El saqueo

Las modificaciones legales en materia de petróleo que Calderón y Mouriño pretenden imponerle a México para despojarlo de su principal riqueza estratégica han tensado a un pueblo que justamente está dispuesto a defender su patrimonio.

1. La contrarreforma legal en materia petrolera, que desde el inicio de su gobierno de facto Felipe Calderón busca imponer al Congreso, pretendiendo abrir una vía metajurídica para entregar la industria petrolera mexicana a los grandes consorcios multinacionales, ha generado un escándalo nacional, pues, como ya se suponía desde antes de conocerla, constituye un acto flagrante de traición a la patria.

2. La iniciativa privatizadora presentada el martes 10 en la Cámara de Senadores por Georgina Kessel, la inepta fanática neoliberal que funge como secretaria de Energía del gobierno de facto, no intenta modificar los artículos 27 y 28 de la Constitución, pero sí busca transgredirlos expidiendo una Ley Orgánica de Pemex y otra ley de una Comisión del Petróleo, y modificando la Ley Reglamentaria del artículo 27, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, a fin de abrir supuestas vías metajurídicas para entregar la industria petrolera a las multinacionales.

3. La iniciativa de Calderón está fracasando con estrépito, pues por un lado no logró hacer pasar el engaño de que no pretende privatizar el petróleo mexicano y, por el otro, no puede ocultar que es abiertamente violatoria de la Constitución y que el marco seudojurídico en el que se pretende hacer venir a México a las trasnacionales es completamente anticonstitucional e ilegal y no les generaría seguridad jurídica alguna, pues la Suprema Corte no tendría más que darle la razón a quienes lo impugnaran, ya que tiene la responsabilidad indeclinable de velar por la constitucionalidad de las leyes, y lo que se pretende es burdamente darle la vuelta a la Constitución.

4. En la forma todo se ha iniciado mal para el gobierno, pues en su mensaje televisado de 13 minutos un Calderón sudoroso y trémulo no hizo más que hilvanar una sucesión interminable de mentiras, buscando burlarse de los mexicanos al citar a Lázaro Cárdenas, pretendiendo mentirosamente que no hay un afán privatizador en su iniciativa y ofreciendo miles de beneficios imaginarios a los mexicanos si se tolera entregar el tesoro de las aguas profundas a la Shell, a la Exxon Mobil Corporation o a la Repsol-YPF, fue entendido como un nuevo agravio para un pueblo al que Calderón en su estupidez pretendió tratar como ignorante.

5. En el fondo las cosas son aún mucho peores, pues el PRI le presentó a Calderón en febrero tres condiciones para discutir la iniciativa y ésta no cumple ninguna de las tres. Beltrones le pidió al espurio que la reforma no implicara modificaciones a la Carta Magna y ésta hace algo peor: pretende cínicamente violarla en leyes secundarias. Le demandó que no fuera privatizadora y ésta no tiene otro objetivo que privatizar la industria petrolera mexicana, “legalizando” los contratos de servicios múltiples, estableciendo que las compañías privadas podrán realizar tareas de transporte, almacenamiento y distribución, y ser propietarias de ductos e instalaciones y operar la petroquímica. Le exigió, en fin, que no legislara sobre los anticonstitucionales “contratos de riesgo”, luego llamados “de servicios múltiples”, por los que Pemex ha cedido funciones suyas a las trasnacionales, y lo que hace es pretender legalizarlos y ampliarlos, creando además los llamados “contratos de servicios ampliados”.

6. La iniciativa del usurpador pretende además crearle a Pemex un régimen de excepción arropado en la noción de “autonomía”, buscando situar a una empresa, que es patrimonio de la nación, fuera del control del Congreso y de la sociedad y al margen de la legalidad, pues, entre otras cosas, podría realizar según su mamotreto legaloide nada menos que contratos reservados y licitaciones secretas, con los que los desvergonzados Calderón, su protegido Mouriño y los cuñados parecen querer beneficiarse sin límites.

7. La intención de los redactores de esos papasales seudo legales que se presentaron a los senadores para su rápida aprobación es bien clara, pues entendiendo Calderón y Mouriño que las modificaciones constitucionales que les permitirían entregar Pemex a los consorcios trasnacionales, y hacer ellos de paso el negocio del siglo, son casi imposibles de alcanzar en el contexto actual, buscan modificar el marco legal secundario aun a sabiendas de que los textos resultantes serían absolutamente violatorios de la Constitución, porque lo que pretenden es ya, desde ahora, dar entrada de hecho a las corporaciones extranjeras para que realicen exploraciones y se apropien de ductos, de refinerías y de plantas petroquímicas, y en especial del Golfo de México, convirtiéndose México en un enclave estratégico para los halcones del Pentágono y creándose así una situación de facto que sería complicadísimo revertir, incluso al venir la decisión judicial que declarase la inconstitucionalidad de esas leyes.

8. Esta práctica es la que se ha seguido en el pasado con empresas generadoras de fluido eléctrico desde los años de De la Madrid o en el caso del gas de la Cuenca de Burgos, cedido anticonstitucionalmente por Calderón cuando era secretario de Energía a sus amigos de la Repsol-YPF, dando como argumento los funcionarios neoliberales del gobierno que sería más fácil modificar la Constitución que echar fuera a las compañías extranjeras que están en México en abierta violación a la Constitución.

9. Los senadores de Acción Nacional y del Revolucionario Institucional se han resistido por esto a que la llamada “reforma energética” sea discutida de manera abierta, porque la misma no entraña más que disposiciones que están en oposición absoluta a la Constitución General de la República, y que no puede ser aprobada en ninguno de sus aspectos centrales, pues es violatoria de la Constitución.

10. La resistencia civil que se inició ayer jueves 10 en las dos Cámaras federales con la toma de las tribunas y en las calles de la capital debe conducir a que se haga respetar la Constitución y el principio de que las leyes deben ser conforme a ésta. Lo otro es abrir la vía a la ilegalidad absoluta y como consecuencia de ello a la insurrección revolucionaria.

Escrito por: Luis Javier Garrido
Tomado de: La Jornada 11/04/2008

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Paralelismos y autonomía de gestión

Calderón anunció en la promoción de su “iniciativa” que Petróleos Brasileños es modelo para Pemex, por lo que conviene revisar ambas experiencias. Los paralelismos se detectan en la sustancial entrevista de Fernando Siqueira, director de la Asociación de Ingenieros de Petrobras (La Jornada, 12/3/08, p. 28). Imitar cuando, como advierte Siqueira, la firma se abrió a empresas extranjeras, “que pronto se hicieron propietarias del crudo”, es un golpe a la Constitución y al pueblo, dueño del recurso. Fueron las reformas del Banco Mundial (BM) aplicadas por el gobierno de Fernando E. Cardoso en 1997, cuando llegó a su punto culminante el esquema para “llevar la empresa a un punto de venta” como sucede en México.

Petrobras, con una intención similar al asalto fiscal que Hacienda ejerce contra Pemex, fue obligada a comprar el crudo “a precios internacionales de 25 dólares por barril y venderlo en el mercado interno a 14 dólares”. ¿Objetivo? Como acá, secar los recursos para invertir y descapitalizar la empresa.

En 1995 Cardoso reprimió la resistencia a la privatización que incluía al sindicato petrolero. Prohibió a los empleados públicos trasladarse a Brasilia para evitar protestas contra sus “iniciativas”, “so pena de despido”. En México el gobierno de Salinas ordenó un asalto policial-militar no contra la corrupción sindical imperante en Pemex, sino para desactivar la resistencia del líder sindical La Quina a la privatización. En Brasil el BM lanzó una ofensiva para deshacerse de “pasivos laborales”. Fue implacable el despido de trabajadores y técnicos. La planta laboral se redujo de 60 mil a 30 mil empleados. Pero en esto Salinas y Zedillo estaban en la vanguardia: en 1989 Pemex tenía 280 mil trabajadores y en 1998 sólo 121 mil.

En Imperialismo en México (Debate, 2005) se recuerda que el reajuste de 150 mil plazas en las áreas de perforación, construcción, mantenimiento y servicios generales no acarreó “una mayor eficiencia organizativa, funcional y productiva” como proclamó el BM y el director de entonces, Francisco Rojas, hoy “crítico” de la “iniciativa”, sino todo lo contrario.

Con la apertura formalizada en el TLC de licitaciones del sector público a empresas extranjeras bajo la noción de “trato nacional”, Pemex se inundó de contratistas del exterior porque el TLC derogó requisitos a esas firmas, como la utilización de insumos y servicios nacionales o el empleo de personal mexicano. Pronto nuestros trabajadores y técnicos fueron jubilados y desalojados a favor de sus pares del exterior. En Brasil también.

Aunque la cúpula priísta considere insultante el “diagnóstico” del gobierno sobre Pemex algunos de sus integrantes, como Rojas, cuya dirección en Pemex procedió con el desmembramiento administrativo de la empresa “sugerido” por el BM, ahora ofrecen diseños “alternativos” ajustados a los esquemas del Banco para incentivar el manejo privado del “portafolio de negocios”, por la vía de una no aclarada “autonomía de gestión”. Así ocurrió en Venezuela y Brasil.

Cardoso “reconformó” el consejo de administración de Petrobras para incluir consejeros externos brasileños, “representantes de los intereses del sistema financiero internacional”. A partir de ahí, dice Siqueira, “se perdió el control sobre las decisiones y la información estratégica”.

Esa “autonomía” iría acompañada de una burocracia, como en Estados Unidos, auspiciada por las petroleras, “para administrar los hidrocarburos”: una “agencia federal separada de Pemex y encargada”, dice el BM, “de tareas de exploración y producción que negocia y firma los contratos sobre todas las áreas existentes y las que existan en el futuro”. (p. 43)

Coda: en Brasil y en México se despliega a los cuatro vientos un drama edípico que aporrea el inconsciente colectivo: Cardoso hijo rompió el sueño de su padre que proclamó: “o petroleo e nosso”. En México otro hijo desgarra su apellido ante una nación atónita, que resiste el despojo.

Escrito por: John Saxe-Fernández http://jsaxef.blogspot.com/
Tomado de: La Jornada 10/04/2008
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Pemex, privatización y maquila

México, D.F., 9 de abril (apro).-

Claramente, la iniciativa de reformas a la ley reglamentaria del 27 constitucional propone la apertura a inversiones privadas en las áreas de refinación, transporte, almacenamiento y distribución de petróleo y petroquímicos, en lo que muchos especialistas consideran la creación de un “Pemex paralelo”, a partir de contratos de “servicio ampliado” en esas materias.A pesar de la insistente campaña lanzada desde el pasado martes 8 de abril por Los Pinos, para “convencer” que no se trata de una privatización y que, gracias a los nuevos “bonos ciudadanos” –claramente títulos de crédito que emitirá Petróleos Mexicanos--, se tendrá una participación en la riqueza petrolera, la iniciativa está destinada a beneficiar a grandes corporaciones privadas concentradas justamente en las áreas de refinación, transporte, fabricación de ductos, almacenamiento y distribución. De una u otra manera se iniciará el esquema de la “maquila petrolera”, sobre todo en refinación y transporte, las dos áreas que más jugosos contratos han generado en los dos sexenios de gobierno federal del Partido Acción Nacional (PAN).

Aunque la iniciativa enviada por Felipe Calderón no se aprobara en este periodo ordinario, el director de Pemex, Jesús Reyes Heroles, ya anunció este miércoles que, en 2015, entrarán en operación dos nuevas refinerías con capacidad de producción de 300 mil barriles diarios cada una.La inversión estimada será de 7 mil millones de dólares y participarán empresas privadas. Si se aprueba la iniciativa, el esquema de “contratos de maquila” se complementará con esas inversiones.

Es muy claro, entonces, que la presión ejercida por el gobierno federal, el sector priista que está de acuerdo en los términos de la reforma energética y la iniciativa privada, tiene como objetivo principal garantizar la seguridad jurídica de los inversionistas, así como abrirles nuevos campos de negocios.

No se trata de una “segunda expropiación” petrolera ni de una reforma de gran calado para que Pemex pueda salir del bache financiero en que se encuentra. Se trata, esencialmente, de evitar la incertidumbre jurídica de cara a los contratos previstos en los próximos quince años.

Reestructuración de Pemex

El otro eje de la iniciativa calderonista es la reestructuración de la burocracia administrativa y fiscalizadora de Pemex, con la incorporación, en el nuevo Consejo de Administración, de “cuatro consejeros profesionales” designados por el Ejecutivo federal. Esa instancia pasará de 11 a 15 integrantes. Cabe destacar que el Revolucionario Institucional salvó el asiento de los seis representantes del sindicato petrolero.

Calderón también propuso crear “cuatro comités técnicos” de apoyo a ese Consejo, así como una nueva figura, la de “comisario” de Pemex, responsable del manejo y dividendos de los “bonos ciudadanos”. Este funcionario será designado directamente por el Ejecutivo federal.

Estos “comités de apoyo” se denominarán de Transparencia y Auditoría, Estrategias e Inversiones y el de Remuneraciones.Así mismo, los anunciados “bonos ciudadanos”, según la reforma del artículo 41 de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos, constituyen “títulos de crédito” que se entregarán a personas físicas mexicanas, directamente, o a través de las Afores, los fondos de pensiones o sociedades de inversión, así como por otros intermediarios financieros.Se plantea colocar estos “bonos ciudadanos” hasta por 5% del total de la deuda de corto y largo plazos de la paraestatal.Estos otorgarán a sus tenedores una contraprestación “vinculada al desempeño del mismo”.

Las reformas también le otorgan nuevas atribuciones a la Secretaría de Energía (Sener) como entidad reguladora del mercado del sector en el país, abre a la participación privada la Comisión Reguladora de Energía y crea la Comisión del Petróleo, una de las propuestas del PRI.El “apoyo de terceros”Sin aludir en ningún momento a la palabra “privatización”, la iniciativa de reformas a la ley reglamentaria del 27 constitucional reconoce, en cambio, que Pemex requiere el “aprovechar de manera eficiente el apoyo de terceros” en la construcción de tres refinerías, en la atención a la demanda del gas y de petroquímica y, sobre todo, lo que se refiere a transporte, almacenamiento y distribución de petrolíferos.

En la exposición de motivos se destaca la pertinencia de precisar los alcances del artículo sexto, que autorizan a la paraestatal a celebrar con personas físicas o morales los contratos de obras y de prestación de servicios. Más aún, reconoce que “cerca de las dos terceras partes de las tareas de perforación se realizan a través de empresas de servicios”.En contraste, la iniciativa sugiere que Pemex debe mantener, “en todo momento”, el control sobre las actividades de exploración y desarrollo de los recursos petroleros en la celebración de “cualquier contrato”, y que las remuneraciones derivadas de esas operaciones no concedan la propiedad sobre los hidrocarburos.

La iniciativa además legaliza los “contratos de maquila” que se pactan en el área de refinación y autoriza la contratación, en el área de refinación, de “servicios asociados” a la refinación del petróleo.El texto lanza un ofrecimiento: “La presente iniciativa propone que en las actividades de transporte, almacenamiento y distribución de los productos derivados de la refinación, del gas y de la petroquímica básica, puedan participar los sectores social y privado, mediante un régimen de permisos administrativos”.

Esta apertura a la inversión privada queda establecida en la redacción de un nuevo artículo cuarto de la ley reglamentaria del 27 constitucional:“Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios y los sectores social y privado, previo permiso, podrán realizar las actividades de transporte, almacenamiento y distribución de gas, de los productos que se obtengan de la refinación del petróleo y de petroquímicos básicos.“Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios podrán contratar con terceros los servicios de refinación de petróleo.

Dicha contratación no podrá, en modo alguno, transmitir la propiedad del hidrocarburo al contratista, quien tendrá la obligación de entregar a Petróleos Mexicanos o sus organismos subsidiarios todos los productos y residuos aprovechables que resulten de los procesos realizados.“Las personas que pretendan realizar las actividades o prestar los servicios a que se refieren los dos párrafos anteriores, podrán construir, operar y ser propietarios de ductos, instalaciones y equipos, en los términos de las disposiciones reglamentarias técnicas y de regulación que se expidan”.En los cambios al artículo sexto de la misma ley reglamentaria, se regularizan los contratos de obras y de prestación de servicios, y se establece, así mismo, que las “remuneraciones” derivadas de esos acuerdos “serán siempre en efectivo y en ningún caso concederán, por los servicios que se presten o las obras que se ejecuten, propiedad sobre los hidrocarburos, ya sea a través de porcentajes en los productos o de participación en los resultados de las explotaciones”.

Escrito por: Jenaro Villamil
Tomado de: www.proceso.com.mx
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Las valentías de Calderón

EL SALVADOR DE LA PATRIA. por El Fisgón Por fin se decidió Calderón a dar el paso para enviar su dilatada iniciativa energética. Después de un largo y titubeante periodo de incubación, le da luz verde a su partido para que vaya en la descubierta con la esperanza de evitar mayor desgaste a su chata figura. Esta semana los panistas presentarán su propuesta, con seguridad en la Cámara de Senadores, un recinto más a modo para cristalizar sus entreguistas planes de negocios. Al hacerlo, situará a su administración en la posibilidad de enfrentar un conflicto social y político de serias proporciones. Calderón imagina, junto con sus inexpertos asesores, que el campo legislativo está abierto y planchado, de manera similar a lo sucedido con otros casos de rampantes despojos a la economía popular (pensiones de IMSS e ISSSTE). Cambios que, estiman, pasaron impunes, con rapidez y tersura, tal como interpretaron figuras destacadas de las finanzas mundiales.

Pero Calderón sabe, porque así lo muestra cualquier estudio de opinión, que ahora habrá de contrariar el arraigado sentimiento de una franja mayoritaria de mexicanos que quieren, como mandata la Constitución, retener estricto control sobre los recursos energéticos. Sabe también que sus pretensiones de cambio no obedecen a impulsos modernizadores genuinos para con las respectivas empresas públicas de energía, sino a pulsiones de atrincherados intereses particulares que quieren apropiarse de una industria que es, en términos contables a nivel global, la tercera en rendimientos al capital invertido (sólo atrás de la bancaria y la químico farmacéutica). No le ha importado tampoco que, en su camino enajenador, ponga en riesgo la tranquilidad y la seguridad nacional al permitir la injerencia directa de agentes privados externos que siempre han ambicionado una tajada del rico y abundante pastel petrolero y eléctrico.

Calderón no quiso resistir las urgencias de sus masivos compromisos con los empresarios (internos y del exterior) y ha decidido enviar al Congreso la que llama su reforma energética. Un conjunto de arreglos, presiones y conjuras de gran calado que poco han aparecido, tal como son, en el espacio público abierto. Y cuando se les obliga a sostener al menos parte de sus visiones, o a clarificar sus densos propósitos, optan por dos rutas harto conocidas por previas experiencias. La más socorrida se auxilia de disfraces múltiples: emprenden sendas campañas de propaganda financiadas con los abundantes recursos de que disponen. Tratan así de vender, con el usado expediente de las consignas y los eslogans, las impresentables aristas de sus ambiciosas tropelías. Cuando falla la intentona inicial no dudan en difundir amenazas terribles, catástrofes inminentes y sacrificios inaceptables. Tal como los lanzados por el señor Carstens hace apenas unos días que augura horrendos impuestos adicionales de no haber cambios en la petrolera.

Los escarceos previos terminaron por determinación de las cúpulas del poder establecido. Precisamente las mismas personas, los mismos grupos de presión que metieron a Felipe, no sin tramposo calzador, en la residencia de Los Pinos. Calderón no podía esperar más tiempo sin perder cara, sin molestar a los que lo empujan o sin recibir retóricos, pero molestos ataques de parte de sus aliados priístas.

Ya bien amarrado el asunto con la fracción dominante del PRI, también bajo el influjo de los mandones del país que a menudo le estrujan sus nebulosas posturas, se decidió usar al PAN para la presentación de la acariciada iniciativa energética. El trabuco formado desde hace años, tiene, con lastimosa seguridad, el mínimo de votos requeridos para que pase por el Congreso con las modificaciones a ciertas leyes, reglamentarias de la Constitución o normativas de Pemex y de la administración pública federal. Introducirán así, a trasmano, el articulado que les dará las potestades suficientes para meterle mano, con pasmoso cinismo, al enorme botín de la industria energética. Dirán, con voz preocupada, que lo requiere el interés colectivo y que Pemex seguirá siendo una empresa mexicana. Pero, a continuación, empezará el festín. El reparto del negocio entre sus allegados, la aparición de suertudos contratistas útiles y socios caprichosos e insaciables ocuparán los espacios conseguidos a golpes de razones trucadas.

La autonomía de gestión será el caballo de Troya adecuado para llenar cuanta alforja se acerque con propuestas de negocio. Un flamante y nuevo Consejo de Energía le dará la cobertura, independencia y las seguridades de continuidad que son necesarias. Ahí colocarán a hombres y mujeres adictas a las posturas del acuerdo de Washington y moldeables a la influencia partidista del PRIAN. El tráfico de favores reasumirá su marcha inagotable. La reforma estructural, aún por nacer y ya tan manoseada, empezará a dar rendimientos crecientes.

El llamado al debate quedó, tal como lo concibieron desde el oficialismo, pendiente o francamente arrumbado. Un simple señuelo para incautos. Un truco concebido para cumplir requisitos mínimos de institucionalidad, pluralismo de forma y apertura, siempre y cuando sea arropada con ventajoso diálogo, conductores a modo y escenarios afines. Dirán, de nueva cuenta, que el debate se dará donde se debe: en las Cámaras y sólo ahí. En los medios de comunicación –ideal territorio para airear ideas, programas o sugerencias y sentires– nunca se encontró, alegarán, el momento propicio; tampoco se tuvo el material adecuado, los datos duros, la referencia auténtica que contuviera las propuestas del Ejecutivo. La iniciativa privatizadora sólo existió en la mente calenturienta de los que pretenden llamar la atención, incitar a la revuelta, alebrestar a la muchedumbre, engañar al pueblo, polarizar el ambiente. Tal fue el dictado de los analistas orgánicos, de los sostenedores del oficialismo más derechoso que se ha apoltronado en los órganos decisorios del país en el último cuarto de siglo. Queda el rescoldo y la esperanza de la protesta organizada de la sociedad en defensa de sus intereses. En este movimiento cada quien asumirá su propia responsabilidad.

Escrito por: Luis Linares Zapata

Tomado de: La Jornada 09/04/2008

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