Las autoridades laborales fijaron el pasado 9 de mayo como fecha para la realización de un supuesto recuento entre un sindicato de la CROC, encabezado por Salim Kalkach, y el Sindicato Independiente de Trabajadores de Industria Vidriera del Potosí. Quienes asistimos como observadores pudimos constatar que se trató de un recuento violatorio de las leyes mexicanas y del convenio internacional sobre libertad sindical:
Durante los últimos tres meses, y desde luego el día y la noche anterior al "recuento", la empresa dio todas las facilidades a Kalkach para actuar a su antojo dentro de la planta, mientras se lo impedía a los representantes del sindicato independiente.
Las autoridades laborales no notificaron del recuento al sindicato independiente de acuerdo con lo que marca la ley.
Esta vez, Salim no necesitó hacer gala de su grupo de golpeadores porque la planta fue ocupada por un impresionante dispositivo de guardias de seguridad privada, policía estatal y Policía Federal Preventiva portando armas largas, que evidentemente tenía el objetivo de amedrentar a los trabajadores y a los despedidos que se encontraban afuera, cuyos reclamos, además, eran acallados por un tráiler con un enorme equipo de sonido, a todo volumen, de la empresa.
En vez de un lugar neutral, la "votación" se llevó a cabo no sólo dentro de la empresa sino con abierta intromisión de ésta; los trabajadores fueron obligados, en medio de la intimidación, a votar de manera abierta ante la presencia sólo de los representantes de la CROC, e incluso esta organización les repartió volantes con el voto por la CROC.
A pesar de todo, recogimos numerosos testimonios de trabajadores que informaron que la mayoría de ellos se abstuvieron de participar en esa simulación amañada de recuento.
Por todo ello, afirmamos que sólo puede calificarse de fraudulento e ilegal el resultado con que se adjudica la CROC el voto de la mayoría de los trabajadores. Es una vergüenza que las autoridades mexicanas sigan solapando y auspiciando estos "recuentos" a modo de la empresa y de quienes venden contratos de protección.
Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS). Héctor de la Cueva
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