La memoria histórica se tiñe de negro cuando se construye un relato político entre izquierda y democracia. Los operadores del sistema se han esmerado en elaborar un discurso negando toda relación entre luchas democráticas, socialismo, comunismo y los principios teóricos que inspiran dichas propuestas, el marxismo y las tradiciones del humanismo cristiano.
Una manera espuria de salvar el escollo ha sido crear el concepto socialismo democrático. Un sinsentido. Para liarla aún más, se plantea la vacuidad social de la democracia. El argumento es mediocre. Dicho relato se correspondería con dos tipos de excrecencias de la modernidad emergentes en el siglo XX y cuyos efectos, plantean, han sido devastadores para el desarrollo de las libertades del individuo: el fascismo y el comunismo. En dichos sistemas políticos, anomalías superadas por la concepción del Estado social de derecho, se dirá con sorna, se constriñe el ejercicio de las libertades ciudadanas como parte de la negación del orden democrático. Sólo se salva el capitalismo al cual se adscribe el adjetivo democrático, por definición.
Sus defensores presentan la relación entre democracia, revolución burguesa y libertades individuales como un conjunto de pautas provenientes de la revolución inglesa, estadunidense y francesa. Un sincretismo del cual obtienen la esencia del régimen representativo parlamentario. Así, homologan las tres revoluciones en su vertiente reaccionaria a una dinámica democrática de la cual carecen en origen, salvo la francesa. En este sentido, nada queda del tercer Estado ni de los fundamentos emancipadores jacobinos. La derecha y los partidos políticos conservadores se han sacudido los derechos provenientes de una ciudadanía libertaria inspiradora, entre otras experiencias, de la revolución haitiana y anticolonialista de América Latina.
El orden napoleónico circunscribió el Estado y las constituciones liberales a la fórmula acartonada: igualdad, fraternidad y libertad. Tridente subsumido en la retórica del Estado de derecho bajo la republicana libertad de reunión, asociación y expresión. La evolución de dichos principios se han extendido y sumado nuevos derechos provenientes de las luchas sociales. Pero ninguno ha sido concedido por la generosidad de las clases dominantes. Por el contrario, son resultado de tensiones, desgarros y movilizaciones de las clases populares, del movimiento obrero, campesino y sindical. Su aplicación conlleva un sinnúmero de actos represivos ejercidos por el Estado y sus fuerzas de seguridad. Matanzas, exilios, cárcel, clandestinidad y muerte.
En otras palabras, la democracia política no forma parte del capitalismo, aunque verbigracia, puede ser estudiada en sus entrañas. Sin embargo, para sus “intelectuales” es la expresión unívoca de su entramado interno. De esta manera se le mitifica estableciendo una relación directa entre el ejercicio del derecho de huelga, el descanso dominical, el seguro social, la educación gratuita y obligatoria y el capitalismo como si fueran sinónimos y hubiesen nacido al unísono. La falsa imagen de una gratuidad de los derechos como la salud, la educación o algunas subvenciones al transporte público y la vivienda solventan, en la actualidad, políticas regresivas y actitudes antidemocráticas.
Los patrones parecen olvidar el pago de impuestos. De ellos se obtienen los fondos y la financiación para construir hospitales, escuelas, carreteras, viviendas sociales, pagar los salarios de los funcionarios públicos y en gran medida acrecentar las fortunas de los empresarios que se benefician de los préstamos del Estado para sus megaproyectos y sus intereses monopólicos. Nada es gratis en el capitalismo. Pero las mediaciones crean muros que impiden ver la realidad y bloquean el verdadero origen de la riqueza y las relaciones sociales capitalistas. Sin embargo, el discurso del poder cala el tuétano haciendo creíble la mentira de la gratuidad y del déficit público en los servicios sociales. Son muchos quienes creen las trolas, interiorizando sus mensajes.
Hoy se lanzan otras patrañas. Los políticos de la derecha y la izquierda liberal buscan desposeer a los trabajadores de sus conquistas ganadas en el ardor de la lucha de clases. Así, derechos sindicales vigentes por generaciones, incluso siglos, son presentados a la opinión pública como privilegios pasados de moda. De esta manera se les puede esquilmar y arrebatar. Lo lamentable de esta falacia estriba en el apoyo que encuentra para su despliegue en una izquierda institucional nacida en los años 80 del siglo pasado como consecuencia de la caída del Muro de Berlín.
Anclada en una repulsa al socialismo revolucionario, el marxismo y el comunismo se consideran agentes modernizadores de un capitalismo renovado. Una tercera, cuarta o quinta vía. Lo mejor de Keynes y Hayek. Izquierda que entona un mea culpa, volviéndose ferviente divulgadora de la ideología de la globalización. De tal guisa asume intrínsecamente los valores del liberalismo. Se mimetiza con los empresarios y adhiere al proyecto de privatizaciones en medio de un capitalismo salvaje, si alguna vez fue civilizado.
Se trata de la bitácora del converso. Abjura del valor democrático del socialismo y el comunismo. Señala el carácter irresponsable e indolente de los trabajadores aduciendo la necesidad del látigo en la mano como un arma disciplinaria. Quiere redimirse, nadar en las leyes de la oferta y la demanda, flexibilizar el mercado de trabajo. En definitiva declamar que ha vivido en el error. Reniega del anticapitalismo por ser contrario al proyecto democrático. Defiende el retorno a las 60 horas, la semiesclavitud y la eliminación de las garantías sindicales y laborales. Bajo esta dinámica, confunde la igualdad con las ofertas de trabajo en el mercado. Considera de justicia ser explotado en una fábrica, en una maquila, una empresa trasnacional y morir lentamente con un sueldo de miseria en medio de la orgía de la desigualdad.
Transforma la fraternidad en una cuestión de confianza de los subordinados a la razón de Estado y la llama eufemísticamente “cohesión social”, concepto cuyo significado busca garantizar la competitividad del estilo trasnacional de desarrollo en medio de un “sálvese quien pueda, pero yo el primero”. Ni la propia derecha pensó tener un aliado tan sumiso. Se vendieron por unos escaños, perdieron la dignidad y su propia conciencia.
Escrito por: Marcos Roitman Rosenmann
Tomado de: La Jornada 23/08/2008
CENTRO DE MEDIOS LIBRES CHIHUAHUA
sábado, 23 de agosto de 2008
El día en que el Estado desapareció
Mientras en Creel, Chihuahua, un comando de sicarios masacra a 13 personas, con la total ausencia de policías y Ejército, en la misma sierra, en el Mineral de Dolores, alrededor de un centenar de efectivos federales y estatales protegen los intereses de una compañía minera extranjera, acosando el plantón de mujeres y hombres del ejido Huizopa, que no hacen otra cosa que la defensa de su medio ambiente, su territorio y mejores condiciones para su pueblo. Así de clara es la agenda de seguridad del Estado mexicano.
Sábado 16 de agosto: poco antes de las seis de la tarde tres camionetas de lujo conduciendo a una decena de sicarios llegan afuera de la bodega donde se celebra una fiesta de jóvenes en Creel. Aparentemente buscan a dos personas para ultimarlas, pero los ejecutores no conocen la precisión: rafaguean a mansalva reventando cuerpos, segando vidas, entre ellas la de un niño de un año que perece a pesar del gesto heroico de su padre que lo cubre con su cuerpo.
Lo inexplicable es que ni en las horas anteriores ni en las posteriores a la matanza se hacen presentes la policía o el Ejército en Creel. La única autoridad que está ahí, desde el estallamiento del dolor de las familias, es la religiosa. El sacerdote jesuita Javier Ávila no funge solamente como pastor de su grey machacada, sino como sicólogo y hasta perito judicial. Ante la ausencia de todos, las autoridades le piden por teléfono tomar fotos de los cuerpos masacrados mientras policías, agentes del Ministerio Público y peritos salen de sus escondites.
Las explicaciones sobre la ausencia de las fuerzas de seguridad en Creel en esos momentos palidecen ante las dudas y las denuncias. Algunos elementos policiacos han manifestado que sus superiores les ordenaron retirarse de la población porque ahí habría ejecuciones. No se ha confirmado, lo único cierto es que en esas horas de angustia ni los militares, ni la Policía Federal Preventiva, ni la policía ministerial, ni la CIPOL estaban en Creel. Al lugar de los hechos acudió sólo una patrulla de vialidad.
Ese día el Estado no existió para las familias de Creel. Su derecho humano fundamental, el de la vida, el que da origen al pacto que funda el Estado, no fue cumplimentado. Se ha producido una gravísima violación a los derechos humanos, por omisión, dada la ineficacia de todos los órdenes de gobierno. En la desesperación e impotencia totales ante la magnitud de la tragedia y las autoridades omisas, los pobladores de Creel advierten ahora que se harán justicia por su propia mano. El linchamiento como sustituto de la ineficiencia, la cobardía y la complicidad de las autoridades.
La huída o el pasmo de las fuerzas estatales no encuentra a los días siguientes explicaciones sino a lo más “interpretaciones”. La procuradora atribuye la masacre a La Línea, rama del cártel de Juárez que domina la sierra y el medio rural de Chihuahua. También explica lo obvio: “es un acto de terrorismo para amedrentar a la población”.
El gobernador del estado, después de decenas de muertos descubre por fin el hilo negro, escucha los llamados que meses antes se le hicieron y plantea “que se revise el operativo Chihuahua, porque no está dando resultados”. Va más allá: manifiesta que es necesario “revisar nuestro régimen de libertades individuales y garantías ciudadanas”. En el Congreso, la zozobra de las familias de Creel es aprovechada para que los panistas pidan las cabezas de los funcionarios y funcionarias de seguridad priístas, y los priístas, de los correspondientes panistas. El gobierno federal procede con presteza a tapar los pozos una vez ahogados los niños: envía docenas de soldados a la sierra a perseguir a los asesinos, que seguramente estarán a buen recaudo no en las casas de seguridad, sino en los municipios enteros de seguridad de que disponen.
Ni el sacudimiento de Creel detiene el río de sangre. Los últimos días las cifras de ejecutados siguen creciendo. Nada menos el día anterior a escribir estas líneas se agregaron nueve más a la suma de ejecutados en Ciudad Juárez y dos más en la ciudad de Chihuahua. Al punto que la población se pregunta: “¿Por qué las fuerzas del gobierno no pueden impedir la matanza…? ¿No será que son ellas mismas quienes la perpetran?” El Estado posweberiano: de monopolizador de la violencia legítima, a monopolizador de la ineficacia extrema, o monopolizador de todas las violencias.
Demasiado pacientes son los hombres y las mujeres de Creel, que sólo claman por justicia en sus protestas y no disparan el muy merecido: ¡que se vayan todos!
Escrito por: Víctor M. Quintana S.
Tomado de: La Jornada 23/08/2008
CENTRO DE MEDIOS LIBRES CHIHUAHUA
Sábado 16 de agosto: poco antes de las seis de la tarde tres camionetas de lujo conduciendo a una decena de sicarios llegan afuera de la bodega donde se celebra una fiesta de jóvenes en Creel. Aparentemente buscan a dos personas para ultimarlas, pero los ejecutores no conocen la precisión: rafaguean a mansalva reventando cuerpos, segando vidas, entre ellas la de un niño de un año que perece a pesar del gesto heroico de su padre que lo cubre con su cuerpo.
Lo inexplicable es que ni en las horas anteriores ni en las posteriores a la matanza se hacen presentes la policía o el Ejército en Creel. La única autoridad que está ahí, desde el estallamiento del dolor de las familias, es la religiosa. El sacerdote jesuita Javier Ávila no funge solamente como pastor de su grey machacada, sino como sicólogo y hasta perito judicial. Ante la ausencia de todos, las autoridades le piden por teléfono tomar fotos de los cuerpos masacrados mientras policías, agentes del Ministerio Público y peritos salen de sus escondites.
Las explicaciones sobre la ausencia de las fuerzas de seguridad en Creel en esos momentos palidecen ante las dudas y las denuncias. Algunos elementos policiacos han manifestado que sus superiores les ordenaron retirarse de la población porque ahí habría ejecuciones. No se ha confirmado, lo único cierto es que en esas horas de angustia ni los militares, ni la Policía Federal Preventiva, ni la policía ministerial, ni la CIPOL estaban en Creel. Al lugar de los hechos acudió sólo una patrulla de vialidad.
Ese día el Estado no existió para las familias de Creel. Su derecho humano fundamental, el de la vida, el que da origen al pacto que funda el Estado, no fue cumplimentado. Se ha producido una gravísima violación a los derechos humanos, por omisión, dada la ineficacia de todos los órdenes de gobierno. En la desesperación e impotencia totales ante la magnitud de la tragedia y las autoridades omisas, los pobladores de Creel advierten ahora que se harán justicia por su propia mano. El linchamiento como sustituto de la ineficiencia, la cobardía y la complicidad de las autoridades.
La huída o el pasmo de las fuerzas estatales no encuentra a los días siguientes explicaciones sino a lo más “interpretaciones”. La procuradora atribuye la masacre a La Línea, rama del cártel de Juárez que domina la sierra y el medio rural de Chihuahua. También explica lo obvio: “es un acto de terrorismo para amedrentar a la población”.
El gobernador del estado, después de decenas de muertos descubre por fin el hilo negro, escucha los llamados que meses antes se le hicieron y plantea “que se revise el operativo Chihuahua, porque no está dando resultados”. Va más allá: manifiesta que es necesario “revisar nuestro régimen de libertades individuales y garantías ciudadanas”. En el Congreso, la zozobra de las familias de Creel es aprovechada para que los panistas pidan las cabezas de los funcionarios y funcionarias de seguridad priístas, y los priístas, de los correspondientes panistas. El gobierno federal procede con presteza a tapar los pozos una vez ahogados los niños: envía docenas de soldados a la sierra a perseguir a los asesinos, que seguramente estarán a buen recaudo no en las casas de seguridad, sino en los municipios enteros de seguridad de que disponen.
Ni el sacudimiento de Creel detiene el río de sangre. Los últimos días las cifras de ejecutados siguen creciendo. Nada menos el día anterior a escribir estas líneas se agregaron nueve más a la suma de ejecutados en Ciudad Juárez y dos más en la ciudad de Chihuahua. Al punto que la población se pregunta: “¿Por qué las fuerzas del gobierno no pueden impedir la matanza…? ¿No será que son ellas mismas quienes la perpetran?” El Estado posweberiano: de monopolizador de la violencia legítima, a monopolizador de la ineficacia extrema, o monopolizador de todas las violencias.
Demasiado pacientes son los hombres y las mujeres de Creel, que sólo claman por justicia en sus protestas y no disparan el muy merecido: ¡que se vayan todos!
Escrito por: Víctor M. Quintana S.
Tomado de: La Jornada 23/08/2008
CENTRO DE MEDIOS LIBRES CHIHUAHUA
lunes, 11 de agosto de 2008
sábado, 9 de agosto de 2008
Vayamos a la Consulta sobre el Petróleo 24 de Agosto
Ubica tu casilla dias antes. La votcion sera el domingo 24 de Agosto en el estado de Chihuahua.
La patria no se vende, se defiende.
sábado, 2 de agosto de 2008
Nota de La Jornada
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Octavio Vélez Ascencio, corresponsal | ||||
Oaxaca, Oax., 22 de julio. A un año y cinco días de su detención, Adán Mejía López, miembro de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), obtuvo esta noche su libertad al quedar absuelto del delito contra la salud en su modalidad de posesión de droga con hipótesis de venta, lo que confirma que su reclusión forma parte de la “estrategia para criminalizar la lucha social”. Una vez que la juez quinta de distrito, Ileana Noriega Pérez, declaró absuelto al integrante de la APPO, a eso de las 20:15 horas abandonó la penitenciaría del estado. | ||||
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domingo, 27 de julio de 2008
domingo, 20 de julio de 2008
Invitacion y Convocatoria
“Movimiento Nacional por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas"
Invitaciónes:
Compañeros:
Por medio de la presente nos permitimos extenderles una cordial invitación a la rueda de prensa que ofrecemos con el fin de extender nuestro posicionamiento acerca de problemáticas locales y nacionales que nos afectan directamente.
Compañeros:
Por medio de la presente nos permitimos extenderles una cordial invitación a la rueda de prensa que ofrecemos con el fin de extender nuestro posicionamiento acerca de problemáticas locales y nacionales que nos afectan directamente.
Rueda de prensa
Lunes 21 de Junio
Sindicato de Telefonistas (Av. De las Industrias No. 5900, casi esquina con Av. Zaragoza)
10:00 Hrs.
Firma del Pacto Político. Acuerdo de suma y cooperación entre un importante numero de organizaciones sociales, sindicales, campesinas y populares del estado, con la presencia de importantes personalidades de liderazgos nacionales.
Firma del Pacto Politico
Martes 22 de Julio de 2008
Sindicato de Telefonistas (Av. De las Industrias No. 5900)
Firma del Pacto Político. Acuerdo de suma y cooperación entre un importante numero de organizaciones sociales, sindicales, campesinas y populares del estado, con la presencia de importantes personalidades de liderazgos nacionales.
Firma del Pacto Politico
Martes 22 de Julio de 2008
Sindicato de Telefonistas (Av. De las Industrias No. 5900)
15:30 hrs.
Esperamos contar con su asistencia y agradecemos fraternalmente su apoyo y difusión.
A t e n t a m e n t e:
Comisión de Difusión:
A t e n t a m e n t e:
Comisión de Difusión:
jueves, 17 de julio de 2008
¿Armagedón económico-militar?
La crisis hipotecaria de Estados Unidos se profundiza, se generaliza y contagia la estructura bancaria mundial, descalabra los flujos financieros, acarrea estímulos y una mayor especulación junto a atisbos de pánico monetario para los grandes tenedores de dólares en Europa, Medio Oriente y Asia. Se desestabilizan las bolsas del mundo mientras la contaminación de la crisis bursátil se acelera por la respuesta de los inversionistas europeos y asiáticos ante el torpe rescate ideado por la Casa Blanca de Fannie Mae y Freddie Mac, los dos gigantes del mercado hipotecario estadunidense. Paul Robson, estratega monetario del Royal Bank of Scotland Group de Londres sintetizó la situación así: “La gente piensa que ésta es la próxima oleada –de quiebras–… Los inversionistas huyen de los problemas de los bancos regionales de Estados Unidos” (International Herald Tribune –IHT–, 15/7/08).
El IHT también informa que ayer la Televisión de California mostraba escenas que recuerdan las estampidas de 1929: largas filas de clientes del IndyMac Bancor, incautado por las autoridades el viernes pasado, mientras en Wall Street circulaban listas de otras empresas prestamistas “vulnerables”. Junto al pánico, la sacudida es de orden mayor por la reticencia de los inversionistas ante el rescate de 100 mil millones de dólares (mmdd) propuesto: la cantidad es más que “modesta” si se tiene presente que esos gigantes inmobiliarios poseen la mitad de las garantías hipotecarias estimadas en 5 billones de dólares. Según el Departamento del Tesoro, la deuda de esas entidades asciende a los 800 mmdd en el caso de Fannie y 740 mmdd para Freddie (La Jornada, 15/7/08), cifra que duplica el PNB de México. Agréguese a esto –en medio de un incalificable genocidio– la desestabilidad regional y los costos de la guerra en Irak, de acuerdo con Joseph Stiglitz entre los 3 y 5 billones de dólares.
Por lo que los impactos se sienten desde Tokio y Shangai hasta Londres y Sydney, involucrando a gigantes como Mitsubishi Financial Group, el UBS de Suiza, al Deutche Bank y a HSBC Holdings de Inglaterra. Además, los fundamentales de la economía de Estados Unidos se cimbran, Detroit y el empleo se desploman y en junio los precios de gasolina y alimentos elevaron el índice inflacionario general por encima del ritmo de los últimos 25 años, mientras la desaceleración coquetea con una recesión distinta a la de los años 70 del siglo pasado, por el peak-oil y el colapso ambiental en curso, que acentúa el riesgo de depresión con secuelas sociopolíticas y militares potencialmente devastadoras.
Lo que ilustra, otra vez, que estamos no sólo ante el poder del capital y sus coaliciones de clase –que Jeff Faux llama “el partido de Davos” en Guerra global de clases (México,UACM, 2008), sino también de sus crecientes contradicciones, que se expresan hoy de manera más universal y destructiva que ayer, en contextos de incertidumbre y riesgo balístico y termonuclear.
En medio del ímpetu de esta crisis general se hunde el globalismo pop y la ortodoxia neoliberal. Excepto entre acólitos y tecnócratas, aquello de que el Estado se desvanece y todo debe dejarse a la mano invisible del mercado aparece como otra estafa de Reagan y Thatcher. Algo similar se observó en el periodo librecambista, de la crisis de 1870 al terremoto militar iniciado en 1914. Desde entonces la relación entre mercados desregulados, crisis y guerra ha estado en el núcleo de la indagación de la ciencia social. El caos de 1929 mostró que los mercados, dejados a su dinámica invariablemente colapsan.
Existen fuertes fisuras y tensiones entre los polos de poder, anidadas en el desastre humano y estratégico de la guerra en Irak, los déficit gemelos de Estados Unidos y el desborde especulativo en curso gestado al calor desregulador de los años 80. Esta crisis conlleva peligros terminales y opciones de futuro. Para Latinoamérica la alternativa está en la construcción de una arquitectura político-monetaria, militar y financiera propia.
Escrito por: John Saxe-Fernández http://jsaxef.blogspot.com
Tomado de: La Jornada 17/07/2008
CENTRO DE MEDIOS LIBRES CHIHUAHUA
El IHT también informa que ayer la Televisión de California mostraba escenas que recuerdan las estampidas de 1929: largas filas de clientes del IndyMac Bancor, incautado por las autoridades el viernes pasado, mientras en Wall Street circulaban listas de otras empresas prestamistas “vulnerables”. Junto al pánico, la sacudida es de orden mayor por la reticencia de los inversionistas ante el rescate de 100 mil millones de dólares (mmdd) propuesto: la cantidad es más que “modesta” si se tiene presente que esos gigantes inmobiliarios poseen la mitad de las garantías hipotecarias estimadas en 5 billones de dólares. Según el Departamento del Tesoro, la deuda de esas entidades asciende a los 800 mmdd en el caso de Fannie y 740 mmdd para Freddie (La Jornada, 15/7/08), cifra que duplica el PNB de México. Agréguese a esto –en medio de un incalificable genocidio– la desestabilidad regional y los costos de la guerra en Irak, de acuerdo con Joseph Stiglitz entre los 3 y 5 billones de dólares.
Por lo que los impactos se sienten desde Tokio y Shangai hasta Londres y Sydney, involucrando a gigantes como Mitsubishi Financial Group, el UBS de Suiza, al Deutche Bank y a HSBC Holdings de Inglaterra. Además, los fundamentales de la economía de Estados Unidos se cimbran, Detroit y el empleo se desploman y en junio los precios de gasolina y alimentos elevaron el índice inflacionario general por encima del ritmo de los últimos 25 años, mientras la desaceleración coquetea con una recesión distinta a la de los años 70 del siglo pasado, por el peak-oil y el colapso ambiental en curso, que acentúa el riesgo de depresión con secuelas sociopolíticas y militares potencialmente devastadoras.
Lo que ilustra, otra vez, que estamos no sólo ante el poder del capital y sus coaliciones de clase –que Jeff Faux llama “el partido de Davos” en Guerra global de clases (México,UACM, 2008), sino también de sus crecientes contradicciones, que se expresan hoy de manera más universal y destructiva que ayer, en contextos de incertidumbre y riesgo balístico y termonuclear.
En medio del ímpetu de esta crisis general se hunde el globalismo pop y la ortodoxia neoliberal. Excepto entre acólitos y tecnócratas, aquello de que el Estado se desvanece y todo debe dejarse a la mano invisible del mercado aparece como otra estafa de Reagan y Thatcher. Algo similar se observó en el periodo librecambista, de la crisis de 1870 al terremoto militar iniciado en 1914. Desde entonces la relación entre mercados desregulados, crisis y guerra ha estado en el núcleo de la indagación de la ciencia social. El caos de 1929 mostró que los mercados, dejados a su dinámica invariablemente colapsan.
Existen fuertes fisuras y tensiones entre los polos de poder, anidadas en el desastre humano y estratégico de la guerra en Irak, los déficit gemelos de Estados Unidos y el desborde especulativo en curso gestado al calor desregulador de los años 80. Esta crisis conlleva peligros terminales y opciones de futuro. Para Latinoamérica la alternativa está en la construcción de una arquitectura político-monetaria, militar y financiera propia.
Escrito por: John Saxe-Fernández http://jsaxef.blogspot.com
Tomado de: La Jornada 17/07/2008
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CONVOCATORIAS
LA CONSULTA VA
PARA QUE EL PETRÓLEO NO SE PRIVATICE A ESPALDAS DEL PUEBLO,
PARA RESCATAR NUESTRA SOBERANÍA ALIMENTARIA
Los mexicanos tenemos el derecho inalienable a definir las políticas: energética, alimentaria, ambiental, entre otras dimensiones de una soberanía que es única e indivisible. Derecho que se conculca cuando asuntos de trascendencia como el destino del petróleo, del campo, o de la biodiversidad, se deciden sin escuchar la voz de los ciudadanos.
- Reunion Plenaria rumbo a la Asamblea Estatal por la Soberania Alimentaria. 6 de Agosto
- Chihuahua, Tercera Etapa Consulta energetica. 24 de agosto
- Asamblea Estatal Por La Soberanía Alimentaria. (Septiembre)
- Asamblea Nacional por La soberanía Alimentaria. 15 y 16 de Octubre (en el marco del día mundial de la alimentación)
Informe sobre Huizopa
Comunicado de Prensa
Congreso Federal se posiciona frente al conflicto de Huizopa
Congreso Federal se posiciona frente al conflicto de Huizopa
· Diputados Federales solicitan a Minefinders que presente una pronta respuesta a las demandas del ejido en Chihuahua
· Se suman a las voces de otros diputados y senadores
México D.F., a 16 de Julio de 2008.- Cuatro Diputados federales enviaron cartas este 14 de julio al Presidente de la empresa canadiense Minefinders a fin de solicitarle que "se preste una pronta respuesta a las tres demandas fundamentales expuestas por la comunidad durante el proceso de diálogo." Reiteraron que éstas se resumen en la integración de una comisión mixta de cuidado del medio ambiente, la financiación de un plan de desarrollo comunitario y un plan de desarrollo económico.
Tras reunirse la semana pasada con integrantes del ejido Huizopa, quienes establecieron la falta de voluntad de la empresa para establecer un diálogo, los diputados Juan Antonio Almazán González, Othón Cuevas Córdova, Valentina Batres Guadarrama y Carlos Martínez Martínez expusieron en sus comunicaciones a la empresa, en su calidad de diputados federales de la LX Legislatura de la H. Cámara de Diputados, "su preocupación respecto a los hechos recientemente denunciados por los habitantes del Ejido de Huizopa, Municipio de Madera, Estado de Chihuahua, México".
Estas cartas se suman a otras acciones que han llevado a cabo congresistas federales. El jueves pasado la Senadora Rosario Ibarra de Piedra acompañó a los ejidatarios en una rueda prensa en la que estableció que impulsará el seguimiento al tema desde el legislativo. El 4 de junio, día en el que por primera vez la empresa minera canadiense se sentó a dialogar con el Ejido, los Diputados Marcos Matías Alonso y Cuauhtémoc Sandoval Ramírez presentaron un punto de acuerdo mediante el cual exhortaron "al Titular del Ejecutivo del Estado de Chihuahua para que en el ámbito de sus competencias y facultades y dando alta prioridad al diálogo para llegar a acuerdos con las partes involucradas en este conflicto, convoque a la Compañía Minera Dolores S.A. de C.V. - Subsidiaria de Minefinders- y a los representantes del Ejido de Huizopa, Municipio de Madera Chihuahua, a instalar una mesa de diálogo en la que se busque la solución a este conflicto social, buscando los acuerdos necesarios que deje satisfechas a las partes."
Cabe recordar que el 21 de mayo de este año, los diputados Diego Cobo Terrazas y Carlos Martínez Martínez presentaron un punto de acuerdo solicitando al Pleno de la Cámara de Diputados "se constituya la comisión especial para investigar la explotación minera en México" debido al creciente ingreso de empresas mineras canadienses al país que buscan los "bajos costos en los países pobres e insuficientes estándares legales y de control.
Enviado por: PRODESC A.C.Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A.C. trabaja sobre la defensa, investigación y capacitación en derechos humanos a nivel local.http://www.prodesc.org.mx/55122230
Chihuahua, primer lugar en abusos de militares: CNDH | ||
Víctor Ballinas | ||
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En lo que va del año, y como resultado de los operativos militares contra el narcotráfico, el estado de Chihuahua ocupa ya el primer lugar en denuncias por violaciones a derechos humanos cometidas por elementos castrenses con 199 quejas. El ombudsman nacional, José Luis Soberanes Fernández, informó que en 15 ciudades de esa entidad, de acuerdo con las denuncias presentadas, los soldados entraron en forma arbitraria a los domicilios y llevaban las caras tapadas con pasamontañas, catearon casas, rompieron puertas, amagaron con armas a los ocupantes de las viviendas, los menores fueron colocados de rodillas o aventados al piso, y vieron que “sus progenitores son golpeados o sacados a empujones de su domicilio”. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha documentado que “en algunos casos, militares han hecho que las mujeres se desnuden frente a ellos con el pretexto de ser revisadas y, al mismo tiempo, son videograbadas”. De igual forma los soldados que ingresan a los domicilios destruyen muebles y revuelven pertenencias del lugar, sustraen fotografías y herramientas, así como documentos personales. Esos operativos conjunto de Chihuahua con otras entidades los dirigió el titular de la Unidad de Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana. | ||
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Las quejas que han recibido visitadores de la CNDH , que se encuentran en esa entidad para documentar los abusos que cometen militares que participan en los operativos contra el narcotráfico, destacan que: “Los soldados destruyen muebles, revuelven pertenencias y se roban joyas, dinero, aparatos eléctricos, vehículos y teléfonos celulares. “Las personas que son sacadas de sus domicilios son trasladadas a instalaciones militares donde no son puestas inmediatamente ante la autoridad ministerial competente, sino que se les retiene hasta por 15 días incomunicados.” De acuerdo con la CNDH durante la retención en sedes militares “los agraviados son interrogados por personal militar, quienes les sacan información por medio de tortura: golpes, toques eléctricos, sumersión en agua, les cubren la cabeza con bolsas de plástico y en otros casos se les deja bajo los rayos del sol por varias horas”. En lo que va de la administración del presidente Felipe Calderón, la CNDH ha registrado 983 quejas contra militares, de las cuales casi 20 por ciento se registraron en Chihuahua este año. Esta entidad norteña desplazó ya a Tamaulipas y a Michoacán como las principales entidades con denuncias de abusos cometidos por elementos castrenses. En el trabajo de campo de los visitadores adjuntos de la CNDH en Chihuahua, los quejosos han denunciado que los ataques más frecuentes son tortura, detención arbitraria, allanamiento de morada, cateos ilegales, trato cruel o degradante, robo, retención ilegal, amenazas, desaparición forzada, intimidación, daño en propiedad ajena y violaciones a la libertad y la seguridad jurídica. La CNDH revela que militares actúan con el rostro cubierto (con pasamontañas) y sin identificación, las unidades que utilizan para trasladarse no tienen el número de matrícula a la vista o se presentan en las poblaciones con vehículos no oficiales. La CNDH denuncia que, con el objeto de una pronta localización de los agraviados –retenidos y/o desaparecidos– los funcionarios de defensa de derechos humanos se presentan a las instalaciones militares de esta entidad, y se les obstaculiza el ingreso, “se les dice que se les permitirá el paso sólo mediante oficio, y una vez que éste es autorizado, tienen que esperar al menos 45 minutos para acceder con la persona que buscan, y al entrevistarse, la visita es parcial”, la dirigen militares. Otros de los obstáculos son: “se proporciona información falsa, se intimida y se amenaza de manera velada al personal de la CNDH , se dilatan las respuestas a las solicitudes de información”. Agrega que en los estados de México, Baja California, Durango, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nuevo Léon, Oaxaca, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Quintana Roo y Zacatecas los militares que combaten el narcotráfico y en muchas de esas entidades se han registrado innumerables quejas con denuncias similares: “tortura, detenciones ilegales, robos, allanamientos, cateos y golpes”.
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TEXTO TOMADO DE | ||
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martes, 15 de julio de 2008
Ciudad Juárez, Chih., a 11 de julio de 2008 |
A las organizaciones políticas y sociales. A los activistas, luchadores y luchadoras sociales. A todos los trabajadores (as), estudiantes y amas de casa. Al pueblo del estado de Chihuahua. Al pueblo de México. P R E S E N T E : |
Reciban un fraternal saludo del Frente Nacional Contra la Represión (FNCR) en Ciudad Juárez. Diversas organizaciones políticas, sociales y personas en lo individual preocupadas por el avance de la represión gubernamental contra la lucha social y el pueblo trabajador de México, nos hemos conformado como el FNCR en Ciudad Juárez, atendiendo a la convocatoria nacional lanzada el pasado 2 de octubre en la ciudad de México “ ¡POR UN FRENTE NACIONAL, AMPLIO E INCLUYENTE CONTRA LA REPRESIÓN Y POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS! ” y firmada por más de cien organizaciones. La “lucha contra el terrorismo” lanzada por Estados Unidos a partir de los atentados del 11 de septiembre en Nueva York ha inaugurado una etapa represiva contra todos los movimientos, organizaciones y personas que estorban a los planes del Consenso de Washington y del capitalismo decadente en general. Se trata de la respuesta violenta de un sistema mundial en crisis después de más de veinticinco años de políticas neoliberales que han empobrecido a la mayoría de los seres humanos y abierto una gran brecha entre los países del norte y los países del sur, generando un amplio descontento social que se expresa de manera global. En México, el fraudulento Felipe Calderón y su camarilla de secretarios personeros del gran capital trasnacional, se han sumado a la campaña represiva internacional, como lo demuestra la firma del llamado Plan Mérida concebido en Estados Unidos para darle participación al ejercito de este país del norte en la contención, control y represión de los movimientos sociales en México que aumentan a causa del legítimo descontento popular. El Plan Mérida se suma a la amplia militarización del país que con el pretexto de combatir al narcotráfico y el crimen organizado, el gobierno espurio y pro imperialista de Felipe Calderón ha llevado a cabo como único recurso para mantener un gobierno que no tiene legitimidad ante los ojos del pueblo y que tiene como tarea, lo mismo que los gobiernos anteriores desde Miguel de la Madrid , concretar las reformas neoliberales estructurales permitiendo que México se convierta en un campo abierto a la depredación de los grandes capitalistas trasnacionales, entregando los recursos naturales y energéticos a las empresas trasnacionales, marginando a los pueblos indios, destruyendo lo poco que queda del sistema de asistencia social, entregando la soberanía alimentaria y pauperizando al campo en favor de las grandes agroindustrias principalmente extranjeras, privatizando la educación, la investigación, y el patrimonio cultural, reformando las leyes laborales para destruir las conquistas históricas de las y los trabajadores, así como otorgar más facilidades para que las industrias extranjeras puedan acrecentar aun más su tasa de explotación en el país y como corolario reformando las leyes para criminalizar la protesta social. Merece especial atención, el paquete de reformas a las leyes que rigen el manejo del petróleo en México enviado por Felipe Calderón al congreso para su discusión y posterior aprobación que hoy ocupa el debate nacional. La iniciativa calderonista plantea pasar por encima de la Constitución Mexicana para entregar el control del petróleo a intereses privados extranjeros y nacionales con conexiones internacionales, cediendo soberanía nacional y trasladando un jugoso negocio actualmente en manos del estado a las grandes petroleras privadas responsables de muchas guerras alrededor del mundo. El ejército en las calles de México, la militarización de las policías federales judiciales y preventivas, así como la aprobación del Plan Mérida tienen, también como objetivo en lo inmediato, contener las protestas que se susciten contra el artero atraco a la nación que significaría aprobar la reforma calderonista en materia petrolera. En el estado de Chihuahua la represión gubernamental se ha dejado sentir desde hace varios meses y como un hecho de máxima importancia tenemos la militarización del estado a partir del 28 de marzo. Aún antes de la presencia del ejercito en el estado, la represión se hizo presente cuando el 1 de febrero en Ciudad Juárez, se detuvo a Nain Paulino Romero activista de la Kasa de Kultura para Todos, por una protesta frente a la PGR en el 2003. La primera acción en la que se vio involucrado el ejército contra el movimiento en el estado de Chihuahua, fue la detención en Ciudad Juárez de Cipriana Jurado Herrera, luchadora social, el pasado 3 de abril por elementos de la AFI con apoyo del ejercito; al día siguiente, fue detenido el líder campesino Carlos Chávez Quevedo en el municipio de Nuevo Casas Grandes también por elementos federales y con apoyo del ejército. Posteriormente el 27 de mayo policías federales y el ejército otra vez atacaron un plantón por el respeto a la tierra y el medio ambiente que un grupo de ejidatarios mantenían en el ejido Huizopa, municipio de Madera, en contra de la canadiense Minera Dolores; el 9 de junio un comando del ejército entro al poblado de Guadalupe Distrito Bravos, a unos cuantos kilómetros de Ciudad Juárez, cateando las casas, cometiendo abusos y robos contra la población y deteniendo ilegalmente a mas de una decena de personas, en ese operativo se metieron y robaron en la casa de Josefina Reyes, otra compañera de lucha, afortunadamente ella no se encontraba en su casa cuando sucedieron los hechos. El 13 de junio en Ciudad Juárez, el ejercito entro en la madrugada a la casa de Daniel Rocha representante del CETLAC organización de apoyo a trabajadores y solidaria con varios movimientos sociales, supuestamente por una llamada anónima, afortunadamente no lo detuvieron y pudo realizar su denuncia en conferencia de prensa. Tres días después en el municipio de Benito Juárez, un comando armado de AFI´s intentaron detener a balazos a Ismael Solorio líder del Barzón Chihuahua en el municipio, al juntarse la gente del poblado para apoyar a Ismael, el ejercito entro a apoyar a los AFI´s, tampoco lo detuvieron pero la situación estuvo a punto de desbordarse. Hay quienes tienen serias sospechas que el asesinato aun no aclarado del líder de Agrodinámica Nacional, Armando Villarreal Marta en el municipio de Nuevo Casas Grandes, fue ejecutado por fuerzas federales, debido a que Villarreal había declarado que se involucraría en la defensa del petróleo. Esto apenas es una pequeña parte de los abusos que esta cometiendo el ejército no solamente contra las y los luchadores sociales, sino contra la ciudadanía en general. Al menos en Juárez, es del conocimiento público que el ejército se mete a las casas que son señaladas con o sin pruebas, catean, roban, golpean, secuestran. Se dice que son varias las personas que tienen prisioneras en el campo militar de Juárez y otras que ya fueron trasladadas a México. Incluso en el periódico se publicó que el ejercito se llevo a dos niños y un anciano, que después regresaron y aparecieron por la ciudad, también que un hombre ha muerto a causa de los golpes que el ejercito le propino, “por equivocación”. La situación se agrava pues la ciudad esta envuelta en una ola de sangre que sospechosamente sigue con la presencia del ejército. Diario hay ejecuciones a plena luz del día, en centros comerciales o en las mismas casas, aparecen cuerpos, encobijados, decapitados, desmembrados y/o calcinados. El gobierno dice que esta es una “guerra contra el crimen”, y los medios dicen que se trata de una guerra entre carteles del crimen, pero más que una guerra, se observa una purga, un “alineamiento” de fuerzas con el gobierno, pues la población no se explica como hay ejecuciones que suceden incluso a escasos metros de donde están las fuerzas federales y estas no intervienen. Claramente se sostiene el curso represivo del gobierno del espurio Calderón. No se trata de un estilo coyuntural de gobernar, se trata de una política de estado engranada a intereses trasnacionales. La crisis económica internacional que se profundizara en los siguientes meses y que tendrá fuertes repercusiones en nuestra economía no hará retroceder a un gobierno sin legitimidad que no tiene otra alternativa más que seguir cumpliendo la agenda de sus socios mayores los grandes capitalistas trasnacionales que querrán hacer pagar el costo de la crisis a las clases populares. La represión aparece como la alternativa para contener el descontento e imponer la política gubernamental por la fuerza. Ante esta situación, todas las resistencias contra la represión son bienvenidas, pero es claro que una política nacional de estado solo se puede enfrentar exitosamente uniendo un gran abanico de fuerzas, planeando una política nacional y peleando en varias trincheras, la legal, la política y la social. Sabemos que todos los grupos sociales y movimientos tienen su agenda particular, pero la represión contra todos ellos, debe unificar una agenda de resistencia y lucha. Por todo lo anterior desde el FNCR Juárez, los invitamos a participar en la organización y trabajos de este frente que se plantea amplio e incluyente unificando a todas aquellas fuerzas que quieran sumarse a la resistencia contra la represión. También se reconoce que no es condición indispensable estar en el FNCR para coordinar una agenda común de oposición contra la represión. Los invitamos a participar en la planeación y organización de un foro de información y análisis de la represión en Ciudad Juárez en lugar y fecha aun por confirmar. También se extiende la invitación a organizar y participar en la Marcha contra la militarización, la represión, por la paz y por el respeto a los derechos humanos que se llevará a cabo el día 23 de agosto en Ciudad Juárez . La iniciativa de la marcha es originalmente una propuesta del FNCR, pero se pretende que sea un acto plural y amplio de todas las organizaciones, movimientos y ciudadanía en general que quieran sumarse a esta iniciativa. |
ATENTAMENTE, FRENTE NACIONAL CONTRA LA REPRESIÓN - CIUDAD JUÁREZ |
VISITA: http://fncrjuarez.blogspot.com/ |
sábado, 12 de julio de 2008
Las mineras canadienses 3a. y última parte
Desde el año 1994 la empresa canadiense Minefinders, por conducto de su subsidiaria Compañía Minera Dolores, se estableció en territorios ejidales de Huizopa, municipio de Madera, en la sierra de Chihuahua. Se instaló amparada con títulos de concesiones otorgadas por la Secretaría de Economía del gobierno federal, sin que la dependencia consultara a los ejidatarios. Durante más de 14 años la firma se ha dedicado a desarrollar trabajos de exploración, y ahora está a punto de concluir con el establecimiento de su planta principal para iniciar la explotación de mineral con el sistema de tajo a cielo abierto y lixiviación.
Para ello firmó en 2006 con los ejidatarios un contrato leonino de usufructo de mil 200 hectáreas, mediante el cual se comprometió a entregar 39 millones de pesos como único pago económico durante los 16 años de explotación. Sin embargo, las ganancias estimadas por la empresa ascienden a más de 3 mil millones de dólares. Además, Minefinders ha invadido ilegalmente más superficie territorial; hoy cuenta con 3 mil 498 hectáreas para el desarrollo de sus operaciones, e intenta mover el centro de población sin contar con la autorización de todos los ejidatarios.
Ante el riesgo inminente de deterioro ambiental, durante dos años los ejidatarios de Huizopa pidieron dialogar con la compañía para alcanzar un trato económico equitativo y asegurar un plan preventivo y seguro de preservación para la zona. Ante la falta de respuesta de la empresa y de las autoridades federales, los ejidatarios cerraron la entrada a las instalaciones en mayo de este año. Por ello la firma accedió a la negociación y, en presencia de autoridades estatales, los días 11 y 18 de junio pasado se establecieron acuerdos que la comunidad ha cumplido y la empresa no. Huizopa retiró el bloqueo, pero la minera se niega cumplir sus compromisos de proponer un programa de desarrollo sustentable para la zona.
Como en esas negociaciones la empresa negó que ocupara tierras en exceso e ilegalmente, el ejido de Huizopa propuso una medición para verificarlo. Ambas partes acordaron que una comisión técnica topográfica, integrada por peritos de la Dirección de Obras Públicas del gobierno del estado, la Dirección de Obras Públicas del municipio de Madera y la delegación federal de la Secretaría de Economía, determinara si la extensión utilizada por la empresa para sus labores se ajustaba o no a lo especificado en el contrato de usufructo.
Pero el día y la hora previstos para la inspección Minefinders se negó. Únicamente aceptó que se midiera la superficie de sus instalaciones centrales y no las tierras de exploración y explotación. Se acordó una segunda fecha para efectuar dichos trabajos, pero de nuevo la compañía se negó argumentando que no tenía determinado el territorio que ocupaba.
La depredación, la arbitrariedad, es la marca que la compañía canadiense está imponiendo en una de las regiones más puras y dignas de nuestro país. Minefinders está agrediendo la tierra de Arturo Gámiz, de Pablo Gómez, de Ramón Mendoza, de los hermanos Gaytán. También está haciendo pedazos, en el lodo y el cianuro, la grandeza y dignidad de Canadá.
Hace pocos días Hermann Bellinghausen informó en La Jornada que el gobierno de Chiapas concesionó a varias mineras 550 mil hectáreas para extraer minerales en 29 municipios de esa entidad. Otra vez, las empresas son canadienses: Fronteer Development Group, Radius Gold y Linear Gold, que se proponen aplicar el sistema de tajo a cielo abierto y lixiviación.
Las comunidades tardan en comprender el riesgo que este sistema de explotación significa para los mantos acuíferos, las tierras de cultivo y la sobrevivencia de los poblados mismos. Hasta ahora los campesinos de Venustiano Carranza, en particular de Cruztón, son los únicos que han mostrado resistencia. Informa Bellinghausen que una caravana civil de la otra campaña, compuesta por 30 personas, visitó el pasado fin de semana la comunidad para mostrar que los pobladores “no están solos”. Reportó, de igual forma, que el despliegue de la Policía Preventiva del estado en Venustiano Carranza es muy grande en controles, destacamentos y patrullajes, particularmente en el área de Cruztón.
En ninguna de las regiones donde se están estableciendo las mineras canadienses hay o habrá derrama económica que beneficie a las regiones ni a sus habitantes. Por el contrario, a cambio de su beneficio van dejando miseria, humillación, contaminación, desastres ecológicos, tierras yermas, mantos acuíferos envenenados y especies endémicas de fauna y flora exterminadas. ¿Esta es la contribución del gran país que es Canadá al desarrollo de nuestros pueblos? Se trata de un nuevo colonialismo bárbaro y depredador que con el nombre de globalización imponen las compañías en países con gobiernos corruptos o débiles. Ellas prosiguen, se proponen continuar (pues quizás México es el sitio donde la mayoría de las trasnacionales mineras canadienses se han asentado) también en Oaxaca, Guerrero, Durango y Sonora. ¿Señales de desarrollo y progreso? Sí, para Canadá. Para México, en ningún caso.
Tomado de: La jornada 12/07/2008
CENTRO DE MEDIOS LIBRES CHIHUAHUA
viernes, 11 de julio de 2008
Las mineras canadienses 2a. parte
Por: Carlos Montemayor
El sistema que las compañías mineras canadienses aplican en México para la explotación y beneficio de mineral es el conocido como tajo a cielo abierto y lixiviación a montones, prohibido en muchos países por su gran capacidad contaminante. La Minera San Xavier, que explota el Cerro de San Pedro en San Luis Potosí, utiliza toneladas diarias de explosivos a base de nitrato de amonio, diesel y detonantes para tumbar el cerro en por lo menos 80 mil toneladas; de este material serán aprovechables aproximadamente 32 mil toneladas, que ya trituradas se depositan en un llano tratado con arcilla. Dieciséis toneladas de cianuro de sodio mez- cladas con 32 millones de litros de agua por el sistema de aspersión bañarán el material triturado provocando así la separación y precipitación de los metales contenidos. Éste es el proceso conocido como de lixiviación.
Las explosiones que ya empezaron a detonar acabarán aproximadamente con un kilómetro de montaña. Luego continuarán hacia el subsuelo para producir un cráter de un kilómetro de diámetro por aproximadamente 250 metros de profundidad. Al cabo de algunos años, en el llano de lixiviación se habrá formado una montaña de material saturado de cianuro de aproximadamente 80 millones de toneladas. Lo más peligroso es que tal montaña de material contaminado se está acumulando a nueve kilómetros de la ciudad capital y muy cercana a otras comunidades. En el ejido Palma de la Cruz quedarán otros 120 millones de toneladas de material con grandes contenidos de sulfuros que no podrían ser lixiviables.
La oposición en varios países al uso de cianuro en el sistema de lixiviación y a la explotación de tajo a cielo abierto es creciente. En Estados Unidos, en 1998, en Montana, se prohibió el uso de cianuro para la minería de oro de y plata después de que las compañías mineras canadienses Placer Dome y Pegasus Gold Corporation ocasionaron un desastre ecológico sin precedentes. En 2003, en California, se prohibió a la compañía minera Glamys Gold Mining Company, hasta febrero de 1993 dueña de 50 por ciento de las acciones de Minera San Xavier, la explotación de una mina de oro a tajo a cielo abierto en una comunidad indígena y con el apoyo del Senado se aprobó una ley que prohíbe cualquier explotación de minas de oro de tajo a cielo abierto a base de cianuro.
En 1995, en Guyana, el dique de contención de la mina Omal, de la compañía minera canadiense Cambior Inc., se quebró y derramó 3.2 mil millones de litros de agua cianurada al río Essiquibo, ocasionando el desastre ecológico más grave e irreparable en la historia de ese país. Cambior Inc. fue hasta hace poco tiempo dueña de parte importante de las acciones de Minera San Xavier y enfrenta una demanda por 69 millones de dólares para restaurar el daño perpetrado contra los habitantes de Guyana.
Un derrame masivo de 100 mil metros cúbicos de cianuro de una compañía minera de oro en Rumania, en el año 2000, contaminó más de 400 kilómetros del río Danubio destruyendo toda especie acuática y fauna silvestre. Por ello, en julio de 2003, el primer ministro rumano, respaldado por grupos ambientalistas, se negó a apoyar a una compañía minera canadiense, Gabriel Resources Ltd., por los graves riesgos ecológicos que conllevaría.
En el interior de Canadá diversas organizaciones han creado conciencia sobre las devastadoras consecuencias sociales y ambientales que para otros países han tenido las compañías mineras canadienses. En junio de 2004, la comisión permanente del parlamento sobre asuntos extranjeros y comercio internacional presentó un informe donde se afirmaba que Canadá todavía no contaba con leyes para asegurar que las actividades de sus compañías de explotación minera en países en vías de desarrollo se conformaran con los estándares necesarios de derechos humanos y mucho menos para asegurar su responsabilidad ecológica.
El 23 de junio de 2004, el noveno tribunal colegiado del noveno circuito en materia administrativa resolvió el amparo D.A. 65/2004-873 y enunció con claridad que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa debía cancelar en forma definitiva la licencia de uso de suelo y funcionamiento que mediante oficio de fecha 26 de febrero de 1999 había otorgado el Instituto Nacional de Ecología, órgano desconcentrado de la Semarnap, hoy Semarnat, a Minera San Xavier. El tribunal determinó que esa autorización se había otorgado contraviniendo, primero, las disposiciones jurídicas federales en materia ambiental, y segundo, el decreto administrativo estatal en que se aprobó el plan de ordenación de San Luis Potosí y su zona conurbada. Después de la resolución del tribunal colegiado, cualquier acción de todo nivel de gobierno implicó una acción de desacato.
Esta resolución no frenó a la compañía y con subsecuentes apoyos federales y estatales inició su expansión territorial. Compró terrenos municipales y fincas abandonadas en la cabecera municipal de Cerro de San Pedro mediante contratos al margen de la ley o mediante la firma de un contrato de arrendamiento de tierras del ejido de Cerro de San Pedro con falsos ejidatarios, el cual fue anulado por resolutivos tanto del tribunal agrario como del segundo tribunal colegiado del noveno circuito.
Con este falso contrato cerró caminos vecinales que durante 400 años fueron utilizados por los pobladores de las comunidades de la Zapatilla, Cuesta de Campa, Portezuelo y Cerro de San Pedro, sin haber tramitado y obtenido los permisos necesarios. También invadió terrenos propiedad de la nación, pertenecientes a la antigua vía del ferrocarril Potosí-Ríoverde, ramal San Pedro. Instaló, igualmente, una cerca ciclónica de varios kilómetros de longitud que envolvió el poblado por el lado norte, oriente y poniente, impidiendo el paso a pobladores, visitantes y ejidatarios a áreas que en verdad siguen siendo municipales.
El 2 de junio de este año, el juzgado XI de distrito en materia administrativa en el Distrito Federal emitió su resolución del amparo 1065/2007, que se promovió contra el tribunal de justicia fiscal y administrativa respecto a la nulidad de un nuevo permiso que la compañía misma recibió de Semarnat en abril del 2006. El juzgado de distrito estableció que se debe nuevamente resolver el recurso de queja y al final de la resolución establece que se debe considerar los amparos directos 65/2004 y D.A. 24/2005, que establecían que ni siquiera en forma condicionada podía darse autorización alguna a la compañía.
A pesar de esto, la minera sigue devastando el área de Cerro de San Pedro.
Tomado de: La jornada 11/07/2008
CENTRO DE MEDIOS LIBRES CHIHUAHUA
El sistema que las compañías mineras canadienses aplican en México para la explotación y beneficio de mineral es el conocido como tajo a cielo abierto y lixiviación a montones, prohibido en muchos países por su gran capacidad contaminante. La Minera San Xavier, que explota el Cerro de San Pedro en San Luis Potosí, utiliza toneladas diarias de explosivos a base de nitrato de amonio, diesel y detonantes para tumbar el cerro en por lo menos 80 mil toneladas; de este material serán aprovechables aproximadamente 32 mil toneladas, que ya trituradas se depositan en un llano tratado con arcilla. Dieciséis toneladas de cianuro de sodio mez- cladas con 32 millones de litros de agua por el sistema de aspersión bañarán el material triturado provocando así la separación y precipitación de los metales contenidos. Éste es el proceso conocido como de lixiviación.
Las explosiones que ya empezaron a detonar acabarán aproximadamente con un kilómetro de montaña. Luego continuarán hacia el subsuelo para producir un cráter de un kilómetro de diámetro por aproximadamente 250 metros de profundidad. Al cabo de algunos años, en el llano de lixiviación se habrá formado una montaña de material saturado de cianuro de aproximadamente 80 millones de toneladas. Lo más peligroso es que tal montaña de material contaminado se está acumulando a nueve kilómetros de la ciudad capital y muy cercana a otras comunidades. En el ejido Palma de la Cruz quedarán otros 120 millones de toneladas de material con grandes contenidos de sulfuros que no podrían ser lixiviables.
La oposición en varios países al uso de cianuro en el sistema de lixiviación y a la explotación de tajo a cielo abierto es creciente. En Estados Unidos, en 1998, en Montana, se prohibió el uso de cianuro para la minería de oro de y plata después de que las compañías mineras canadienses Placer Dome y Pegasus Gold Corporation ocasionaron un desastre ecológico sin precedentes. En 2003, en California, se prohibió a la compañía minera Glamys Gold Mining Company, hasta febrero de 1993 dueña de 50 por ciento de las acciones de Minera San Xavier, la explotación de una mina de oro a tajo a cielo abierto en una comunidad indígena y con el apoyo del Senado se aprobó una ley que prohíbe cualquier explotación de minas de oro de tajo a cielo abierto a base de cianuro.
En 1995, en Guyana, el dique de contención de la mina Omal, de la compañía minera canadiense Cambior Inc., se quebró y derramó 3.2 mil millones de litros de agua cianurada al río Essiquibo, ocasionando el desastre ecológico más grave e irreparable en la historia de ese país. Cambior Inc. fue hasta hace poco tiempo dueña de parte importante de las acciones de Minera San Xavier y enfrenta una demanda por 69 millones de dólares para restaurar el daño perpetrado contra los habitantes de Guyana.
Un derrame masivo de 100 mil metros cúbicos de cianuro de una compañía minera de oro en Rumania, en el año 2000, contaminó más de 400 kilómetros del río Danubio destruyendo toda especie acuática y fauna silvestre. Por ello, en julio de 2003, el primer ministro rumano, respaldado por grupos ambientalistas, se negó a apoyar a una compañía minera canadiense, Gabriel Resources Ltd., por los graves riesgos ecológicos que conllevaría.
En el interior de Canadá diversas organizaciones han creado conciencia sobre las devastadoras consecuencias sociales y ambientales que para otros países han tenido las compañías mineras canadienses. En junio de 2004, la comisión permanente del parlamento sobre asuntos extranjeros y comercio internacional presentó un informe donde se afirmaba que Canadá todavía no contaba con leyes para asegurar que las actividades de sus compañías de explotación minera en países en vías de desarrollo se conformaran con los estándares necesarios de derechos humanos y mucho menos para asegurar su responsabilidad ecológica.
El 23 de junio de 2004, el noveno tribunal colegiado del noveno circuito en materia administrativa resolvió el amparo D.A. 65/2004-873 y enunció con claridad que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa debía cancelar en forma definitiva la licencia de uso de suelo y funcionamiento que mediante oficio de fecha 26 de febrero de 1999 había otorgado el Instituto Nacional de Ecología, órgano desconcentrado de la Semarnap, hoy Semarnat, a Minera San Xavier. El tribunal determinó que esa autorización se había otorgado contraviniendo, primero, las disposiciones jurídicas federales en materia ambiental, y segundo, el decreto administrativo estatal en que se aprobó el plan de ordenación de San Luis Potosí y su zona conurbada. Después de la resolución del tribunal colegiado, cualquier acción de todo nivel de gobierno implicó una acción de desacato.
Esta resolución no frenó a la compañía y con subsecuentes apoyos federales y estatales inició su expansión territorial. Compró terrenos municipales y fincas abandonadas en la cabecera municipal de Cerro de San Pedro mediante contratos al margen de la ley o mediante la firma de un contrato de arrendamiento de tierras del ejido de Cerro de San Pedro con falsos ejidatarios, el cual fue anulado por resolutivos tanto del tribunal agrario como del segundo tribunal colegiado del noveno circuito.
Con este falso contrato cerró caminos vecinales que durante 400 años fueron utilizados por los pobladores de las comunidades de la Zapatilla, Cuesta de Campa, Portezuelo y Cerro de San Pedro, sin haber tramitado y obtenido los permisos necesarios. También invadió terrenos propiedad de la nación, pertenecientes a la antigua vía del ferrocarril Potosí-Ríoverde, ramal San Pedro. Instaló, igualmente, una cerca ciclónica de varios kilómetros de longitud que envolvió el poblado por el lado norte, oriente y poniente, impidiendo el paso a pobladores, visitantes y ejidatarios a áreas que en verdad siguen siendo municipales.
El 2 de junio de este año, el juzgado XI de distrito en materia administrativa en el Distrito Federal emitió su resolución del amparo 1065/2007, que se promovió contra el tribunal de justicia fiscal y administrativa respecto a la nulidad de un nuevo permiso que la compañía misma recibió de Semarnat en abril del 2006. El juzgado de distrito estableció que se debe nuevamente resolver el recurso de queja y al final de la resolución establece que se debe considerar los amparos directos 65/2004 y D.A. 24/2005, que establecían que ni siquiera en forma condicionada podía darse autorización alguna a la compañía.
A pesar de esto, la minera sigue devastando el área de Cerro de San Pedro.
Tomado de: La jornada 11/07/2008
CENTRO DE MEDIOS LIBRES CHIHUAHUA
jueves, 10 de julio de 2008
Las mineras canadienses 1era parte
Por: Carlos Montemayor
Canadá es uno de los países notables en los tiempos actuales. Durante cerca de ocho años consecutivos encabezó la lista de las naciones con mayor índice de desarrollo humano, según el informe singular que desde 1990 el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo prepara anualmente. Esta proyección de la evaluación del desarrollo parte de ciertas variables propuestas en la década de los años 80 por Mabub Ul Haq y el premio Nobel de Economía Amartya Sen. En estos balances no se refleja tanto el volumen total de riqueza producida en un país, o el movimiento total de capitales en determinada zona, sino el beneficio y desarrollo reflejado en la salud, el promedio de vida, la educación, la vivienda, la alimentación y el ingreso de los habitantes.
Sin estas condiciones de evaluación se entiende que por el volumen económico México haya podido en algunos balances cuantitativos presentarse como la undécima economía del mundo, pero su realidad se revela en el índice de desarrollo humano, donde aparece en el número 54, dentro del grupo de países de mediano desarrollo humano y al mismo nivel de Cuba, que ocupa el número 55.
En términos artísticos Canadá ha impreso un relevante aporte en múltiples campos. Además de la poesía, el teatro, el cine, el ensayo, notables en lengua francesa en el área de Quebec, todos los géneros artísticos se impulsan en un proyecto multilingüe y multidisciplinario que tiene su mejor ejemplo en Banff Center International, donde he tenido oportunidad de colaborar en proyectos de traducción literaria desde hace algunos años.
Algunos proyectos de investigación científica, tecnológica y social de las universidades canadienses son también notables en varios campos del conocimiento y del hacer político, particularmente en el movimiento de multiculturalismo que está surgiendo en Canadá como política de Estado y que parte de dos principios fundamentales: primero, que los movimientos migratorios son una característica básica y un comportamiento natural de la humanidad; segundo, que si puede caracterizarse a la humanidad por el movimiento migratorio de la totalidad de los pueblos en un momento dado, la consecuencia de la naturaleza humana es que estamos obligados a vivir con nuestra diversidad.
Así, “vivir juntos” ya no implica justificar un equilibrio social desde la perspectiva de una mayoría, sino desde la perspectiva de la multiculturalidad. Por tanto, los derechos humanos deben incluir cada vez con mayor claridad la idea de que el individuo no es un ente aislado, sino integrado en un contexto social, político y cultural que existe previamente a su aparición y que permanecerá después de él. Esto le da identidad y le permite reconocerse como ser humano.
Por ello en Canadá la integración social es también destacada, si se toma en cuenta el tratamiento legal, cultural y económico dado a los pueblos indígenas, allá denominados first nations, primeras naciones. En abril de 1999, por ejemplo, Canadá reconoció el territorio autónomo de los pueblos inuit, con extensión de un millón 900 mil kilómetros cuadrados, casi la de la República Mexicana, que es de un millón 956 mil kilómetros cuadrados. Este territorio autónomo se llama Nunavut Kamavat, gobierno de Nunavut.
El jurista canadiense James Hopkins explicó en el año 2001 que durante la demarcación territorial de Delgamuukw, el juez Lamer, cabeza de la Suprema Corte de Justicia de Canadá, reconoció por vez primera que los derechos territoriales de los pueblos nativos son sui generis porque, entre otras cosas, su fuente proviene de un sistema legal aborigen prexistente y porque las poseen comunalmente.
En este caso el juez reconoció que el “especial lazo” entre las comunidades indígenas y su territorio forma parte de la cultura distintiva del grupo aborigen y afirmó que el derecho a usufructuar la tierra está limitado a los usos “que no pongan en riesgo la capacidad del territorio para sostener a las futuras generaciones de los mismos pueblos aborígenes”. En otras palabras, el juez Lamer parece reconocer que un uso que interfiera con el empleo o usufructo tradicional de la tierra podría romper el lazo cultural del que surge el derecho territorial mismo del pueblo aborigen.
Pero la perfección, tanto en individuos como en países, es teórica, abstracta, conjetural. Contrastan con esta grandeza humanista, política, social y cultural de Canadá las empresas mineras canadienses, ejemplo de la depredación brutal y de ilegalidad inexcusable. El daño ecológico, económico y social que provocan en varias regiones del mundo y de México es un ejemplo contundente de cómo un país admirable puede producir empresas transnacionales depredadoras y salvajes que pisotean la lucidez con que el juez Lamer determinó que el usufructo de la tierra está limitado a los usos “que no pongan en riesgo la capacidad del territorio para sostener a las futuras generaciones de los mismos pueblos aborígenes”. Las compañías mineras canadienses son la avanzada de la barbarie actual contra pueblos inermes y ecosistemas de países con gobiernos corruptos o vulnerables como el de México, según explicaré en las siguientes entregas.
En el caso de nuestro país, se están afectando tres regiones: San Luis Potosí, con la Minera San Xavier; la región de Huizopa en la sierra de Chihuahua, con la Minefinders y su subsidiaria Compañía Minera Dolores, y 29 municipios de Chiapas con las empresas Fronteer Development Group y Radius Gold.
En todos los casos hay un modus operandi común: la apropiación ilegal de tierras, la complicidad de autoridades federales o estatales, la sobrexplotación y contaminación de recursos acuíferos y el desastre ecológico por el sistema de explotación de tajo a cielo abierto y lixiviación.
Tomado de: La jornada 10/07/2008
CENTRO DE MEDIOS LIBRES CHIHUAHUA
Canadá es uno de los países notables en los tiempos actuales. Durante cerca de ocho años consecutivos encabezó la lista de las naciones con mayor índice de desarrollo humano, según el informe singular que desde 1990 el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo prepara anualmente. Esta proyección de la evaluación del desarrollo parte de ciertas variables propuestas en la década de los años 80 por Mabub Ul Haq y el premio Nobel de Economía Amartya Sen. En estos balances no se refleja tanto el volumen total de riqueza producida en un país, o el movimiento total de capitales en determinada zona, sino el beneficio y desarrollo reflejado en la salud, el promedio de vida, la educación, la vivienda, la alimentación y el ingreso de los habitantes.
Sin estas condiciones de evaluación se entiende que por el volumen económico México haya podido en algunos balances cuantitativos presentarse como la undécima economía del mundo, pero su realidad se revela en el índice de desarrollo humano, donde aparece en el número 54, dentro del grupo de países de mediano desarrollo humano y al mismo nivel de Cuba, que ocupa el número 55.
En términos artísticos Canadá ha impreso un relevante aporte en múltiples campos. Además de la poesía, el teatro, el cine, el ensayo, notables en lengua francesa en el área de Quebec, todos los géneros artísticos se impulsan en un proyecto multilingüe y multidisciplinario que tiene su mejor ejemplo en Banff Center International, donde he tenido oportunidad de colaborar en proyectos de traducción literaria desde hace algunos años.
Algunos proyectos de investigación científica, tecnológica y social de las universidades canadienses son también notables en varios campos del conocimiento y del hacer político, particularmente en el movimiento de multiculturalismo que está surgiendo en Canadá como política de Estado y que parte de dos principios fundamentales: primero, que los movimientos migratorios son una característica básica y un comportamiento natural de la humanidad; segundo, que si puede caracterizarse a la humanidad por el movimiento migratorio de la totalidad de los pueblos en un momento dado, la consecuencia de la naturaleza humana es que estamos obligados a vivir con nuestra diversidad.
Así, “vivir juntos” ya no implica justificar un equilibrio social desde la perspectiva de una mayoría, sino desde la perspectiva de la multiculturalidad. Por tanto, los derechos humanos deben incluir cada vez con mayor claridad la idea de que el individuo no es un ente aislado, sino integrado en un contexto social, político y cultural que existe previamente a su aparición y que permanecerá después de él. Esto le da identidad y le permite reconocerse como ser humano.
Por ello en Canadá la integración social es también destacada, si se toma en cuenta el tratamiento legal, cultural y económico dado a los pueblos indígenas, allá denominados first nations, primeras naciones. En abril de 1999, por ejemplo, Canadá reconoció el territorio autónomo de los pueblos inuit, con extensión de un millón 900 mil kilómetros cuadrados, casi la de la República Mexicana, que es de un millón 956 mil kilómetros cuadrados. Este territorio autónomo se llama Nunavut Kamavat, gobierno de Nunavut.
El jurista canadiense James Hopkins explicó en el año 2001 que durante la demarcación territorial de Delgamuukw, el juez Lamer, cabeza de la Suprema Corte de Justicia de Canadá, reconoció por vez primera que los derechos territoriales de los pueblos nativos son sui generis porque, entre otras cosas, su fuente proviene de un sistema legal aborigen prexistente y porque las poseen comunalmente.
En este caso el juez reconoció que el “especial lazo” entre las comunidades indígenas y su territorio forma parte de la cultura distintiva del grupo aborigen y afirmó que el derecho a usufructuar la tierra está limitado a los usos “que no pongan en riesgo la capacidad del territorio para sostener a las futuras generaciones de los mismos pueblos aborígenes”. En otras palabras, el juez Lamer parece reconocer que un uso que interfiera con el empleo o usufructo tradicional de la tierra podría romper el lazo cultural del que surge el derecho territorial mismo del pueblo aborigen.
Pero la perfección, tanto en individuos como en países, es teórica, abstracta, conjetural. Contrastan con esta grandeza humanista, política, social y cultural de Canadá las empresas mineras canadienses, ejemplo de la depredación brutal y de ilegalidad inexcusable. El daño ecológico, económico y social que provocan en varias regiones del mundo y de México es un ejemplo contundente de cómo un país admirable puede producir empresas transnacionales depredadoras y salvajes que pisotean la lucidez con que el juez Lamer determinó que el usufructo de la tierra está limitado a los usos “que no pongan en riesgo la capacidad del territorio para sostener a las futuras generaciones de los mismos pueblos aborígenes”. Las compañías mineras canadienses son la avanzada de la barbarie actual contra pueblos inermes y ecosistemas de países con gobiernos corruptos o vulnerables como el de México, según explicaré en las siguientes entregas.
En el caso de nuestro país, se están afectando tres regiones: San Luis Potosí, con la Minera San Xavier; la región de Huizopa en la sierra de Chihuahua, con la Minefinders y su subsidiaria Compañía Minera Dolores, y 29 municipios de Chiapas con las empresas Fronteer Development Group y Radius Gold.
En todos los casos hay un modus operandi común: la apropiación ilegal de tierras, la complicidad de autoridades federales o estatales, la sobrexplotación y contaminación de recursos acuíferos y el desastre ecológico por el sistema de explotación de tajo a cielo abierto y lixiviación.
Tomado de: La jornada 10/07/2008
CENTRO DE MEDIOS LIBRES CHIHUAHUA
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