Desastre ambiental en la Tarahumara

El mayor desastre que jamás haya sufrido la sierra Tarahumara, de peores consecuencias a las que ya ha ocasionado su continua deforestación, se cierne hoy en la forma de una masiva explotación minera que pretende extraer miles de kilos de oro de sus entrañas, mediante agresivos métodos que envenenan el suelo con cianuro y colocan en grave riesgo de extinción varias especies de su flora y fauna, así como la propia destrucción de la Sierra Madre Tarahumara como una de las mayores fuentes de precipitaciones pluviales del país y uno de los más grandes “pulmones” del mundo.

Un total de más de 60 proyectos mineros de alto rendimiento de producción de oro, la mayor parte de ellos bajo el sistema conocido de tajo abierto, el cual obtiene el metal por el procedimiento de lixiviación, se pondrán en marcha en muy poco tiempo. Ese procedimiento es uno de los que mayor impacto ambiental producen por las elevadas cantidades de cianuro de sodio usado para la lixiviación; por el cúmulo de residuos minerales que dejan –los famosos “jales”-; por la cantidad de tierras y rocas removidas; por la aguda contaminación que producen en los mantos freáticos y las aguas superficiales; y por la inmensa deforestación que produce todo el proceso.

La explotación de la mina de Nombre de Dios y Cerro Pelón, se mantuvo al inicio en bajo perfil; sin embargo, fueron los ejidatarios, propietarios de los terrenos en los que se asienta este yacimiento minero, quienes llamaron la atención sobre el problema.

El pasado 29 de abril, hartos de no recibir respuestas a sus peticiones por parte de la empresa canadiense Gammon Lake, decidieron bloquear el acceso a la mina a tajo abierto que se ubica a escasos metros de Ocampo, cabecera del municipio del mismo nombre.

Los reclamos son elementales, exigen el cumplimiento de las promesas de la empresa y el pago de una indemnización por el uso de los terrenos para la explotación de la mina.

Varios días después de mantener el bloqueo los ejidatarios accedieron a la propuesta de los funcionarios de la Dirección de Gobernación, a fin de designar a una comisión que habría de negociar en la capital del estado con los representantes de los propietarios de la concesión minera. Desarrolladas en la más extrema de las confidencialidades, las negociaciones no han arrojado resultados positivos (hasta el cierre de la presente edición de Aserto) y se realizan a puerta cerrada, lejos del alcance de los medios de comunicación.

Un relativo éxito alcanzaron los ejidatarios al obtener que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) liberara el 25 de mayo “una orden de suspensión de las operaciones de la industria minera Gammon Lake en Ocampo, por salir del polígono autorizado de explotación, no disponer correctamente de desechos peligrosos como baterías eléctricas y enterrar pinos derribados”, como informó el reportero Manuel Quezada (El Diario, 27/V/07).

El conflicto de Nombre de Dios y Cerro Pelón

Son muchos los intereses alrededor de ese conflicto, que surcó a la totalidad de los pueblos de La Tarahumara. Los afectados por la explotación minera son 130 ejidatarios de Nombre de Dios y 142 de Ocampo y Cerro Pelón, ambos del municipio de Ocampo. Los integrantes del Ejido Nombre de Dios, ubicado en el camino a Moris, recibieron de la empresa 10 mil pesos cada uno como indemnización –informan las autoridades estatales- para que la Gammon Lake pudiera explotar la concesión minera. El permiso sólo incluía la deforestación de 350 hectáreas, pero un estudio solicitado por los ejidatarios demostró que la explotación abarca una superficie de cerca de 800, ante lo cual los ejidatarios de Nombre de Dios obtuvieron un amparo por la violación del cambio de uso de suelo sin autorización. Además, la empresa no les permitió acceder a los árboles “tumbados” a pesar de que había acuerdos firmados.

Ante el bloqueo de los ejidatarios, el Secretario de Desarrollo Industrial, Ernesto Hermosillo Seyffert, declaró que “vería” cuales eran las “inquietudes” de los manifestantes, pero, dijo, “buscaremos, principalmente, que no dañen la imagen del estado para que empresas tan importantes como ésta, que ha apoyado que Chihuahua se mantenga en el primer lugar nacional en la producción de oro, sigan apostándole a nuestra industria”.

Altamente preocupado por la posibilidad de que el conflicto ahuyente a otros inversionistas, el funcionario no alcanzó a manifestar su preocupación acerca del estado ambiental de La Tarahumara a causa de la explotación minera. "Para que se den una idea, -dijo a los reporteros el 30 de abril- una compañía de este tamaño invierte 200 millones de dólares, tan sólo para aventurarse a ver si logra encontrar y extraer el metal”.

El 2 de mayo, bajo la firma de Manuel Quezada, El Diario publicó que la producción de plata y oro “se encuentra frenada por la creación de un nuevo ejido en Ocampo y su intención de cobrar fuera de la ley otros 11 millones de dólares a la compañía minera canadiense Gammon Lake. Así lo explicó Ignacio Vega Baca, director de Minería de la Secretaría de Desarrollo Industrial, quien dijo que eso fue lo que originó la suspensión parcial de las operaciones de la empresa, y no problemas de deforestación o contaminación”.

Erigido en autoridad ambiental, el director de Minería desechó que la empresa incurriera en prácticas de contaminación y deforestación indiscriminada, “ya que la firma logró los permisos necesarios ante SEMARNAT y otras dependencias para utilizar el terreno, limpiar la corteza y hacer las plataformas de la mina”. De paso, explicó que el Gobierno federal le había impuesto a la empresa minera “compensaciones muy grandes para hacer la deforestación programada y al término de las operaciones, asegurar la regeneración de la zona”.

Y reconoció el verdadero monto erogado por Gammon Lake -nueve millones de pesos- “para poder trabajar en una superficie de 200 hectáreas, pero todo esto tiene que ser regulado perfectamente”.

Además, abundó en los “negocios” efectuados por los ejidatarios, informó que la empresa derribó los árboles de esa superficie y les regaló la madera a los propietarios de los terrenos, “este es un negocio que los ejidatarios hicieron adicionalmente”, aclaró el funcionario estatal.

Más tajante se mostró el secretario de Desarrollo Industrial, Ernesto Hermosillo Seyffert, (El Heraldo de Chihuahua, 5/V/2007) quien se quejó de las protestas de los ejidatarios que están perdiendo su bosque y contaminando el entorno. Casi clamó que "No se vale que pidan mantener las mesas de negociación y que a la vez sigan tomando la mina", para, sin reparo, mentir, pues afirmó que el ejido Nombre de Dios apenas se creó el año pasado y que “por intereses que desconoce”, están afectando un sector importante de la minería local. Casi llamando al linchamiento de los ejidatarios, Hermosillo se dolió que éstos pidan “diferentes cantidades de dinero, que van desde uno a los 30 millones de dólares".

En todas sus declaraciones, el funcionario presentó como argumento central el de que las protestas de los ejidatarios no consideran a las “mil familias que dependen de los empleos indirectos que genera”. Detalló la inversión efectuada por la empresa minera: "Son 150 millones de dólares” invertidos del 2000 al 2004, “tan sólo en exploración, después de esto invirtió 200 millones en la construcción del proyecto, todo esto nos da 350 millones de dólares”.

Hablando casi como vocero de la minera canadiense, el secretario de Desarrollo Industrial dijo que la empresa además esta comprometida en detonar la generación de empleos en la zona.

Sagarpa reconoce el grave riesgo que amenaza a la Tarahumara

A pesar de las múltiples declaraciones efectuadas por varios funcionarios gubernamentales en defensa de los proyectos mineros, un estudio ambiental realizado por la Sagarpa, (SGPA DBIRA-DEI 0848), el 5 de marzo de 2005, a través de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, indica en un análisis técnico, que la empresa “realizará actividades altamente riesgosas al manejar 47 toneladas diarias de cianuro de sodio, en cantidades mayores al primer listado de actividades altamente riesgosas publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 28 de marzo de 1990”. Asimismo, indica que la utilización de ácido sulfúrico y diesel, al interaccionar con otras áreas y equipos de beneficio de mineral, en caso de siniestros, podrían causar graves desequilibrios al ambiente, ya que la empresa genera residuos peligrosos y en el caso de las minas, deben tener un manejo especial cuando provienen de proceso de extracción (Misma edición, de El Heraldo).

Más aún, los residuos minerales deberán confinarse, por ley, en un área denominada "presa de jales", pero en el caso de Ocampo tal normatividad no se respeta, los jales se están acumulando en las laderas de los cerros aledaños y que, por la ubicación y la topografía, todos estarán en contacto con las descargas pluviales que desembocarán al río Moris, y de éste al río Mayo, en Sonora.

Más prácticos, los ejidatarios, sin percatarse bien a bien del tremendo daño causado por la explotación de oro, permanecen firmes en sus peticiones a la empresa, y al participar en las reuniones de negociación llevaron como puntos centrales de su pliego petitorio la exigencia de una adecuada indemnización económica –se habla de montos millonarios-; la restauración del ecosistema; el monitoreo de la salud de los habitantes de los ejidos de Nombre de Dios, Ocampo y Cerro Pelón; respeto a los caminos de la población y evitar el paso del transporte pesado; no entorpecer el tráfico de la región y negociar directamente con los dueños de la empresa.

Previamente, con base el análisis de la Sagarpa, los ejidatarios denunciaron a la empresa. La denuncia abarca las irregularidades ambientales, despojo, probable contaminación ambiental, tala inmoderada, corte clandestino de arbolada, contaminación por basura por 25 mil metros aproximadamente e inadecuado manejo de residuos peligrosos. Y es que la empresa utiliza sustancias como sulfato de cobre, xanofato amílico de potasio, metil isobutil carinol, hidróxido de calcio, nitrato de plomo, hidróxido de sodio, ácido clorhídrico, ácido fórico y diesel.

A pesar de las denuncias, la empresa no ha recibido una sola sanción por la tala inmoderada de árboles.

En la región se encuentran en peligro de extinción la cotorra serrana y la guacamaya verde, así como las especies protegidas como cardenal camir, candria palmera, cenzontle, codorniz, arlequín mexicano (El Heraldo de Chihuahua, 1/V/07).

Los ejidatarios también denunciaron a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, porque ésta emitió una orden de clausura temporal en contra de la empresa minera Gammon Lake, la que nunca ejecutó (El Heraldo, 18/V/07). La denuncia fue presentada debido a que la Profepa solicitó la clausura de la mina el 24 de abril del 2004 hasta determinar el adecuado permiso de uso de suelo. Nunca se interrumpieron los trabajos.

El editorialista de El Heraldo, César Augusto Gutiérrez, afirmó (11/V/07) que además de la Gammon Lake, en la sierra ya laboran otras empresas, entre ellas la Glamis Minning Co., Manhattan Minnnig Enterprise, Bolnisi Gold NL y aseguró que las “empresas mineras canadienses y australianas que explotan 2,000 hectáreas de concesiones mineras otorgadas a través de denuncias de varios ejidos, obtienen como beneficio del concentrado 30 kilos de oro puro diariamente, los cuales son vendidos a China y la India”.

Y se preguntó “¿dónde están los Colegios de Ingenieros Industriales, la Asociación de Ingenieros Mineros y Metalurgistas, así como los grupos ecologistas de la entidad? Su silencio lo dice todo”.
En enero de este año, la Secretaría de Desarrollo Industrial anunciaba que en conjunto con las empresas mineras instaladas en la Sierra Tarahumara, había propiciado un “Sistema de Gestión de Responsabilidad Social Empresarial”. Con bombo y platillos, la oficina gubernamental –entonces dirigida por el hoy candidato a la alcaldía, Alejandro Cano Ricaud- anunció que tal proyecto iniciaba con un diagnóstico que recogía la opinión de los pobladores de los lugares en donde se asentarán los proyectos mineros, con el objetivo que “sean éticos, viables y medibles, (y) partan de la vocación y las capacidades connaturales de la comunidad”.

Ningún proyecto será “unilateral”, se dijo en aquel momento, y los que se inicien, se dijo, “deberán contar con la participación de una o más instituciones, además de la empresa, los beneficiarios directos y las autoridades asociadas, para garantizar su éxito y sustentabilidad”.

Según el Gobierno del Estado, el sistema puesto en marcha garantizaría “que las políticas de inversión en los proyectos mineros deben satisfacer las demandas sociales de más bienestar, mejor participación y mayor equidad, con el rol específico consistente en consolidar el logro de sus objetivos, así como desarrollar una política para satisfacer las demandas sociales que propicien el crecimiento de la producción de la empresa, el empleo, la eficiencia y la sustentabilidad”.

El desafío, señalan los objetivos de tal “sistema”, era el que se conociera “el nivel de bienestar existente en la comunidad; responder a las necesidades específicas según su tipo sociológico, y tener un método objetivo e imparcial de participación intersectorial”, así como “desarrollar una visión compartida que integre a la comunidad a partir de valores y hábitos perennes; planear, programar y hacer que las cosas sucedan, medir y seguir el desarrollo integralmente”.

Ese es el esquema bajo el cual trabajaría la empresa minera Gammon Lake de México, S.A. de C.V., filial de la empresa canadiense del mismo nombre. Tan idílicos parámetros fueron rotos el penúltimo día de abril de este año cuando los ejidatarios de Nombre de Dios y Cerro Pelón interrumpieron el tránsito sobre la única vía de acceso a la población, que es, coincidentemente, la misma de la cabecera municipal de Ocampo, en protesta por las múltiples irregularidades cometidas por la empresa y a su negativa a negociar con los propietarios de los terrenos.

La Sierra Madre envenenada con cianuro

La empresa canadiense arguye que cuenta con todos los permisos necesarios para la explotación de oro en esa mina serrana, mediante el sistema de lixiviación con cianuro de sodio a tajo abierto, esto es, que la empresa extrae cientos de toneladas de minerales diariamente, las tritura y luego las hace pasar por una mezcla de cianuro de sodio y agua a fin de obtener el metal áureo, en una superficie –en el caso de esta mina- de por lo menos 700 hectáreas que meses atrás estaban pobladas de un cerrado bosque de coníferas en el apartado municipio serrano.

Tan criticado método de explotación áurea ha recibido el rechazo de infinidad de poblaciones de distintos países, prácticamente en todos los continentes del planeta, debido a los elevados índices de contaminación, tanto por el proceso –lleno de riesgos, siempre latentes por la posibilidad de derrames de la mezcla de cianuro de sodio y agua-, como por la acumulación de residuos de los minerales puestos bajo la mezcla mencionada y que dejan abundantes cantidades (en el caso de las explotaciones mineras canadienses, interesadas casi exclusivamente en la obtención de oro) de otros metales, particularmente zinc, plomo, así como sales del tipo de nitratos y sulfatos procedentes de las reacciones químicas puestas en práctica con el proceso de obtención del oro.
La acumulación de los residuos –conocidos en el argot minero como “jales”- deberían ser tratados por las empresas mineras con el objeto de evitar la contaminación de los suelos, ríos y mantos acuíferos, como parte de los compromisos adquiridos en el momento de solicitar la concesión de las minas.

Nada de esto sucede en el caso de la mina de Ocampo, los “jales” se acumulan por cientos de toneladas en las partes altas de las colinas cercanas a la mina –que se encuentra a escasos metros de la población de Ocampo-, sin ninguna medida que evite ser arrastrados por las precipitaciones pluviales, que descargan en el río Moris, quizá el principal afluente del río Mayo, la savia que hace posible la riqueza agrícola de los valles de Navojoa, Etchojoa y Huatabampo, en la vecina Sonora, ubicados entre los municipios con las más altas producciones agrícolas del país.
Además, por si fuera poco, a pesar de los esfuerzos de la empresa por ocultarlo, en los meses de las más fuertes precipitaciones pluviales del año 2006, se supo de la presentación de derrames en las tinas del cianuro, debido a la imprevisión de la empresa acerca de la abundancia de las lluvias en aquella parte de la sierra.

Así, decenas, quizá centenas, de toneladas de cianuro de sodio llegaron a todas las corrientes pluviales que desembocan en el río Moris.

La llegada de la empresa canadiense trastocó no solo la vida del pueblo, también cambió radicalmente el entorno de esa parte de La Tarahumara.

A pesar de las promesas de los canadienses, no se aprecia una sola acción de la empresa por aliviar la catástrofe lanzada sobre los “ocampianos”. Día y noche pesados camiones de transporte ocupan la única calle del pueblo y día y noche sus habitantes deben soportar las frecuentes explosiones ocurridas en el subsuelo de Ocampo, pues la empresa no sólo explota la mina a tajo abierto, sino que también la mina subterránea.

Hasta la fecha no se aprecia una sola acción a favor del pueblo por parte de la empresa minera, la que se había comprometido a construir un camino secundario para efectuar el traslado de sus materiales; ni siquiera se aprecian obras mayores en el camino de terracería que, para llegar a Ocampo, debe transitarse.

Pero no es el único caso, de acuerdo con los informes de la Secretaría de Energía y Minas, en el estado de Chihuahua se encuentran en marcha –en distinta fase, ya sea en exploración, en desarrollo o en producción- más de 60 proyectos mineros de explotación de oro -Según el Servicio Nacional de Geología y Minería de Canadá-, la mayoría de ellos (por lo menos 28) asentados en la Sierra Tarahumara bajo el método de tajo abierto.

Según José María Dozal, presidente de la Asociación Minera de Chihuahua, en el estado actualmente sólo el 0.75% de los fundos mineros existentes son trabajados por sus propietarios, “debido a la falta de recursos de los empresarios y a las trabas que pone el Gobierno para que accedan a cualquier crédito” (El Heraldo de Chihuahua, 18/I/07). Se quejó, además, de que “estamos vendiendo la patria a compañías extranjeras”.

Y es que para agosto del año pasado el estado de Chihuahua aportaba el 27.29% de la producción nacional de oro, lo que lo consolidó como el principal productor en México, según informó la Secretaría de Desarrollo Industrial del Gobierno del Estado. Sin embargo, según la misma dependencia, para abril de este año, la producción local ya constituía el 47% de la producción minera a nivel nacional, con una producción de mil 445 kilogramos, seguido por Durango con 968.5 kilogramos, Sonora con 948, Guanajuato con 108, Zacatecas con 98, Guerrero con 87, San Luis Potosí con 87, Querétaro con 76.8 kilogramos, Estado de México con 61.4, Sinaloa con 16.2, Hidalgo con 0.7 y Oaxaca con 0.1.

Tanta riqueza, para las empresas extranjeras, no para los habitantes de la Tarahumara, entraña un grave riesgo ambiental, quizá el mayor al que nos hayamos enfrentado como sociedad.

Mineras candienses, depredadoras ambientales

El escritor chihuahuense, Carlos Montemayor, a propósito de la explotación de oro a tajo abierto de una mina ubicada en el Cerro San Pedro, en San Luis Potosí, -cuna de la capital de aquel estado- iniciada hace pocas semanas con la oposición de crecientes sectores de aquella sociedad, escribió (La Jornada, 18/X/2004) que ese tipo de explotación envenena, por el uso de cianuro, los suelos y la atmósfera. “El sistema que Minera San Xavier (coincidentemente también canadiense) pretende aplicar durante ocho años para la explotación y beneficio de mineral es el conocido como tajo a cielo abierto y lixiviación a montones. Es un procedimiento que está prohibido en muchos países por su gran poder destructivo y contaminante. En México, varias autoridades están dispuestas a aceptarlo. Pero, claro, se trata a la vez de un método de operación de alto rendimiento económico en el menor tiempo posible y con mínima inversión”.

“Para entender a grandes rasgos algunos aspectos de este sistema, comencemos por mencionar que Minera San Xavier se propone utilizar 25 toneladas diarias de explosivos con base en nitrato de amonio, diesel y detonantes para tumbar el cerro en por lo menos 80 mil toneladas. De este material resultante serán aprovechables, más tarde, aproximadamente 32 mil toneladas. Ya trituradas, se depositarán en un llano previamente tratado con arcilla para reducir la infiltración del cianuro de sodio hacia el subsuelo. Dieciséis toneladas de cianuro de sodio (en el caso de la mina de Ocampo se usarán diariamente 4.5 toneladas) mezcladas con 32 millones de litros de agua por el sistema de aspersión bañarán el material triturado, provocando así la separación y precipitación de los metales contenidos. Este es el proceso conocido como de lixiviación”.

Las explosiones para obtener el material triturado provocarían –en aquel caso- un cráter de un kilómetro de diámetro por aproximadamente 250 metros de profundidad. Luego de los 8 años de explotación, (en Ocampo se habla de un período de 15 años) el material “formará una montaña de material saturado de cianuro de unos 80 millones de toneladas”.

La misma empresa, también canadiense, al evaluar el impacto ambiental calculó que la explotación provocaría la evaporación diaria de “unos 8 millones de litros de la mezcla de cianuro y agua que, convertidos en ácido cianhídrico”, viajarían hacia San Luis Potosí, y aceptaba que se pondría en peligro de contaminación a los mantos acuíferos “por la inminente infiltración de solución cianurada”.

Un año después, (La Jornada, 19/X/2005) Montemayor relataba algunos casos de desastres ambientales presentados en otros países a causa del uso de la lixiviación para obtener oro. “La oposición en varios países al uso de cianuro en el sistema de lixiviación y a la explotación de tajo a cielo abierto es creciente. En Estados Unidos, en 1992, la mina de Colorado Summitville dejó escapar 3 mil galones de fluidos tóxicos por minuto con cianuro, metales pesados y desagües ácidos, que mató toda la vida acuática a lo largo de 17 millas (27 mil 360 metros) del río Alamosa. En 1998, en Montana se prohibió el uso del cianuro para la minería de oro y plata después de que las compañías canadienses Placer Dome y Pegasus Gold Corporation ocasionaran un desastre ecológico sin precedentes. En 2001, en Wisconsin, el Congreso local aprobó dos leyes para prohibir el uso de cianuro en cualquier mina. En 2003, en California, se prohibió a la minera Glamys Gold Mining Company, hasta febrero de 1993 dueña de 50 por ciento de las acciones de Minera San Xavier, la explotación de una mina de oro a tajo a cielo abierto en una comunidad indígena, y con el apoyo del Senado se aprobó una ley que prohíbe cualquier explotación de minas de oro de tajo a cielo abierto a base de cianuro”.

“En 1995, en Guyana, el dique de contención de la mina Omai, de la empresa canadiense Cambior Inc., se quebró y derramó 3.2 mil millones de litros de agua cianurada al río Essiquibo, ocasionando el desastre ecológico más grave e irreparable en la historia de ese país. En 2000, un derrame masivo de 100 mil metros cúbicos de cianuro ocasionado por una compañía minera de oro en Rumania contaminó más de 400 kilómetros del río Danubio, destruyendo toda especie acuática y fauna silvestre. Por ello, en julio de 2003, el primer ministro rumano, respaldado por grupos ambientalistas, se negó a apoyar a la empresa minera de oro canadiense Gabriel Resources Ltd., por los grandes riesgos ecológicos que conllevaría y por la reubicación de cientos de residentes locales, quienes tendrían que abandonar sus hogares”.

“En 1998, Turquía, y en 2000, la República Checa y el Parlamento de Alemania prohibieron el uso de cianuro por razones ambientales y de salud para cualquier tipo de operación minera. En 2002, en Costa Rica se vetó el uso del cianuro y la explotación de oro y plata por medio del sistema de tajo a cielo abierto con el objetivo de proteger el medio ambiente y eliminar serias amenazas a la vida humana. En New South Wales, Australia, el Parlamento también impidió ya el uso de cianuro”.

Ante la posibilidad de la explotación de una mina de oro en el sur de Argentina, el Congreso del aquel país aprobó una modificación al Código de Minería en la que se prohíbe “la exploración, prospección y explotación mineras denominada a tajo abierto, a cielo abierto o a rajo abierto; el uso de cianuro, mercurio para la investigación, prospección, exploración, explotación o industrialización mineras; la utilización de ríos, arroyos, y de cualquier vertiente o deposito natural de agua, superficial o subterránea para la prospección, exploración o explotación minera; los sistemas de lixiviación con diques de colas, las técnicas de lixiviación en pilas, y sistemas extractivos semejantes.” .

En los considerandos de la propuesta de reforma se argumenta que las minas de oro usando cianuro a cielo abierto no están autorizadas bajo las leyes de Alemania y de la Comunidad Económica Europea. La Declaración de Berlín sobre la Contaminación con Cianuro en la Minería del 27 de Octubre del 2000 declaró que las minas de oro a tajo abierto destruyen “a largo plazo, las necesidades básicas de vida y ponen en peligro una alimentación adecuada”. Por consiguiente, concluyeron en esa declaración que “El dinero estatal destinado por los gobiernos para la promoción de proyectos para minas de oro deben ser parados y donde sea necesario, las personas afectadas deberán recibir una compensación”.

La empresa que causó tal propuesta legislativa -la canadiense Meridian Gold Inc.- pretende explotar una mina de oro a cielo abierto en La Patagonia, que si bien es una región ostensiblemente más fría que La Tarahumara, la orografía del lugar sí guarda semejanzas con la mina de Ocampo, pues se encuentra en una parte elevada de la cordillera y de ahí se desprenden las precipitaciones pluviales. A mediados del año pasado, a petición de los habitantes de Esquel, una población que se encuentra a escasos 7 kilómetros de la mina, el biólogo Raúl A. Montenegro, miembro de la Fundación para la Defensa del Ambiente (FUNAM), efectuó un estudio sobre el impacto ambiental y sanitario de la mina del Cordón Esquel, en coordinación con la Cátedra de Biología Evolutiva Humana de la Universidad Nacional de Córdoba. La FUNAM tiene status consultivo ante el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas (ECOSOC) y es, además Premio Global 500 de la Organización de las Naciones Unidas.

El estudio concluyó que la operación de la mina removería de 30 mil a 40 mil toneladas de rocas por día, del cual el 10% sería molido hasta obtener fracciones de 70 micrones (un micrón o micra equivale a una millonésima parte de un metro). El oro se extraería en aquella mina tratando el mineral molido con cianuro de sodio disuelto en agua, a razón de 2,7 ton/día de cianuro. Es decir, el mismo sistema que hoy se usa en lo más alto de la Tarahumara.

El especialista concluyó que durante la operación de la mina “habría un importante y riesgoso transporte de sustancias peligrosas”; que “la minería a cielo abierto es una de las actividades industriales de mayor impacto ambiental” pues cada una de sus etapas (prospección y exploración de yacimientos, desarrollo y preparación de las minas, explotación y tratamiento de los minerales, y cierre) genera impactos ambientales “específicos”.

Además, asentó que “... La explotación de oro genera impactos sociales y ambientales de corto, mediano y largo plazo. Entre ellos: (a) Destrucción irreversible de ambientes nativos en el área de explotación, y afectación de ambientes naturales vecinos por traslado de agentes deletéreos. La mina de Cordón Esquel destruiría selvas frías pertenecientes a la Provincia Biogeográfica Subantártica. (b) Alteraciones geomorfológicas de envergadura. (c) Distorsión de cuencas hídricas superficiales y subterráneas. (d) Merma en la regularidad hídrica y en la cantidad de agua disponible por año y por estación. (e) Contaminación del aire con partículas, gases y ruidos molestos. (f) Contaminación rutinaria y accidental del agua superficial y subterránea, del suelo y de la biota (conjunto de seres vivos de una región) con residuos peligrosos. Habría contaminación por drenajes ácidos que al solubilizar metales pesados aumentarían su propia carga contaminante. (g) Accidentes durante el transporte de sustancias peligrosas. (h) Accidentes por derrames en el área de explotación. (i) Destrucción irreversible del paisaje y de la percepción ambiental del sitio afectado. (j) Generación de depósitos de residuos peligrosos cuyos contenidos se liberan durante plazos variables de tiempo pese al uso de geomembranas y de otros sistemas de contención, incluso décadas después de terminadas las operaciones. (k) Generación de procesos locales, regionales e incluso nacionales e internacionales de corrupción administrativa para justificar la radicación, el funcionamiento y hasta las características del cierre de las minas de oro. (l) Distorsión irreversible de la imagen de naturaleza poco intervenida que tienen los ambientes patagónicos. (m) Importantes cambios socio-culturales que no se mantienen en el tiempo (minería golondrina)”.

Ningún especialista ambiental podrá encontrar efectos diferentes en la explotación minera de Nombre de Dios y Cerro Pelón, la diferencia sería, probablemente, que en aquella lejana región del sur del continente las aguas superficiales no van directamente a la explotación agrícola como las de La Tarahumara, que riegan a varios de los valles más productivos del sur de Sonora y norte de Sinaloa.

Como La Tarahumara, las más ricas y productivas regiones agrícolas del país, están ante el peligro de sufrir una degradación ambiental prácticamente irreversible.

Gobierno ecologista en el discurso

La explotación minera de la sierra Tarahumara, bajo estos esquemas de alto rendimiento, seguirá a pesar de que el gobierno federal declaró zonas nacionales protegidas a la región colindante “del Cerro Mohinora, a Samalayuca, a 530 mil hectáreas de Janos, 800 de la zona de Madera y 6 mil del Norte del Río Bravo, debido a que en estos lugares se encuentran especies de pinos, animales, flora y fauna únicos en el país y en algunos casos, en el mundo” (El Heraldo, 23/V/07).

Al mismo tiempo que Felipe Calderón hacía esa declaratoria en su segunda visita a Chihuahua, se anunció que el Gobierno del Estado presentará en pocos días el proyecto de la creación del "Fideicomiso Barrancas", con recursos federales y estatales para “la protección y la explotación turística de la Tarahumara”.

De igual modo, el secretario de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Juan Rafael Elvira Quezada, anunció que se destinarán 800 millones de pesos para el estado de Chihuahua “para la protección del medio ambiente”, además de que se instalará en breve “la primera oficina regional para combatir el crimen ambiental”. Por su parte, en el mismo acto, Felipe Calderón anunció que la Organización de las Naciones Unidas tiene “proyectado plantar mil millones de árboles en el mundo, de los que México plantará la cuarta parte, es decir 250 millones y en Chihuahua serán 11 millones”, según informó la reportera Lourdes Díaz (El Diario, 23/V/07).

Suenan huecas tantas frases y promesas ante hechos tan contundentes como el de las autorizaciones a la apertura de minas a tajo abierto y a explotaciones tan severamente cuestionadas en otras latitudes.

Más aún, parecen demasiados los costos –la elevada contaminación y la inminente destrucción de vastas zonas arboladas de la Tarahumara- para tan magros beneficios: La creación de mil empleos temporales y “golondrinos”.

Parecieran lejanos los tiempos de la llegada de los españoles al continente americano, no lo son, otros poderosos hombres de negocios vienen por el oro de nuestras tierras y a cambio dejan unos cuantos empleos y una vasta destrucción. Ahora ni siquiera tienen la obligación de pagar algún impuesto extra por la extracción de oro.

¡Qué manera de gobernar! ¡Qué manera de cambiar oro por espejitos!

Escrito por: Luis Javier Valero Flores

Enviado por: CONTEC

Centro de Medios Libres Chihuahua