(Tomado de: www.cimacnoticias.com)
México DF, 16 junio 08 (CIMAC).- La abogada Karla Michel Salas, representante legal de Marisela Ortiz y Marilú Andrade, de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, informó que la semana pasada acudió a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de personas (Fevimtra) en el Distrito Federal y en Ciudad Juárez donde presentó una denuncia por las amenazas de muerte recibidas por Ortiz y Andrade tras la exhibición de la película Verdades que matan (Bordertown) en mayo pasado.
En entrevista telefónica con Cimacnoticias, señaló que pidieron a la fiscal Guadalupe Morfín una investigación exhaustiva de las amenazas contra las activistas, peritajes, así como “mecanismos de reacción inmediata” que se refieren a que las autoridades locales y federales actúen eficazmente cuando se requiera.
Asimismo anunció que esta semana viajará a Ciudad Juárez donde se reunirá con autoridades de la entidad y federales para conocer el estado de las investigaciones.
Karla Michel Salas también informó que el Estado mexicano solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se concedan medidas cautelares para las integrantes de la organización civil Nuestras Hijas de Regreso a Casa, por las amenazas recibidas en mayo pasado.
Señaló la abogada que la CIDH le notificó de esta solicitud del Estado mexicano el martes 10 de junio, por lo que están en la espera de que se notifique si se concedieron o no las medidas.
Por su parte, Marisela Ortiz, dijo en entrevista telefónica para Cimacnoticias, que las intimidaciones en contra de las activistas de la organización que preside han continuado, por lo que hizo un llamado a la Fevimtra a brindarles protección lo más pronto posible.
Recordó que, aunque no es la primera vez que integrantes de Nuestras Hijas de Regreso a Casa reciben amenazas, éstas resurgieron a raíz de la promoción de la película Verdades que matan y del apoyo a los eventos que Amnistía Internacional ha realizado.
Para Marisela Ortiz “es difícil que tengamos confianza y nada nos hace sentir seguras. Si ya vivir en Juárez no es seguro por la violencia cotidiana, la actividad que realizamos redobla el riesgo para nosotras y nuestros familiares”.
Sin embargo enfatizó que pese a estas “advertencias” no se limitarán en su trabajo de activismo que realizan desde 2001 y aseguró que continúan trabajando con los familiares de las mujeres asesinadas y desaparecidas aunque han tenido que abandonar sus oficinas.
Ortiz hizo un llamado a las feministas, a las organizaciones de derechos humanos y a la sociedad civil a estar pendientes de lo que sucede en Juárez y a no minimizar la violencia que se sigue ejerciendo en contra de las mujeres de esta entidad fronteriza con Estados Unidos.
Si bien destacó los avances como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, las modificaciones a algunas estructuras y la apertura de más instancias, el problema de la violencia contra las mujeres no ha terminado y la violación a sus derechos humanos tampoco, dijo.
“Ha habido avances y los reconocemos, así como la apertura de estas autoridades, pero la meta aún no se cumple porque queremos hacer de Juárez un lugar donde se nos respete, donde podamos desplazarnos libremente sin el temor a ser agredidas”, concluyó la activista.
CASOS EN LA CIDH
Cabe recordar que actualmente se encuentran en la CIDH dos casos de feminicidio admitidos en marzo de 2006: el de Silvia Arce, desaparecida en 1998 y el de Paloma Angélica Escobar, asesinada en Chihuahua en marzo de 2002.
Además existen dos peticiones individuales en la misma instancia: el caso de Lilia Alejandra Andrade y de Silvia Elena Rivera, presentadas en 2002 ante la CIDH y que están en espera de ser admitidas.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), por su parte, admitió en noviembre de 2007 el primer caso de feminicidio relacionado con tres casos de mujeres que fueron encontradas asesinadas en el área conocida como Campo algodonero, en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Todos ellos fueron llevados ante esta instancia por Karla Michel Salas y David Peña, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos y representantes legales de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa.
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