Analisis de la situacion nacional (LUS)

Corrupción rampante y represión   Calderón ante su laberinto   Manuel Aguilar Mora La ilegitimidad gubernamental surgida de las fraudulentas elecciones del 2 de julio de 2006, a un año de iniciada la operación de imposición presidencial de Felipe Calderón, sigue deslizándose por una pendiente cada vez más complicada para el equipo del Partido de Acción Nacional (PAN) en el poder. La debilidad política manifiesta de la presidencia de Calderón ha resaltado en forma patética con motivo de la celebración del aniversario de los comicios electorales del año pasado. Mientras López Obrador convocó a una magna asamblea de su Convención Nacional Democrática, con un Zócalo repleto con decenas de miles de partidarios, Calderón festejó a puerta cerrada su supuesta victoria electoral en la sede nacional del PAN. Son varios los procesos políticos y criminales que se han anudado en los días recientes y cuya consecuencia es una sola: Calderón está cada vez más asediado ante una situación política que se le escapa y ante la cual sólo tiene el recurso de la represión para controlarla, profundizando su ilegitimidad e impopularidad . Desde el inicio de su gobierno, Calderón mostró su completa carencia de una línea política capaz de recuperar el apoyo perdido por el PAN y el régimen en su conjunto, durante la crisis ocasionada por el fraude electoral. Con la mira puesta sólo en los sectores burgueses y de clase media acomodada, el presidente quiso fortalecer su apoyo agarrándose al tema de la seguridad que es tan apreciado por ellos. Buscando altos porcentajes en las “encuestas de popularidad” pedidas a modo, consideró desde el inicio mismo de su gobierno que debía garantizar el apoyo de ese sector duro que votó por él. Sacó al ejército de los cuarteles para emprender la “guerra a la delincuencia”, encarnada en el narcotráfico. La tropa en las calles, como era previsible, comenzó a realizar tropelía tras tropelía: violaciones (la más siniestra de todas, la de la mujer de 70 años en Zongolica, que murió como resultado de la violación tumultuaria de la soldadesca), ataques a ciudadanos inocentes, detenciones arbitrarias, aunque en “esta lucha contra el narco” no ha caído todavía ningún capo mayor. Mientras tanto se produjeron dos hechos que desplazaron por completo del centro de la escena política a la “ofensiva contra el crimen”. Los medios dejaron las “hazañas” militares y sus titulares concentraron la atención nacional en acontecimientos que expresan la situación frágil, al mismo tiempo plena de peligros, del presidente de la república. Estos dos procesos son: 1) Las secuelas del escandaloso asunto de la mayor incautación de dólares (205 millones) en efectivo realizada por la policía en México (y en el mundo), y 2) La desaparición de dos miembros del Ejército Popular Revolucionario (EPR), causa de varios actos de sabotaje a las instalaciones de PEMEX en los estados de Guanajuato y Querétaro en junio que cimbraron con su estruendo el tinglado nacional. Estos dos procesos, sin ninguna vinculación entre sí, pero que afectan directamente al gobierno de Calderón, se mezclan con la situación política de excepción que se da en la ciudad de Oaxaca y sus alrededores, en donde la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) persiste heroicamente en su reorganización y recuperación a pesar de los golpes tan duros que ha sufrido durante estos meses, el último el 16 de julio pasado en el cual hubo varios heridos, uno de suma gravedad en estado de coma, y detenidos. De hecho, la desaparición de los dos miembros del EPR ocurrió con motivo de su detención en la ciudad de Oaxaca, en mayo pasado .   La corrupción rampante El caso de Zhenli Ye Gon se ha venido desarrollando por episodios cada vez más truculentos que señalan que el gobierno de Calderón está involucrado en uno de los asuntos más sucios surgidos en estos tiempos ya de por sí tan llenos de escándalos oprobiosos. Este personaje de origen chino, que adquirió la ciudadanía mexicana sólo recientemente, en una ceremonia en que el propio presidente Fox le entregó su acta de nacionalización, es un riquísimo empresario que en las narices de las más altas autoridades, de hecho con su complicidad, realizaba sus negocios, ahora declarados ilegales, en el campo de las drogas. Dueño de una empresa de importación de productos químicos provenientes de China, se convirtió desde hace siete años en el principal abastecedor de las seudoefedrinas , la materia prima de las drogas baratas que se venden en los barrios pobres de México y Estados Unidos, acumulando millones de dólares. Centenas de toneladas importó por medio de sus empresas de esas materias químicas y sus redes se extendían a EUA. Cuando la policía descubrió las pilas de los 205 millones de dólares y muchas armas, que se amontonaban en los salones de una de sus tantas mansiones, ubicada en las Lomas de Chapultepec, en los primeros días del gobierno calderonista, se inició el escándalo que hoy afecta a las relaciones de Estados Unidos y México. La policía ya no pudo detenerlo, pues Ye Gon desapareció durante varias semanas, hasta que súbitamente, antes del primer aniversario del 2 de julio, ya ubicado en Estados Unidos, hizo sus primeras declaraciones, las cuales fueron verdaderamente sensacionales, arrojando desde entonces una enorme sombra de sospecha sobre el gobierno de Calderón, sombra que se extiende hasta su predecesor en Los Pinos, Vicente Fox. Según Zhenli, ese dinero se lo habían dado a guardar políticos del gobierno panista y estaba destinado a sufragar gastos de la campaña electoral de Calderón y si perdía, sería usado para desestabilizar al gobierno de López Obrador. El personaje señaló concretamente al actual Secretario de Trabajo y Previsión Social del gabinete de Calderón, Javier Lozano Alarcón, como el enlace directo que le obligó a custodiar los millones de dólares. La frase de “cooperas o cuello” que según él le propinaron esos contactos, se ha convertido en una auténtica descripción de los procedimientos gangsteriles característicos de los personajes que nos gobiernan. El mayor “aseguramiento” de dólares en la historia mundial de la policía, planteó inmediatamente infinidad de preguntas que están lejos de encontrar todavía respuestas adecuadas, a pesar de que poco a poco está saliendo muchísima evidencia de la podredumbre de los medios oficiales. Se trata de un auténtico caso que nos lleva a los sótanos más profundos de la corrupción estatal en México. ¿De dónde vinieron esos dólares? ¿Por qué estaban apilados en una casa particular y no en un banco? ¿Cómo es posible que las autoridades no se percataran del asunto desde que éste comenzó a convertirse en fuente de riquezas incalculables, hace más de cinco años? ¿Quién es verdaderamente Ye Gon y cuáles son sus conexiones con las altas esferas gubernamentales? En pleno “combate contra el narcotráfico”, surge a la superficie que autoridades gubernamentales que debían vigilarlo a él y a sus negocios de la droga, fueron “incapaces” de detectar sus innumerables irregularidades cuando actuaba prácticamente frente a ellas. Fueron autoridades de la Secretaria de Hacienda en las aduanas, de la de Salubridad y la policía especializada en delincuencia organizada de la Procuraduría General de la República (PGR), las cuales, todas por igual, eran como un cedazo por el que pasaba, corrompiéndolas a todas, el escurridizo señor Zhenli. La PGR ha reconocido que agentes suyos detuvieron al personaje en octubre de 2006, después de que en mayo del mismo año se había comenzado una investigación sobre sus negocios, y el multimillonario personaje pudo salir airoso del transe, por supuesto, vía el soborno millonario respectivo. ( La Crónica , 27 de julio de 2007). La primera declaración de Zhenli sobre las amenazas del secretario de Trabajo, Javier Lozano, no han sido comprobadas, ni ratificadas, aunque este último, en un viaje relámpago a Nueva York, contrató a los abogados encargados para defenderlo de las “acusaciones sin fundamento” en su contra. Sin embargo, las investigaciones en marcha sobre las redes tendidas por el sino-mexicano, aunque realizadas con una torpeza casi deliberada, siguen realizándose e insisten en apuntar a altos representantes gubernamentales. El nombre del gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, ha salido a relucir como otro de sus contactos recurrentes. También la forma en que el gobierno trató el “aseguramiento” de los 205 millones de dólares es sintomática del increíble desaseo de su tratamiento del caso. Las autoridades se han contradicho varias veces sobre su destino: primero dijeron que estaban depositados en el Banjército, después que habían sido enviados a la Reserva Federal de EUA por las propias autoridades hacendarias mexicanas. Posteriormente se afirmó que estaban depositados en el Banco de México. La última información, por el momento al menos, es que los 205 millones de dólares ya se repartieron entre la Secretaria de Salubridad, el Poder Judicial y la PGR. Al parecer esta medida tiene la intención de no devolverle el dinero a Zhenli, quien cínicamente así lo ha exigido. Mientras tanto, el enigmático personaje fue detenido esta semana en EUA a petición de la DEA (la agencia policíaca estadounidense contra la delincuencia de las drogas), pero no por el evidente colosal lavado de dinero que ha hecho en México y por lo cual el gobierno de Calderón ha pedido su extradición, sino por haber transportado medio kilo de seudoefedrinas al país vecino. El asunto, así adquiere otra faceta al saberse que la DEA estaba tras este hombre y apuraba a las autoridades mexicanas para su detención. Los abogados del astuto negociante están felices porque en EUA “nuestro cliente tendrá un justo trato en los tribunales, pues en México ya había sido declarado culpable por el propio presidente Calderón”. Y en efecto, Calderón declaró que Zhenli “debía estar en la cárcel”, dándole así la perfecta justificación a los hábiles abogados estadounidenses para pedir refugio político al gobierno de Washington para su cliente. La discusión de si Calderón cometió una torpeza o fue un gesto deliberado es gratuita, lo cierto es que permitió así que sea la DEA , es decir el gobierno de Washington, la que hoy tenga en sus manos toda la información que les proporcione Ye Gon. No es difícil imaginar que esto pone en una situación bastante incómoda a muchos sectores gubernamentales. Inicios de una nueva guerra sucia En los primeros días de julio varios bombazos a instalaciones de PEMEX en los estados de Guanajuato y Querétaro fueron rápidamente declaradas por las autoridades como percances sin consecuencias que lamentar en vidas humanas. Los “percances” afectaron la industria de estos dos estados y sus costos llegaron a centenas de millones de pesos. Los medios informaron escuetamente de ellos e incluso la mayoría de los sectores democráticos y revolucionarios no se percataron de la gravedad que estaba atrás de estos actos. Días después de los bombazos, el Ejército Popular Revolucionario (EPR), una guerrilla que ha permanecido ante todo en los estados sureños de Guerrero y Oaxaca, pero que al parecer tiene ramificaciones en varias entidades del centro y posiblemente del norte del país, los reivindicó como de su autoría. De esta forma ha salido a relucir algo que estaba en el ambiente pero que no se constataba tajantemente desde las terribles represiones de Atenco y Oaxaca el año pasado, continuadas durante el actual gobierno de Calderón, como ya se mencionó. Ha salido a la superficie que los sectores represivos gubernamentales están reincidiendo en las prácticas criminales de la desaparición de antagonistas políticos, pues eso son los guerrilleros que se oponen con las armas en la mano al régimen establecido. En efecto, el EPR en varios comunicados antes y después de los bombazos, ha venido denunciando la desaparición de dos de sus dirigentes principales Gabriel Alberto Cruz Sánchez (también llamado Raymundo Rivera Bravo) y Edmundo Reyes Amaya, detenidos por agentes federales de la PGR a finales de mayo en la ciudad de Oaxaca y desde entonces desaparecidos. Dos meses han transcurrido y sus familiares y amigos no saben nada de su paradero. El EPR acusa a las policías del gobierno de Calderón de la detención de sus dirigentes y exige que los presente con vida. Con su política Calderón ha provocado que por primera vez haya un consenso amplísimo de los sectores de oposición, más allá de los métodos de lucha de los mismos. Ha provocado, incluso, algo que no se veía desde hace décadas, la unión de los diversos grupos guerrilleros en defensa de sus dos compañeros y el anuncio de que harán actos de hostigamiento en demanda que sean presentados con vida. La Brigada Mixta Guillermo Prieto, las Milicias Insurgentes Ricardo Flores Magón, el Comité Clandestino Revolucionario de los Pueblos-Comando Justiciero 28 de Junio, el Movimiento Revolucionario Lucio Cabañas Barrientos, las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo ( FARP) , y el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) ya anunciaron en sendos comunicados que participarán en la campaña nacional de hostigamiento militar en apoyo a la demanda del EPR de la presentación con vida de Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya. La Secretaria de Gobernación, la PGR y el gobernador de Oaxaca, ya se deslindaron de toda responsabilidad sobre la detención de los dos militantes. Pero el Ejército ha permanecido callado, lo que hace suponer que ellos han sido los responsables de la detención y retención de los guerrilleros. Hay testimonios que aseguran haber visto por última vez a los dos hombres salir del hotel en que se hospedaban en la ciudad de Oaxaca, gravemente lastimados por la tortura a que fueron sometidos. Se supone igualmente que fueron llevados al Campo Militar Número Uno en la Ciudad de México. La gravedad de lo ocurrido está relacionada directamente con la lucha social de Oaxaca. La intensa represión a la que han sometido los gobiernos panistas de Fox y Calderón y el priista de Ulises Ruiz Ortiz ( URO) al movimiento de la APPO , está conduciendo a sectores rebeldes a comenzar a optar por métodos violentos. El EPR tiene uno de sus orígenes en las luchas oaxaqueñas de los años setenta del PROCUP (Partido Revolucionario Obrero Clandestino-Unión del Pueblo). La respuesta represiva gubernamental sólo profundizará el descontento, caldo de cultivo de protestas cada vez más radicales. Es evidente que la cerrazón democrática que se ha expresado hasta la saciedad en el país en estos últimos tiempos, tendrá consecuencias costosísimas para la lucha social y política popular por la emancipación y liberación nacionales. Se avecinan momentos cruciales El epicentro de la lucha de clases en México está en Oaxaca desde finales del año pasado. Los últimos acontecimientos lo demuestran a la saciedad. El lunes 23 se inauguraron las fiestas de la Guelaguetza , festividades de origen prehispánico de los pueblos oaxaqueños. Durante una semana dos tipos de Guelaguetzas se realizarán en la ciudad y en todo el estado de Oaxaca. La Guelaguetza de URO , del PRIAN y de los pocos turistas que se han atrevido a asistir y los festejos de la APPO . El gobernador Ulises Ruiz ha gastado decenas, sino es que centenas, de millones de pesos en la propaganda de “su Guelaguetza”. Los empleados gubernamentales son obligados a asistir a los actos oficiales, no se escatiman recursos pero estas fiestas están cercadas por miles de policías. En cambio, la APPO ha realizado sus reuniones en los barrios populares. Dos Guelaguetzas, dos polos, dos formas de política, dos poderes que compiten, dos mundos que se enfrentan. El talante autoritario del nuevo presidente Calderón, su base en la coalición de los dos partidos mayoritarios burgueses tradicionales, el PRI y el PAN , la insensibilidad política de su equipo gobernante y el ejército convertido cada vez más en uno de los protagonistas centrales del quehacer gubernamental presagian días muy difíciles para la lucha de Oaxaca. El poder bicéfalo del PRIAN permite suponer que hará todo lo posible para evitar que este heroico pueblo culmine su lucha libertaria y emancipadora. Su victoria sería un ejemplo para nuevas movilizaciones populares en toda la República , panorama absolutamente intolerable para los grupos dominantes. En los años setenta, la desaparición era práctica común en las acciones represivas militares contra los guerrillas. El registro de los grupos de derechos humanos independientes cifran en más de 500 los desaparecidos en esos años, así como mil 200 muertos. En un reciente informe de la Liga Mexicana de Derechos Humanos se enlistan 28 casos de desaparecidos en los gobiernos de Ernesto Zedillo, Vicente Fox y el recién iniciado de Felipe Calderón. Toda la euforia y el entusiasmo de los medios e incluso de sectores populares, en gran medida promovidos deliberadamente por millonarios recursos gubernamentales, de que en el año 2000 “México había transitado a la democracia” se esfumaron en estos meses. Un sentimiento de frustración e ira los ha sustituido, sentimiento que se transforma en acciones de rebeldía y contestación que tenderán a incrementarse. Se ha desmoronado por completo la supuesta fachada democrática que habría sido la victoria foxista. Después del PRI, México entraría a la democracia, era el argumento que los locutores y los intelectuales del régimen propagandizaron incansablemente en estos años. Ahora se ve con más claridad que la transición del PRI al PAN en el 2000 fue “una transición pactada”, una clásica operación lampedusiana de “cambiar todo para que todo siguiera igual”. La dinámica de estos acontecimientos, sin embargo, aceleran las necesidades de cambios verdaderos. Del lado gubernamental las tentaciones represivas, obviamente, se alimentan con el amplio margen de maniobra que la debilidad política presidencial les proporciona. Se ciernen así peligros mayores, en especial, sobre las masas insurgentes de Oaxaca y de otros sectores populares. Del lado de las fuerzas democráticas y revolucionarias de la oposición, sean cuales sean sus posturas políticas, se yergue una necesidad elemental, una tarea impostergable: la lucha contra la represión . La demanda de la presentación de Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, los dos guerrilleros desaparecidos, debe ser reivindicada por todos aquellos que luchamos por una real transformación social y política del país. La unión de las fuerzas que se oponen al régimen decadente y en descomposición del PRIAN , que se expresa tan palpablemente en el actual gobierno de Calderón, es el deber que tienen ante el pueblo de México en esta hora preñada de peligros. El despliegue de una nueva edición, corregida y aumentada de una guerra sucia, acarrearía enormes sacrificios a los sectores populares y añadiría mucha sangre a la ya derramada por los combatientes de un México nuevo, democrático e independiente.   México, D.F. a 28 de julio de 2007