su secretario, y luego al Consejo de Estado —su órgano permanente de 31 miembros— a su Presidente, al Primer Vice­presidente, cinco Vicepresidentes, al Secretario y al resto de los miembros. Desde 1976, la Asamblea Nacional del Poder Popular ha electo en seis ocasiones consecutivas al Dr. Fidel Castro Ruz, Presidente de los Consejos de Estado y al General Raúl Castro Ruz, Primer Vicepresidente.

El Consejo de Estado es el órgano de la Asamblea Nacional que la encarna entre uno y otro período de sesiones, tiene carácter colegiado y ostenta la suprema representación del Estado cu­bano.

Tan insostenible resulta ya la dominación semicolonial de los Estados Unidos en América Latina que ni siquiera por medio del clásico sistema electoral diseñado para perpetuar la permanencia del poder en manos oligárquicas, han podido evitar que los pueblos impongan su unidad como arma para llevar al poder a sus líderes en los últimos tres lustros.

El sistema electoral cubano, siempre en proceso de cambios, desarrollo y perfeccionamiento, no puede considerarse alternativa acabada al modelo que Estados Unidos considera único aceptable, sencillamente porque aquel responde a un orden capitalista basado en la competencia y este, socialista, está afirmado en la solidaridad humana.

Pero otros pueblos hallarán también su camino.

Construir lo inevitable

Por:Víctor M. Quintana S.

El tratamiento de choque, como diría Naomi Klein, no le funcionó totalmente a la oligarquía en el campo mexicano. Los campesinos siguen ahí, son decenas de millones, están empobrecidos, pero inconformes y con ganas de combatir: eso es lo que demuestra con claridad la marcha campesina-sindical del pasado 31 de enero.

Las calles, las carreteras, volvieron a gritar. Desde Ciudad Juárez se desarrolló una marcha de tractores hasta el Zócalo: dos mil kilómetros de verdades para contradecir las mentiras oficiales difundidas por el régimen y sus medios adictos. Como demostración activa de que no es cierto que lo peor ya pasó se logró la manifestación de rechazo a la política agraria y agroalimentaria más numerosa, plural y combativa de varias décadas.

Los logros de las movilizaciones de enero son muy palpables: con sus muros humanos, con sus tomas, con sus marchas, los hombres y las mujeres del campo volvieron a poner el tema de la renegociación del TLCAN en el centro de la agenda nacional. Pudieron penetrar a la mayoría de los medios y decir su palabra, alternativa a la verdad oficial. Demostraron los enormes perjuicios del tratado para las mayorías campesinas y para los consumidores. Se supieron unir por encima de diferencias partidarias y de celos gremiales. Se articularon con sindicatos y organizaciones civiles y montaron una marcha de fuerza irrefutable.

Ahora la gran cuestión es cómo proseguir el movimiento de manera exitosa. Está la gran ventaja de que este no es un año electoral, circunstancia que pesó muy negativamente en el movimiento de 2003. Pero esto no quita que pese sobre el movimiento el peligro de subordinación a intereses partidistas, metarrurales. La CNC, quien ahora invirtió mucha más energía y convocatoria que hace cinco años, deberá ser consecuente con la radicalidad de su discurso en el Zócalo y cuidarse de no ser utilizada como moneda de cambio para encarecer el apoyo del PRI a la reforma energética. También hay que cuidar el peligro de no tratar de pintar de amarillo el movimiento utilizándolo para fortalecer corrientes o candidaturas del PRD. Mantener la lógica socio-política del movimiento, su pluralidad y su independencia son claves para el éxito.

El gobierno se ha apresurado a ofrecer diálogo, pero no puede aceptarse sin que antes haya un debate público de las organizaciones campesinas con él. Es necesario que la nación conozca cómo responden a las falacias del calderonismo y de sus apoyadores; que se desmantele el mito del carácter mayormente benéfico del tratado para el campo. No puede dialogarse en un ambiente de opinión pública donde se sigue bombardeando con mentiras al movimiento y descalificando a sus dirigentes. Tampoco debe dialogarse si el gobierno acota la agenda y no acepta el tema fundamental: la renegociación del TLCAN. No deben distraerse las fuerzas ni dejar enfriar los ánimos para apostarle todo a una dudosa negociación.

Mucho menos debe bajarse la guardia y suspender las movilizaciones. Ciertamente no hay que reiterar de inmediato las marchas, pero hay que acudir a instrumentos que impacten más la opinión pública, que penetren a todos los rincones y sectores de la República, que dejen bien claro al gobierno y a la sociedad que es voluntad mayoritaria la renegociación del tratado.

Para eso suena bien la propuesta de constituir un Mandato de la Nación que exija al Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión, tímido hasta ahora, que se empiece a renegociar el TLCAN y a controlar las importaciones y exportaciones de maíz blanco y frijol. El principio de ética pública a la base de esto es que la soberanía reside en el pueblo. Las herramientas serían dos: por un lado, la convocatoria a un referéndum sobre la renegociación del TLCAN a llevarse a cabo en todo el país, sobre todo en los ejidos y comunidades rurales. Por otro, el recabar adhesiones formales de autoridades ejidales, comunitarias, municipales, de gobernadores, de congresos de los estados a un documento que exija comenzar la renegociación. Esto tendría varias ventajas: mantendría movilizadas a las organizaciones y con menor desgaste, se lograría una mejor correlación de fuerzas ante el gobierno, conservaría el tema en la agenda pública y acudiría, por una parte, a la democracia participativa y, por otra, a la representativa, para acuñar la expresión clara y unívoca de la voluntad popular por renegociar el tratado.

Ya sabemos, pues ya lo mostró en 2006, que a Calderón le importa un bledo la expresión de la voluntad popular. Pero aun así debemos apostarle a conjuntar una fuerza de movilización tal, una contundencia tal, que, volviendo a citar a Naomi Klein, lo que se consideraba políticamente inviable se haga políticamente inevitable.