martes, 30 de octubre de 2007

Los federales incendian la pradera chihuahuense

Por: Víctor Quintana
Tomamdo de: www,jornada.unam.mx
Si los agricultores chihuahuenses prendieron fuego el pasado viernes 19 de octubre a un tractor frente a las oficinas de la Comisión Federal de Electrcidad (CFE) en Chihuahua, sólo fue una respuesta simbólica a la provocación incendiaria de la paraestatal en varios rumbos del estado norteño.

El miércoles 17, una docena de brigadas de la Policía Federal Preventiva (PFP), aerotransportadas, se desplegaron en varios municipios chihuahuenses. Más de 500 elementos federales acompañaron a los empleados de la CFE a desconectar la energía eléctrica de todos, bueno, casi todos los pozos agrícolas que no habían pagado su enorme recibo de luz. En sólo dos días, electricistas y policías ejecutaron mil 150 cortes a otros tantos pozos. No únicamente quitaron cuchillas: en muchos casos destruyeron a hachazos las subestaciones eléctricas instaladas a costo de los productores.

Como hace un siglo, en los prolegómenos de 1910 los agricultores locales dejaron sus diferencias a un lado y se unieron para combatir la intromisión alevosa de los federales. En un dos por tres tomaron todos los campamentos de trabajo de la CFE; paralizaron las grúas y otra maquinaria de la paraestatal y formaron brigadas volantes para evitar los cortes, así fuera a trancazo limpio. Bloquearon con maquinaria agrícola toda la avenida donde se encuentra la oficina matriz en la capital del estado.
La violencia estuvo a punto de estallar en varios lados. En el traslado de una brigada de agricultores de El Sauz, en el municipio de Chihuahua, un productor perdió la vida en un accidente de automóvil.

Con la presencia y la presión de un nutrido grupo de agricultores, el Congreso del estado emitió un punto de acuerdo por unanimidad retomando las cuatro demandas básicas del movimiento de defensa de los pozos: cese inmediato de los cortes de energía, reconexión de los pozos desconectados, aprobación en el Congreso de la Unión del decreto que regulariza los pozos –la burocracia de Conagua y CFE establecen tarifas muy altas a los no regularizados–, y formación de una comisión mixta de dependencias federales, estatales y productores para resolver de fondo el problema de la tecnificación del riego para el uso eficiente del agua y la energía. Las negociaciones entre los representantes de los agricultores y la CFE, con mediación del gobierno y del Congreso del estado de Chihuahua, comenzaron el jueves 18 para trasladarse luego al Congreso de la Unión el miércoles 24.

A pesar de esto, no se avizora una pronta solución de raíz al problema. La CFE y la Secretaría de Hacienda no están dispuestas a aplicar la Ley de Energía para el Campo, que sería una base de arreglo para cobrar la energía a precios competitivos.
Ni el Ejecutivo ni sus aliados en el Legislativo están dispuestos a aprobar fuertes inversiones para reconvertir los equipos hidroeléctricos en el campo. Ni siquiera el gobierno federal ha emprendido una acción decisiva y eficaz contra la corrupción en Conagua, factor de buena parte de esta problemática.

Peor aún, por más que la ofensiva del nuevo binomio CFE-PFP se enfoca como un combate a la “cultura del no pago” de productores irresponsables, resulta hipócrita y discriminatoria. Porque los cortes se concentraron en los pozos operados por pequeños y medianos productores, sobre todo del sector social, como a los ejidatarios de El Sauz y Aldama, ambos obligados a ir por el agua más profunda, dada la enorme extracción de sus mantos para surtir a la ciudad capital. Y se dejaron intactas las instalaciones de los grandes deudores.
En Chihuahua, 200 de ellos deben la cuarta parte del adeudo total a la CFE, que llega casi a 800 millones de pesos. Contra éstos no fue la ofensiva.
Será porque entre ellos se encuentra gente cercana al régimen, como la familia Jones, de Nuevo Casas Grandes, parientes del subsecretario de Negocios Agropecuarios de la Sagarpa. Entre los grandes deudores a escala nacional se encuentra el principal accionista de leche Lala. Contra él no arremetieron las brigadas federales; todo lo contrario: lo apoyaron para que, con otros empresarios, adquiriera Aeroméxico.

Y ahí está la clave: hay una especie de subconsciente colectivo en el gobierno federal, que en todas sus acciones favorece a los grandes negociantes de este país, sobre todo a quienes apoyaron la campaña presidencial de Felipe Calderón y la guerra sucia.
Por otro lado, acosa a los pequeños y medianos productores rurales, agudizando la polarización en el campo mexicano, y criminaliza todas las formas de protesta social.
La fórmula para seguir incendiando la pradera.

domingo, 28 de octubre de 2007




Con AN en el poder, más de 900 reos por causas políticas

La mitad de los presos son indígenas; Atenco, APPO y pugnas por la tierra, los temas que más detenidos dejaron en 7 años de gobierno panista

Por: Blanche petrich /I

En los siete años que los panistas han gobernado México más de 900 personas han sido encarceladas por motivos políticos. A la fecha, hay al menos 169 activistas de diversas causas en reclusorios estatales y federales de nueve estados, la mayor parte en Chiapas, estado de México, Oaxaca y Guerrero, anque también hay en Yucatán, Veracruz, Tabasco, Michoacán y San Luis Potosí.

Aproximadamente la mitad de estos detenidos son indígenas, quienes fueron arrestados y procesados por conflictos relacionados con la lucha por la tierra, pero en la lista de presos hay toda una gama de causas: ecologistas en resistencia contra proyectos de industrialización, urbanización o turismo; trabajadores en defensa de su empleo; promotores de derechos humanos y comunitarios; indígenas en defensa de su autonomía y adherentes a la otra campaña del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

También hay 12 reos sentenciados que pertenecen a organizaciones armadas. De esta lista, algunos reconocen ser combatientes; otros no, como es el caso de los hermanos Héctor y Antonio Cerezo, quienes dentro de un año y medio culminarán una pena de siete años por los bombazos en una sucursal de Banamex, a principios del sexenio de Vicente Fox.

Sin embargo, el grueso de los detenidos fue arrestado en el contexto de grandes operativos policiaco-militares dirigidos contra movilizaciones populares. Las embestidas, que desembocaron en detenciones masivas, arrancaron con la orden del entonces gobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, de disolver las protestas populares contra la cumbre de jefes de Estado y de gobierno realizada en Guadalajara en 2004, con un saldo de 45 detenidos.

Luego vinieron los ataques de fuerzas federales y mexiquenses contra el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, con 209 detenidos, de los cuales aún quedan 31 procesados; contra las expresiones de repudio a la visita de George Bush, en Mérida (48 presos, libres ya todos) y contra la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) durante los operativos de noviembre del año pasado y junio de este año. Fueron más de 500 los oaxaqueños que llegaron a distintas prisiones, de los cuales aún hay 34 procesados, entre ellos Herzaín Michel, menor de edad.

En casi todas estas historias de captura ilegal y procesos judiciales irregulares se han hecho presentes la brutalidad policiaca, la tortura y, en muchos casos, la violación a mujeres. La indefensión jurídica es otro denominador común.

La sentencia más alta.

En el operativo policiaco realizado en San Salvador Atenco el 3 y 4 de mayo de 2006, en el que murieron dos jóvenes, se detuvo con violencia excesiva a 209 personas; de éstas, 183 fueron recluidas en el penal de Santiaguito, cuatro internadas en el Hospital General de Toluca, nueve menores enviados al Consejo Tutelar de Zinacantepec y tres encerradas en el penal del Altiplano, en Almoloya. Fue uno de los arrestos masivos más numerosos ocurridos en los últimos años, en el que participaron la Policía Federal Preventiva y corporaciones mexiquenses.

Los líderes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Ignacio del Valle y Felipe Álvarez, así como el universitario Héctor Galindo, fueron encerrados en el penal de máxima seguridad del Altiplano y sentenciados a 67 años de prisión por la retención de funcionarios públicos entre febrero y abril de 2006, hecho calificado por las autoridades como “secuestro equiparado”. Aún esperan sentencia por los hechos de mayo. A pesar de las protestas generadas por la desproporcionada condena, el juez la ratificó, pero todavía tienen derecho a un amparo.
La penalidad contra estos tres “presos políticos” supera muchos de los castigos impuestos a narcotraficantes y secuestradores sentenciados.

De los detenidos en Santiaguito, 98 por ciento presentó algún tipo de lesión, según documentó el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez. La Comisión Nacional de Derechos Humanos sólo documentó 26 casos de tortura.

En procesos ilegales admitidos por oficinas del Ministerio Público itinerantes, 17 fueron liberados sin cargos y a 170 les dictaron auto de formal prisión. De éstos, 128 salieron bajo fianza y los 28 restantes quedaron presos en Santiaguito, además de que cinco extranjeros fueron expulsados del país sin oportunidad de defenderse.

A ellos se le suman tres aprehendidos en junio: Juan Ramírez Romero, Sergio Ramírez Vázquez y Abraham Fuentes Velásquez. El primero fue señalado como el poblador de Atenco que pateó a un policía que yacía inconsciente, cuyas imágenes se difundieron ampliamente en la televisión. Estos tres fueron liberados bajo fianza, lo mismo que tres de las detenidas del grupo de los 28.
Reconocida la incompetencia del juez de Toluca después de tres amparos, el expediente quedó a disposición de un juzgador de jerarquía mayor en Texcoco. Este simple trámite tomó 12 meses. Los 27 presos fueron reagrupados en el penal de Molino de Flores.

Entre este grupo se encuentran varios detenidos que no son de Atenco, sino adherentes a la otra campaña zapatista, quienes se presentaron en el poblado el 3 de mayo para apoyar a los atenquenses, como la mazahua Magdalena García, el doctor Guillermo Selvas, su hija Mariana Selvas Gómez y el estudiante Vicente García Murguía.

En opinión del abogado defensor Juan de Dios Hernández, este hecho es uno de los argumentos más débiles y rebatibles de la acusación presentada por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. “Al no haberse encontrado imputaciones directas por ninguno de los más de 70 policías que fueron presentados por la parte acusadora en más de 30 audiencias, el juez noveno de distrito, con sede en Nezahualcóyotl, debería concederles un amparo de fondo y dictar su libertad inmediata”, alega el defensor.

En cuanto a las violaciones de los cuerpos policiacos que participaron en el operativo de mayo de 2006, 14 mujeres ratificaron sus acusaciones ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Violentos Cometidos contra la Mujer. Después de 15 meses, ésta no ha realizado los peritajes independientes solicitados y, según denuncia de los organismos humanitarios, ningún policía ha sido sancionado.

Marchas en memoria de Brad Will y un maestro

Oaxaca, Oax., 27 de octubre.
La sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) efectuaron hoy sendas marchas con motivo del primer aniversario de los asesinatos del profesor Emilio Alonso Fabián y del camarógrafo estadunidense Bradley Roland Will, ocurridos el 27 de octubre de 2006 en las barricadas instaladas por el movimiento que pedía la destitución del gobernador Ulises Ruiz Ortiz.

Una, en la que participaron más de 8 mil trabajadores de la educación, partió de la calle de Calicanto, en Santa Lucía del Camino, donde fue baleado Brad Will, rumbo al zócalo de la capital oaxaqueña, en el que realizaron un mitin, igual que la otra marcha.

En Calicanto los vecinos y activistas instalaron una cruz de madera y un tapete elaborado con arena de colores, flores y veladoras, como se acostumbra en Oaxaca al recordar un aniversario luctuoso.

Miguel Moreno Cruz, del Consejo Indígena Popular de Oaxaca Ricardo Flores Magón, quien auxilió al camarógrafo cuando desfallecía, manifestó su temor de que las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) tengan como fin desatar una cacería contra simpatizantes de la APPO.

“Tenemos rumores de que cuando se cumpla un año del asesinato del periodista de Indymedia, la PGR presentará su informe y ejecutará órdenes de aprehensión y cateos en las casas de asambleístas ya identificados para detenerlos”, dijo. Asimismo, advirtió que se pretende culpar a la APPO para “proteger a los asesinos y criminalizar a quienes han tenido el valor de denunciar a los criminales ligados con el gobierno”.

Gustavo Vilchis, camarógrafo colaborador de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, manifestó que “hay nombres, apodos, gente identificada; hay una lista de gente que puede ser detenida”.

Ante esto, responsabilizó a la PGR, a la Procuraduría de Justicia del estado y al gobierno local de las agresiones que puedan sufrir por acudir como testigos, pues “no dudamos de que después del 27 de octubre se ejecuten detenciones y cateos a casas de compañeros del movimiento”.

Fideicomiso por $25 millones para deudos.

La otra protesta recorrió la carretera Ciudad Alemán-Puerto Ángel, luego de partir de la Procuraduría de Justicia del estado, ubicada en el municipio conurbado de San Antonio de la Cal.
Antes, los profesores depositaron una ofrenda floral a un costado del despacho de Ruiz Ortiz, ubicado en Santa María Coyotepec, donde el año pasado el profesor Alonso Fabián cayó muerto.
En el zócalo, además del secretario de organización de la sección 22 del SNTE, Ezequiel Rosales Carreño, participaron como oradores Karina Sosa, hija de Flavio Sosa Villavicencio, así como Marcelino Coache Verano y Cástulo López, consejeros de la APPO.

Ezequiel Rosales Carreño, de la sección 22 del SNTE, acompañado por Magdalena Hernández, viuda del sindicalista fallecido, anunció que la asamblea estatal del magisterio aceptó un fideicomiso del gobierno local por 25 millones de pesos para los deudos de 16 caídos durante el conflicto.


Tomado de: www.jornada.unam.mx
Octavio Vélez Ascencio (Corresponsal)