Por: Víctor Quintana
Tomamdo de: www,jornada.unam.mx
Si los agricultores chihuahuenses prendieron fuego el pasado viernes 19 de octubre a un tractor frente a las oficinas de la Comisión Federal de Electrcidad (CFE) en Chihuahua, sólo fue una respuesta simbólica a la provocación incendiaria de la paraestatal en varios rumbos del estado norteño.
El miércoles 17, una docena de brigadas de la Policía Federal Preventiva (PFP), aerotransportadas, se desplegaron en varios municipios chihuahuenses. Más de 500 elementos federales acompañaron a los empleados de la CFE a desconectar la energía eléctrica de todos, bueno, casi todos los pozos agrícolas que no habían pagado su enorme recibo de luz. En sólo dos días, electricistas y policías ejecutaron mil 150 cortes a otros tantos pozos. No únicamente quitaron cuchillas: en muchos casos destruyeron a hachazos las subestaciones eléctricas instaladas a costo de los productores.
Como hace un siglo, en los prolegómenos de 1910 los agricultores locales dejaron sus diferencias a un lado y se unieron para combatir la intromisión alevosa de los federales. En un dos por tres tomaron todos los campamentos de trabajo de la CFE; paralizaron las grúas y otra maquinaria de la paraestatal y formaron brigadas volantes para evitar los cortes, así fuera a trancazo limpio. Bloquearon con maquinaria agrícola toda la avenida donde se encuentra la oficina matriz en la capital del estado.
La violencia estuvo a punto de estallar en varios lados. En el traslado de una brigada de agricultores de El Sauz, en el municipio de Chihuahua, un productor perdió la vida en un accidente de automóvil.
Con la presencia y la presión de un nutrido grupo de agricultores, el Congreso del estado emitió un punto de acuerdo por unanimidad retomando las cuatro demandas básicas del movimiento de defensa de los pozos: cese inmediato de los cortes de energía, reconexión de los pozos desconectados, aprobación en el Congreso de la Unión del decreto que regulariza los pozos –la burocracia de Conagua y CFE establecen tarifas muy altas a los no regularizados–, y formación de una comisión mixta de dependencias federales, estatales y productores para resolver de fondo el problema de la tecnificación del riego para el uso eficiente del agua y la energía. Las negociaciones entre los representantes de los agricultores y la CFE, con mediación del gobierno y del Congreso del estado de Chihuahua, comenzaron el jueves 18 para trasladarse luego al Congreso de la Unión el miércoles 24.
A pesar de esto, no se avizora una pronta solución de raíz al problema. La CFE y la Secretaría de Hacienda no están dispuestas a aplicar la Ley de Energía para el Campo, que sería una base de arreglo para cobrar la energía a precios competitivos.
Ni el Ejecutivo ni sus aliados en el Legislativo están dispuestos a aprobar fuertes inversiones para reconvertir los equipos hidroeléctricos en el campo. Ni siquiera el gobierno federal ha emprendido una acción decisiva y eficaz contra la corrupción en Conagua, factor de buena parte de esta problemática.
Peor aún, por más que la ofensiva del nuevo binomio CFE-PFP se enfoca como un combate a la “cultura del no pago” de productores irresponsables, resulta hipócrita y discriminatoria. Porque los cortes se concentraron en los pozos operados por pequeños y medianos productores, sobre todo del sector social, como a los ejidatarios de El Sauz y Aldama, ambos obligados a ir por el agua más profunda, dada la enorme extracción de sus mantos para surtir a la ciudad capital. Y se dejaron intactas las instalaciones de los grandes deudores.
En Chihuahua, 200 de ellos deben la cuarta parte del adeudo total a la CFE, que llega casi a 800 millones de pesos. Contra éstos no fue la ofensiva.
Será porque entre ellos se encuentra gente cercana al régimen, como la familia Jones, de Nuevo Casas Grandes, parientes del subsecretario de Negocios Agropecuarios de la Sagarpa. Entre los grandes deudores a escala nacional se encuentra el principal accionista de leche Lala. Contra él no arremetieron las brigadas federales; todo lo contrario: lo apoyaron para que, con otros empresarios, adquiriera Aeroméxico.
Y ahí está la clave: hay una especie de subconsciente colectivo en el gobierno federal, que en todas sus acciones favorece a los grandes negociantes de este país, sobre todo a quienes apoyaron la campaña presidencial de Felipe Calderón y la guerra sucia.
Por otro lado, acosa a los pequeños y medianos productores rurales, agudizando la polarización en el campo mexicano, y criminaliza todas las formas de protesta social.
La fórmula para seguir incendiando la pradera.
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