Ante la lentitud e incapacidad de la Organización de Estados Americanos (OEA) para sofocar el grave estallido diplo-militar por la violación de las fuerzas armadas colombianas del espacio territorial y aéreo de Ecuador en días pasados, los presidentes de ese país y Nicaragua abogan ahora por la transformación del Grupo de Río en una Organización de Estados Latinoamericanos. El contraste entre lo ocurrido en Washington y en Santo Domingo es significativo: en el norte prevaleció el tradicional bilateralismo intensivo ejercido por la Casa Blanca en los pasillos de la OEA a favor de Colombia, mientras en Dominicana con el llamado del presidente Hugo Chávez a no dejar que el conflicto se saliera de control, imperó la sensatez.
La parsimonia de la OEA, bajo guión imperial, se dio porque varios mandatarios fueron presionados por Estados Unidos “para que no se metieran en el asunto y dijeran que era un problema bilateral, cuando era multilateral”. (La Jornada, 9-III-08 p.26). Se sabe de una intensa participación de Estados Unidos en el operativo militar que coloca a la OEA en posición penosa: a pesar de intentos por restringir la información, en Bogotá circulan noticias y reportajes televisivos basados en datos del Ejército colombiano, que reconocen la participación de “aviones espías extranjeros” en la producción fotográfica para localizar los blancos de ataque. A decir de Angel Palacios, “no se trata sólo de la violación a la soberanía de Ecuador por el gobierno colombiano…Se trata de la incursión de aviones de inteligencia (de Estados Unidos) en territorio ecuatoriano”. (Rebelión 5-III-08)
En el nuevo contexto latinoamericano y mundial, este tipo de operativos diplomilitares profundizan el desgaste y desprestigio acumulado por el sometimiento de la OEA a Estados Unidos desde que empezó a operar en 1948, máxime si se tienen en cuenta testimonios que indican que fueron organismos de inteligencia de esa potencia los que dieron a los colombianos las coordenadas exactas (posicionamiento geoespacial, grados, latitud) para realizar el ataque. Es difícil que el sometimiento crónico de la OEA confirme los operativos del Pentágono-CIA en la planificación, recolección, procesamiento, análisis-producción y distribución final de los informes de inteligencia. Es algo que Ecuador debe exigir se aclare.
El asunto es grave y debe ser tratado en la ONU y en el Grupo de Río, que sin dificultad emitió una resolución que puso fin a la crisis, aunque no a su fondo.
Sin mayor costo, Colombia pidió perdón y se comprometió a no incursionar más en otra nación. De esta desactivación del conflicto salió la propuesta para establecer un foro de negociación regional, algo urgente porque ahora Bush azuza el conflicto vinculando a Venezuela con el terrorismo y todavía faltan semanas de acciones, reacciones, investigaciones y negociaciones, para restablecer la confianza. Existen riesgos y también condiciones mundiales, regionales y locales para recuperar la soberanía y el impulso a los intereses públicos nacionales en la construcción de una nueva arquitectura diplomática, económico-financiera, monetaria y de seguridad propia.
Es la hora latinoamericana. Bolívar y Martí en vez de Jefferson y Monroe. Su mensaje: poner fin al uso de los latinoamericanos para derrotar a los latinoamericanos. Tal ha sido el fundamento monroista de dominación en la región durante los últimos dos siglos. La amalgama de intereses entre las clases dominantes de la metrópoli y la periferia es el meollo socio-económico que facilita este señorío. Los lazos oligárquico-imperiales de sujeción económica, empresarial y policial militar, se basan en la propensión histórica de las oligarquías criollas a estar satisfechas, y hasta propiciar arreglos de coparticipación en la apropiación del excedente y en el manejo fiscal, presupuestal y de seguridad de las naciones que depredan: ya hay condiciones y contradicciones para superar esta trabazón oligárquico-imperial.
Escrito por: John Saxe-Fernández
Tomado de: La Jornada 13/03/2008
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jueves, 13 de marzo de 2008
martes, 11 de marzo de 2008
UNAM: el precio de la libertad
Cinco personas de nacionalidad mexicana se encontraban el primero de marzo en la zona bombardeada por el ejército de Colombia en territorio de Ecuador. Cuatro de ellas, estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Sólo hay una sobreviviente: Lucía Andrea Morett Álvarez, egresada de la carrera de literatura dramática y teatro de la Facultad de Filosofía y Letras.Lo primero que hay que observar es que hay aquí una dimensión humana. Un drama en el que se encuentran cinco familias mexicanas. La de Lucía Morett tiene la fortuna de que ella está viva, aunque con heridas que han obligado a la intervención quirúrgica y a la atención hospitalaria. Las demás viven una pesadilla: identificar a sus seres más queridos entre los cuerpos sin vida que dejó el ataque sobre el campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Independientemente de cuáles hayan sido las razones por las que estos jóvenes se encontraban ahí, cualquier nación que se respete debe procurar la seguridad de sus ciudadanos en territorio extranjero y exigir que se investigue y castigue a quienes asesinan a sus conciudadanos, sobre todo cuando las muertes ocurren, como en este caso, en un acto contrario a las normas del derecho internacional, reconocido así por la propia Organización de Estados Americanos.
Pero mientras el gobierno federal los abandona, la UNAM los reconoce como parte de su comunidad, en un escenario en el que se propalan versiones malintencionadas que buscan relacionar a nuestra máxima casa de estudios con organizaciones guerrilleras.
Debemos preguntarnos por qué en algunos medios se quiere aprovechar un acontecimiento que enluta a nuestro país para agredir y tratar de desprestigiar a la UNAM, que es sin duda una de las mejores instituciones de enseñanza e investigación científica y humanística en el mundo. Quizá porque se trata de un espacio de plena libertad –que no abundan en nuestro país–, donde se examinan sin restricciones todas las ideas.
Los universitarios siempre han expresado su solidaridad con los movimientos sociales en América Latina y el mundo. Recuerdo hace más de 30 años, cuando se vivía en la región el auge de los movimientos revolucionarios. Siempre había grupos de estudiantes y maestros que expresaban su simpatía hacia ellos, como en el caso de la revolución cubana, la lucha del Che Guevara en Bolivia o la resistencia de Salvador Allende a la dictadura militar en Chile. Es en ese ambiente de libertad en el que se conocen y discuten las ideas, y también en el que se expresan posturas contrarias.
Como se afirma en uno de los espléndidos comunicados de la UNAM sobre estos acontecimientos, es una virtud histórica la pluralidad ideológica que se manifiesta en su seno, así como que los miembros de la comunidad son responsables de sus actos individuales, incluidos aquellos que se realizan en el ejercicio pleno de sus libertades. La presencia de cuatro universitarios en el campamento de las FARC en Ecuador no puede ser motivo para emprender una campaña en contra de una institución cuya única participación consiste en propiciar un ambiente de libertades.
Parte de esta campaña es impulsada por un gobierno extranjero, el de Colombia, el cual asegura, nada menos que a través de su vicepresidente Francisco Santos que las FARC realizan una intensa campaña de penetración en las universidades mexicanas por medio de grupos de estudio, que deben ser investigados por el gobierno mexicano, lo cual es secundado por los voceros de los sectores más conservadores dentro y fuera del gobierno panista.
El hecho de que existan salones en los que se discutan y se expresen simpatías hacia los movimientos sociales de América Latina no equivale a que haya en la UNAM oficinas de ningún grupo rebelde y mucho menos se justificaría una intervención policiaca, abierta o velada, sobre los universitarios, a pedido de un gobierno extranjero, algo que debe ser rechazado enérgicamente. En todo caso corresponde al gobierno colombiano investigar y resolver las causas del gran descontento de su pueblo.
La preocupación principal de los universitarios es sobre la integridad de Lucía Morett y la pérdida de vidas de estudiantes mexicanos en Ecuador, y especialmente preservar el espacio abierto a todas las ideologías que constituye la UNAM. La libertad no tiene precio.
Escrito por: Javier Flores
Tomado de: La Jornada 11/03/2008
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Mexicanos en las guerrillas latinoamericanas
En 1986, el gobierno de Nicaragua nombró al poeta estridentista mexicano Germán List Arzubide capitán del Ejército Popular Sandinista. Refrendó así el cargo que en 1929 Augusto César Sandino le había dado. En cambio, Estados Unidos promulgó un decreto impidiéndole entrar a ese país “de por vida y a perpetuidad”.Premio nicaragüense y castigo del Tío Sam nacieron de la misma matriz. El general Sandino encomendó al literato mexicano transportar hasta el Congreso Mundial Antimperialista, realizado en Francfort, Alemania, en 1929, una bandera capturada al ejército estadunidense durante un combate en Nicaragua. List Arzubide cumplió el encargo. Trasladó el lábaro de las barras y las estrellas, prueba de la intervención de Washington en ese país, hasta Alemania a través del puerto de Nueva York.
“Sabiendo que Nicaragua estaba intervenida por los gringos –escribió el poeta– en un cínico apoyo a los Somoza que les entregaban el país en bandeja, los izquierdistas mexicanos habíamos, de hecho, establecido una base de apoyo para los combatientes, quienes, de una manera desigual, pero aprovechando las ventajas de la táctica guerrillera, defendían a su invadida patria.”
Quienes se sorprenden con la presencia de los jóvenes Juan González y Lucía Morett en un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en Ecuador deberían asomarse a nuestra historia. Muchas de las claves que explican esta actitud se encuentran allí. Como hizo List Arzubide a fines de los veintes del siglo pasado, hay en México una larga tradición de apoyo de muy distinta naturaleza a movimientos insurgentes en otros países. Sin ir lejos, en 1937, durante la Guerra Civil Española, el pintor David Alfaro Siqueiros fue parte de las Brigadas Internacionales que apoyaron la República.
La lista de paisanos participantes en movimientos insurgentes, sea como combatientes, personal sanitario, organizadores políticos o en tareas de solidaridad, es enorme. En ella ocupa un lugar destacado Alfonso Guillén Zelaya, el más joven de los 82 hombres que, a bordo del Granma, zarparon hacia Cuba dirigidos por Fidel Castro, desde Tuxpan, Veracruz, la madrugada del 25 de noviembre de 1956, para hacer la primera revolución socialista del continente.
Nacido en Torreón, hijo de exiliados hondureños, Guillén Zelaya, hombre modesto, tenía excelente resistencia física y era buen combatiente y tirador. “Recuerdo –narró en una ocasión– que Raúl (Castro) me preguntó si había pedido permiso en mi casa, pues de acuerdo a aquel año la mayoría de edad eran los 21 y yo tenía 19 años, pero yo le dije: desde cuándo hay que pedir permiso para hacer una revolución.” Murió en 1994 en México, pero sus restos se encuentran depositados en Cuba. Su hermano Héctor, quien tomó las armas y sucumbió en las selvas de Nicaragua, no tuvo la misma fortuna.
No pocos mexicanos han participado en movimientos armados en Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Chile, Bolivia y Colombia. Algunos han ocupado posiciones de mando. Es el caso del comandante del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) Víctor Tirado López. Nacido en Sinaloa, se unió al FSLN en 1961 en Honduras. En los años ochenta fue parte de su dirección nacional. También el de Rafael Moreno Villa, integrante de la comisión político-diplomática del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional de El Salvador, y pieza clave del proceso de paz en aquel país.
Varios mexicanos han muerto en combate o como resultado de la represión. David Aguilar Mora fue uno de los mexicanos de origen trotskista que colaboraban con el Movimiento Revolucionario 13 de Noviembre de Marco Antonio Yon Sosa en Guatemala. La guardia judicial de ese país lo capturó en 1966, lo torturó y fusiló junto con su esposa, Eunice Campirán. Araceli López Arias, militante del FSLN, compañera de su dirigente Joaquín Cuadra, murió en la ciudad de León, Nicaragua, después de ser detenida en una casa de seguridad.
El maestro jubilado Hilario Moreno, integrante del Partido Comunista Mexicano durante 40 años y sindicalista democrático del magisterio, fue detenido sin orden de aprehensión, torturado y asesinado por la policía de la ciudad de México el 29 de diciembre de 1974. Fue acusado, junto con Eusebio Martínez, de conspirar para “subvertir el orden” en países de Centro y Sudamérica, falsificando pasaportes y actas de nacimiento de varios revolucionarios extranjeros.
Otros han pasado temporadas en prisión. La matemática Raquel Gutiérrez, fundadora y militante del Ejército Guerrillero Tupak Katari, en Bolivia, fue detenida en 1992. Estuvo en la cárcel cinco años. Obtuvo su libertad sin juicio después de una huelga de hambre. Antes había participado en la revolución salvadoreña como parte de las Fuerzas Populares de Liberación.
¿Qué motivos llevan a un mexicano hoy día a participar en un movimiento de este tipo? Por supuesto, cada vida es un mundo y una decisión de esa naturaleza proviene, en mucho, de factores estrictamente personales. Pero hay, también, un clima cultural que facilita seguir un camino así. Parte de este naciente espíritu de época son: la quiebra moral del neoliberalismo y del mercado como escuela de virtud; la evidencia de que los caminos democráticos están seriamente obstruidos; la percepción de que hemos entrado a una época de grandes transformaciones sociales en el continente y de que la revolución no es un asunto del pasado; el desprestigio del narcoestado colombiano y su promoción del paramilitarismo; la existencia de una tradición internacionalista y solidaria con la lucha por la emancipación de los pueblos en otras latitudes; la persistencia de una cultura antimperialista.
Más que prodigar admoniciones por doquier y difundir información falsa, lo que se requiere para explicarnos la presencia de jóvenes mexicanos en un campamento de las FARC en Ecuador es revisar nuestra historia y la del continente. Después de todo, el internacionalismo es mucho más antiguo que la globalización neoliberal.
Escrito por: Luis Hernández Navarro
Tomado de: La Jornada 11/03/2008
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lunes, 10 de marzo de 2008
Verdaderas Intensiones...
Se escribe Uribe, se lee petróleo
Por eso, si el presidente derechista colombiano Álvaro Uribe provoca una situación bélica con Ecuador no es tanto para golpear militarmente a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) sino para dar un fuerte golpe político a la oposición de izquierda colombiana, que crece sin cesar, que no se identifica con las FARC ni con los métodos de éstas, que ya ha ganado las elecciones en Bogotá, Medellín, Cali, y que repudia los lazos de Uribe y del ejército con los paramilitares y, por medio de éstos, con el narcotráfico. Una de las razones de la incursión militar en Ecuador para asesinar a Raúl Reyes, es la necesidad de cortar de raíz el movimiento por la liberación de los rehenes (incluidos entre éstos los que tiene en sus manos el gobierno, que ascienden a más de 500) y por un acuerdo político de paz entre el gobierno y las FARC. Este movimiento es mucho más peligroso que la fuerza militar del enemigo, tanto para los fascistas militares respaldados por Estados Unidos que quieren continuar la guerra y esperan ganarla utilizando una mayor represión, como también para los aventureros militaristas en las propias FARC.
Pero la razón esencial reside en el acatamiento a la voz del amo, la del gobierno de Estados Unidos. Porque el equipo estadunidense gobernante no puede entrar en una fase de recesión, que provocará inquietud social, con el abastecimiento petrolero dependiente del radicalismo de Chávez y con la perspectiva de que el precio del combustible sea cada vez más caro y no disminuya ni siquiera en el caso de que cayese el consumo. Además, la combinación de su crisis de hegemonía (el empantanamiento en Irak), de su crisis económica y de la crisis política (posibilidad de triunfo de los demócratas) crea una mezcla explosiva que la chispa venezolana podría ayudar a detonar. La Casa Blanca no se cansa de repetir en todos los tonos delenda est Caracas, delenda est La Habana. Como Catón, con su Carthaginem est delenda, no hay discurso de Bush en el que no hable de la necesidad de destruir la revolución cubana y, ahora, la bolivariana. Uribe es simplemente el instrumento de esa política provocadora y busca crear una situación de guerra en la región para justificar golpes de mano fronterizos, bombardeos (de aviones estadunidenses disfrazados de colombianos) e infiltraciones de saboteadores con el objetivo de ayudar a la burguesía venezolana, incluida la boliburguesía nueva y a la derecha de las fuerzas armadas de Venezuela para que den un golpe contra Chávez. Independientemente de los errores de la política económica de Caracas, las dificultades que enfrenta Venezuela, desde el desabastecimiento hasta el mercado negro y el aumento de la delincuencia, tienen su principal base en la desestabilización provocada e inducida, tal como sucedió desde la Revolución Francesa hasta hoy en todo proceso revolucionario.
En la OEA –¡nada menos que en esa organización que siempre ha sido el ministerio de colonias latinoamericanas de Washington!– el repudio al dúo Bush titiritero-Uribe marioneta descascarada ha sido demasiado grande como para que Bogotá pueda seguir adelante con sus matanzas y provocaciones. En lo inmediato, al hacer imposible la liberación de Ingrid Betancourt, ya resuelta por las FARC, Bogotá incluso se opone al gobierno francés, que es de derecha, pero de la derecha nacionalista, y su oposición al intercambio de rehenes alimentará la protesta militante de la oposición. Washington, que ha aplaudido el bombardeo a Ecuador, se mantiene incluso con una política de perfil bajo y podría dejar a Uribe como chivo expiatorio, contentándose con el reforzamiento del ala fascista del ejército colombiano. Una guerra en la que éste debiese combatir a la vez contra las FARC, contra Venezuela y contra el ejército ecuatoriano, fogueado hace poco en los combates victoriosos contra Perú, es muy poco probable. En cambio es previsible que siga la desestabilización del gobierno de Chávez (y también de los de Evo Morales y Rafael Correa) con otros medios más sutiles, y que el interlocutor de Washington en Colombia, mucho más que un Uribe desenmascarado y debilitado, sea la alianza militar-paramilitar-narcotraficantes, que es el factor de poder real en Bogotá. La lucha de la oposición civil colombiana por la paz, por una solución política al problema de los secuestrados por las FARC y de los presos políticos que tiene el gobierno en su poder, al concentrarse contra Uribe, podría permitir un recambio en el gobierno, para que todo siga igual, o sea, para que el bloque de clase político y social que hoy es representado por Uribe pueda seguir en el poder incluso sin éste, si las papas quemasen demasiado.
Una breve declaración de la Shell, la compañía petrolera angloholandesa, una de las Siete Hermanas, que fue publicada en Estados Unidos para los especialistas, nos da la clave de interpretación del ataque criminal contra el territorio ecuatoriano lanzado por el ejército de Colombia. Según ella, dada la previsible disminución constante de la producción petrolera mexicana, es esencial para la seguridad de Estados Unidos contar permanentemente con el abastecimiento en petróleo venezolano. Ahora bien, precisamente ése es el que está en peligro ante los intentos repetidos del gobierno de Washington de desestabilizar y derribar al de Hugo Chávez. Éste, en efecto, declaró ya con todas las letras –y no es hombre de fanfarronear– que si la agresión continuase y se agravese podría cortar el suministro petrolero a su principal cliente actual –Estados Unidos–, que es, además, el que ofrece más ventajas (un gran mercado, diferencias en los fletes, por ejemplo) que los demás.
Por eso, si el presidente derechista colombiano Álvaro Uribe provoca una situación bélica con Ecuador no es tanto para golpear militarmente a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) sino para dar un fuerte golpe político a la oposición de izquierda colombiana, que crece sin cesar, que no se identifica con las FARC ni con los métodos de éstas, que ya ha ganado las elecciones en Bogotá, Medellín, Cali, y que repudia los lazos de Uribe y del ejército con los paramilitares y, por medio de éstos, con el narcotráfico. Una de las razones de la incursión militar en Ecuador para asesinar a Raúl Reyes, es la necesidad de cortar de raíz el movimiento por la liberación de los rehenes (incluidos entre éstos los que tiene en sus manos el gobierno, que ascienden a más de 500) y por un acuerdo político de paz entre el gobierno y las FARC. Este movimiento es mucho más peligroso que la fuerza militar del enemigo, tanto para los fascistas militares respaldados por Estados Unidos que quieren continuar la guerra y esperan ganarla utilizando una mayor represión, como también para los aventureros militaristas en las propias FARC.
Pero la razón esencial reside en el acatamiento a la voz del amo, la del gobierno de Estados Unidos. Porque el equipo estadunidense gobernante no puede entrar en una fase de recesión, que provocará inquietud social, con el abastecimiento petrolero dependiente del radicalismo de Chávez y con la perspectiva de que el precio del combustible sea cada vez más caro y no disminuya ni siquiera en el caso de que cayese el consumo. Además, la combinación de su crisis de hegemonía (el empantanamiento en Irak), de su crisis económica y de la crisis política (posibilidad de triunfo de los demócratas) crea una mezcla explosiva que la chispa venezolana podría ayudar a detonar. La Casa Blanca no se cansa de repetir en todos los tonos delenda est Caracas, delenda est La Habana. Como Catón, con su Carthaginem est delenda, no hay discurso de Bush en el que no hable de la necesidad de destruir la revolución cubana y, ahora, la bolivariana. Uribe es simplemente el instrumento de esa política provocadora y busca crear una situación de guerra en la región para justificar golpes de mano fronterizos, bombardeos (de aviones estadunidenses disfrazados de colombianos) e infiltraciones de saboteadores con el objetivo de ayudar a la burguesía venezolana, incluida la boliburguesía nueva y a la derecha de las fuerzas armadas de Venezuela para que den un golpe contra Chávez. Independientemente de los errores de la política económica de Caracas, las dificultades que enfrenta Venezuela, desde el desabastecimiento hasta el mercado negro y el aumento de la delincuencia, tienen su principal base en la desestabilización provocada e inducida, tal como sucedió desde la Revolución Francesa hasta hoy en todo proceso revolucionario.
En la OEA –¡nada menos que en esa organización que siempre ha sido el ministerio de colonias latinoamericanas de Washington!– el repudio al dúo Bush titiritero-Uribe marioneta descascarada ha sido demasiado grande como para que Bogotá pueda seguir adelante con sus matanzas y provocaciones. En lo inmediato, al hacer imposible la liberación de Ingrid Betancourt, ya resuelta por las FARC, Bogotá incluso se opone al gobierno francés, que es de derecha, pero de la derecha nacionalista, y su oposición al intercambio de rehenes alimentará la protesta militante de la oposición. Washington, que ha aplaudido el bombardeo a Ecuador, se mantiene incluso con una política de perfil bajo y podría dejar a Uribe como chivo expiatorio, contentándose con el reforzamiento del ala fascista del ejército colombiano. Una guerra en la que éste debiese combatir a la vez contra las FARC, contra Venezuela y contra el ejército ecuatoriano, fogueado hace poco en los combates victoriosos contra Perú, es muy poco probable. En cambio es previsible que siga la desestabilización del gobierno de Chávez (y también de los de Evo Morales y Rafael Correa) con otros medios más sutiles, y que el interlocutor de Washington en Colombia, mucho más que un Uribe desenmascarado y debilitado, sea la alianza militar-paramilitar-narcotraficantes, que es el factor de poder real en Bogotá. La lucha de la oposición civil colombiana por la paz, por una solución política al problema de los secuestrados por las FARC y de los presos políticos que tiene el gobierno en su poder, al concentrarse contra Uribe, podría permitir un recambio en el gobierno, para que todo siga igual, o sea, para que el bloque de clase político y social que hoy es representado por Uribe pueda seguir en el poder incluso sin éste, si las papas quemasen demasiado.
Escrito por: Guillermo Almeyra
Tomado de: La Jornada
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Video Cumbre Grupo Rio Declaraciones Presidente Correa. Ecuador:
Países como fichas
El imperio, que no sabe cómo poner orden en su casa y se ha convertido en el paraíso de las cárceles (unos dos millones de presos), las adicciones y las ejecuciones escolares, ha entrado en una fase de aceleración de su intervencionismo sin paralelo en su historia (que ya es decir). “Dispone” de países y hemisferios como fichas de dominó, si no es que de un juego más simple como matatenas o toma y daca, sólo que incendiario y potencialmente suicida.
Las generaciones de posguerra tipo El americano impasible, de Graham. Greene, o El buen pastor, de Robert de Niro, iban “salvando” a la democracia de país en país. No que no tendieran hilos internacionales, sino que montaban sus guerras una por una, no todas juntas como en el actual status bellicus del mundo. De Corea a Somalia, administraban la guerra frígida. Igualmente, Estados Unidos dejó atrás su industria de golpes de Estado en Latinoamérica, y no por falta de ganas, de Guatemala en 1954 al cono sur en los años 70 y 80, que no fueron guerra sino “diplomacia”.
No que ahora el frenesí de guerras se le ha vuelto viruela. Tras incubar freedom fighters y Osamas, de un tirón el imperio se hunde a todo en Afganistán e Irak, prende una vela en Irán y atiza la hoguera de Israel en territorios palestinos, siembra tempestades en Kosovo y misiles en Europa central. Ahora empuja a Colombia a patear la mesa, a ver si pega, para salpicar a los inmanejables Ecuador y Venezuela, en una zona sudamericana ampliamente salida de su huacal.
Acusar de populismo a los modestos “socialismos” latinoamericanos no le basta. Ya no es tan fácil incubar cuartelazos, pues los pueblos han cambiado y ellos son los que tiran y ponen gobiernos: Ecuador, Bolivia, Venezuela. Y aunque el efecto se ha diluído, también lo hicieron Argentina, Brasil y de manera más chirle Uruguay. Lo de Perú sigue siendo una triste farsa (como lo sería aquí el eventual retorno del PRI-basura), como a fin de cuentas farsa es la jauja neoliberal de Chile y su gesticulante “democracia”. Paraguay sigue en veremos.
Cuba, una vez más y como hace 50 años, se cuece aparte, y su revolución institucionalizada, pero en resistencia sostenida, sigue teniendo más vidas que un gato, para rabia de sus eternamente frustrados enemigos. Y su influencia en la nueva Sudamérica es significativa.
El descaro bushiano hace malabares, urgido de gasolinas económicas y ganchos electorales para mantener funcionando sus oxidados engranes morales y materiales. Mantienen el “alma” del imperio dos tristes certezas: no hay mejor negocio que la guerra, y tienen a Dios de su lado.
Con irresponsabilidad criminal, y gobernantes que son agentes suyos como los de Colombia, Pakistán y Kosovo, el imperio dispone de naciones, fronteras y pueblos, y combatiendo los nacionalismos soberanos juega con las bombas del patrioterismo ajeno. En la ex Yugoslavia eso adoptó un estilo siniestro. ¿Qué intenta en el norte de la América austral? ¿Un amplificado “efecto Malvinas”?
¿Un nacionalismo patriotero en la devastada, pero rica Colombia (dos millones de desplazados, genocido de indígenas, una “guerra civil” con un gobierno paramilitar y paranarco)? ¿Pudrir, al grito de patria o muerte, la vecindad con Venezuela y Ecuador, arrastrarlos a su lógica y hacerle el trabajo de cañería al imperio que quizá apuntale a los “autonomistas” ricos de Bolivia?
Bueno, estos pueblos han demostrado en la década reciente que no son “fichas” del imperio. Qué queda sino confiar en su sabiduría de pueblos para evitar el incendio.
Escrito por: Hermann Bellinghausen
Tomado de: La Jornada 10/03/2008
CENTRO DE MEDIOS LIBRES CHIHUAHUA
Las generaciones de posguerra tipo El americano impasible, de Graham. Greene, o El buen pastor, de Robert de Niro, iban “salvando” a la democracia de país en país. No que no tendieran hilos internacionales, sino que montaban sus guerras una por una, no todas juntas como en el actual status bellicus del mundo. De Corea a Somalia, administraban la guerra frígida. Igualmente, Estados Unidos dejó atrás su industria de golpes de Estado en Latinoamérica, y no por falta de ganas, de Guatemala en 1954 al cono sur en los años 70 y 80, que no fueron guerra sino “diplomacia”.
No que ahora el frenesí de guerras se le ha vuelto viruela. Tras incubar freedom fighters y Osamas, de un tirón el imperio se hunde a todo en Afganistán e Irak, prende una vela en Irán y atiza la hoguera de Israel en territorios palestinos, siembra tempestades en Kosovo y misiles en Europa central. Ahora empuja a Colombia a patear la mesa, a ver si pega, para salpicar a los inmanejables Ecuador y Venezuela, en una zona sudamericana ampliamente salida de su huacal.
Acusar de populismo a los modestos “socialismos” latinoamericanos no le basta. Ya no es tan fácil incubar cuartelazos, pues los pueblos han cambiado y ellos son los que tiran y ponen gobiernos: Ecuador, Bolivia, Venezuela. Y aunque el efecto se ha diluído, también lo hicieron Argentina, Brasil y de manera más chirle Uruguay. Lo de Perú sigue siendo una triste farsa (como lo sería aquí el eventual retorno del PRI-basura), como a fin de cuentas farsa es la jauja neoliberal de Chile y su gesticulante “democracia”. Paraguay sigue en veremos.
Cuba, una vez más y como hace 50 años, se cuece aparte, y su revolución institucionalizada, pero en resistencia sostenida, sigue teniendo más vidas que un gato, para rabia de sus eternamente frustrados enemigos. Y su influencia en la nueva Sudamérica es significativa.
El descaro bushiano hace malabares, urgido de gasolinas económicas y ganchos electorales para mantener funcionando sus oxidados engranes morales y materiales. Mantienen el “alma” del imperio dos tristes certezas: no hay mejor negocio que la guerra, y tienen a Dios de su lado.
Con irresponsabilidad criminal, y gobernantes que son agentes suyos como los de Colombia, Pakistán y Kosovo, el imperio dispone de naciones, fronteras y pueblos, y combatiendo los nacionalismos soberanos juega con las bombas del patrioterismo ajeno. En la ex Yugoslavia eso adoptó un estilo siniestro. ¿Qué intenta en el norte de la América austral? ¿Un amplificado “efecto Malvinas”?
¿Un nacionalismo patriotero en la devastada, pero rica Colombia (dos millones de desplazados, genocido de indígenas, una “guerra civil” con un gobierno paramilitar y paranarco)? ¿Pudrir, al grito de patria o muerte, la vecindad con Venezuela y Ecuador, arrastrarlos a su lógica y hacerle el trabajo de cañería al imperio que quizá apuntale a los “autonomistas” ricos de Bolivia?
Bueno, estos pueblos han demostrado en la década reciente que no son “fichas” del imperio. Qué queda sino confiar en su sabiduría de pueblos para evitar el incendio.
Escrito por: Hermann Bellinghausen
Tomado de: La Jornada 10/03/2008
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jueves, 6 de marzo de 2008
Qué hacer con la guerrilla
El Estado se puede deshacer de un movimiento armado opositor de múltiples maneras. Las más obvias son la liquidación (asesinato o encarcelamiento de todos sus integrantes y de su “entorno”, desde dirigentes, militantes y simpatizantes reales y potenciales, hasta todos aquellos que pudieran llegar a estar de acuerdo con uno o más de los puntos del programa de la guerrilla) y la rendición: las autoridades políticas renuncian en masa, los empleados que permanecen en las sedes les entregan las llaves a los insurrectos y con ello se termina, de raíz, la guerrilla.
Muchos gobernantes actúan como si sólo existieran esas dos soluciones, pero hay otras, intermedias. Una, nada mala, consiste en ir más allá de la visión estrecha de una legalidad a rajatabla (aplicada sólo contra los opositores) y entender que, más allá de las infracciones a la ley vigente que conlleva todo movimiento armado, hay descontentos sociales, económicos y políticos que no tienen otra vía de expresión que la violencia, y atender entonces las causas profundas que nutren de razones, de combatientes y de discurso a los grupos armados. Antes, después o en el transcurso de las medidas correspondientes, puede tener lugar, en forma paralela, una negociación de paz. O no: tal vez baste con que el gobierno se aplique a corregir desigualdades, injusticias y atropellos ancestrales para que se disuelva lo principal de la base de la guerrilla y a sus líderes no les quede más remedio que retirarse a escribir sus memorias.
A los gobiernos casi nunca les da por ir al fondo de las cosas ni por admitir que a los opositores armados les asiste la razón, al menos parcialmente. Se ha visto que prefieren repartir dinero en algunos sectores populares y armar grupos contrarios a los insurgentes, comprar a los dirigentes con cargos y con admisiones a trasmano al círculo de los selectos (incluso se les permite emparentar con buenas familias) y propiciar la descomposición del movimiento opositor hasta lograr que nadie tenga claro cuál de los bandos en la guerra es más delincuencial.
Generalmente, los poderosos recurren a una combinación de varias de las medidas señaladas. Álvaro Uribe, en Colombia, había venido apostándole a una pinza de exterminio conformada por las fuerzas regulares y por la conversión de sus amigos narcos y paramilitares en potentados electorales con peso propio, en líderes regionales, en cargos legislativos y en un poder creciente dentro del Estado. En esa receta, todo margen cedido a un proceso de paz sería contraproducente, y de allí su empeño en torpedear cualquier negociación con la guerrilla, por embrionaria que fuera.
Pero las cosas no han marchado bien para el presidente colombiano. En el congreso estadunidense han salido a relucir sus viejos vínculos con el tráfico de drogas y poco le han agradecido su esfuerzo por crear en América Latina la guerra bushiana “contra el terrorismo”. Además, y a pesar de las fronteras más bien difusas entre las FARC y la delincuencia común, las primeras siguen siendo una organización arraigada y dueña de un discurso político que encuentra eco en la miseria, en la desigualdad y en la opresión que afectan a buena parte de los colombianos. En esas circunstancias, Uribe empieza a ensayar la solución más insensata de todas las imaginables para acabar con una guerrilla: internacionalizar el conflicto y volverlo una confrontación regional. Por eso invadió Ecuador y por eso asesinó, en ese país, a una veintena de insurrectos, entre ellos el dirigente Raúl Reyes, quien era una pieza fundamental para lograr la liberación de los secuestrados civiles en
poder de las FARC. Es lo que se conoce como una huida hacia delante, y casi siempre resulta desastroso.
Escrito por: Pedro Miguel
Tomado de: La Jornada 04/03/2008
Caricatura de: EL FISGÓN
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El chico superpoderoso
México, D.F., 5 de marzo (apro).- A unos cuantos días de llegar a la Secretaría de Gobernación, Juan Camilo Mouriño ya era apodado “El chico superpoderoso”. Pero un mes después, sus superpoderes ya están minados y su sonrisa de portada de revista del corazón es ahora una mueca de preocupación.
El 16 de enero Mouriño tomó posesión de la Secretaría de Gobernación en lugar de Francisco Ramírez Acuña, quien en un año no logró consolidar las relaciones con los partidos ni agarrar los hilos de la política nacional. Tres semanas después, el político y empresario panista no aguantó la tentación y cometió el pecado favorito de la clase política: la vanidad, el mismo en el que tanto cayó Martha Sahagún el sexenio pasado.
La portada de la revista Quién se la dedicaron y, vestido de un traje “Hermenegildo Zegna”, lució como modelo bajo el título de “El chico superpoderoso” y con el atributo de ser “el galán del gabinete”.
En ese reportaje se le descubrieron sus mayores atributos y facultades extraordinarias: es cliente del los antros de moda; le gusta cantar y bailar la salsa y la cumbia; toma ron; es vanidoso porque nunca se quita el saco para no dejar ver las lonjas de la cadera; nunca deja de asistir a las “cascaritas” de fútbol en Los Pinos y, sobre todo, es amigo de Felipe Calderón.
Su esposa María de los Ángeles Escalante es hija del empresario constructor Eduardo Escalante Escalante, y su padre, Carlos Mouriño Atanes, es dueño del equipo de fútbol español Celta de Vigo, donde el chico superpoderoso nació.
De manera paralela, en otros medios comenzaron también a descubrir sus virtudes de político moderno y de su carrera meteórica –no obstante que sólo ha sido diputado – y, como si fueran logros y no una de sus responsabilidades básicas, destacaron las reuniones de trabajo con algunos representantes de los partidos.
Un mes y medio le duró la miel sobre hojuelas. Los poderes de “Iván”, como le dicen familiarmente, fueron menguados a la primera jugada política. El jugador estrella del equipo “Los Mueganos”, como se dicen los más cercanos a Calderón, resintió de inmediato el cambio de posición. Ya no era el “cazagoles” que jugaba protegido desde la secretaría particular de la Presidencia, sino el guardameta. Y a la primera jugada los goles entraron de inmediato.
El domingo 24 de febrero, Andrés Manuel López Obrador reveló, en un acto en el zócalo capitalino, las pruebas del tráfico de influencias de Moruriño, quien siendo diputado y asesor de la Secretaría de Energía, firmó contratos con Pemex a empresas propiedad de su padre Ivancar y Grupo Energético del Sureste.
La familia Mouriño hizo un negocio de 100 millones de pesos, de los cuales los contratos firmados por el chico maravilla significaron 26 millones.
La cascada de información de los negocios ilícitos del secretario de Gobernación ha caído sin cesar en los últimos días. El último dato es que el suegro de Juan Camilo Mouriño, Eduardo Escalante, recibió en enero contratos de obra pública superiores en monto al que obtuvo todo 2007.
El reportero Diego Osorno, del diario Milenio, acreditó que apenas una semana y media después de que Mouriño llegó a la Secretaría de Gobernación, su suegro dueño de la Constructora Escalante S. A. de C. V., ganó contratos por más de 299 millones de pesos de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.
Hasta el momento, el gobierno federal no ha desmentido esta información ni la expuesta por López Obrador. La respuesta de Mouriño al perredista fue sibilina, sin fuerza: es “mezquino y doloso”, como si con descalificaciones pudiera borrar las pruebas.
A nivel político, difícilmente el secretario de Gobernación podrá reponerse de este golpe certero porque ha mermado su calidad de interlocutor. Quizá legalmente encuentren un artificio para salir del escollo, pero desde la opinión pública Mouriño no tiene el crédito necesario para encabezar las negociaciones más importantes del gobierno calderonista.
Seguramente, es por esto que la secretaria de Energía, Georgina Kessel, es ahora la encargada de las negociaciones de la reforma energética y no el secretario de Gobernación como en un principio se hizo.
Esta decisión muestra que, para Felipe Calderón, su amigo Iván se transformó, por lo menos en este momento crucial, en un lastre más que en una salida al problema que le representa sacar la reforma energética.
Y, paradójicamente, para el dirigente del PAN, Germán Martínez, es una oportunidad para mostrar su fortaleza política al encabezar la estrategia de reparación de daños y anotarse un punto importante en la carrera presidencial.
Cuando Mouriño estuvo en la secretaría particular de la Presidencia, lo compararon con José María Córdoba, el poderoso asesor de Carlos Salinas de Gortari. Después, cuando llegó a la Secretaría de Gobernación, por su edad hubo quien lo comparó con el general Lázaro Cárdenas, quien hasta hoy sigue siendo el político más joven en llegar a esa dependencia.
Hoy, esos superpoderes empiezan a desvanecerse y el amigo de Calderón comienza a tomar su estatura y eso, para los adversarios políticos del PAN y del gobierno, es muy favorable, pues tendrán enfrente a un interlocutor frágil, débil y expuesto al descrédito. El problema para Calderón será cuánto tiempo lo sostendrá y a quien pondría si su carta política más fuerte ha quedado evidenciada en la mesa del juego político.
El 16 de enero Mouriño tomó posesión de la Secretaría de Gobernación en lugar de Francisco Ramírez Acuña, quien en un año no logró consolidar las relaciones con los partidos ni agarrar los hilos de la política nacional. Tres semanas después, el político y empresario panista no aguantó la tentación y cometió el pecado favorito de la clase política: la vanidad, el mismo en el que tanto cayó Martha Sahagún el sexenio pasado.
La portada de la revista Quién se la dedicaron y, vestido de un traje “Hermenegildo Zegna”, lució como modelo bajo el título de “El chico superpoderoso” y con el atributo de ser “el galán del gabinete”.
En ese reportaje se le descubrieron sus mayores atributos y facultades extraordinarias: es cliente del los antros de moda; le gusta cantar y bailar la salsa y la cumbia; toma ron; es vanidoso porque nunca se quita el saco para no dejar ver las lonjas de la cadera; nunca deja de asistir a las “cascaritas” de fútbol en Los Pinos y, sobre todo, es amigo de Felipe Calderón.
Su esposa María de los Ángeles Escalante es hija del empresario constructor Eduardo Escalante Escalante, y su padre, Carlos Mouriño Atanes, es dueño del equipo de fútbol español Celta de Vigo, donde el chico superpoderoso nació.
De manera paralela, en otros medios comenzaron también a descubrir sus virtudes de político moderno y de su carrera meteórica –no obstante que sólo ha sido diputado – y, como si fueran logros y no una de sus responsabilidades básicas, destacaron las reuniones de trabajo con algunos representantes de los partidos.
Un mes y medio le duró la miel sobre hojuelas. Los poderes de “Iván”, como le dicen familiarmente, fueron menguados a la primera jugada política. El jugador estrella del equipo “Los Mueganos”, como se dicen los más cercanos a Calderón, resintió de inmediato el cambio de posición. Ya no era el “cazagoles” que jugaba protegido desde la secretaría particular de la Presidencia, sino el guardameta. Y a la primera jugada los goles entraron de inmediato.
El domingo 24 de febrero, Andrés Manuel López Obrador reveló, en un acto en el zócalo capitalino, las pruebas del tráfico de influencias de Moruriño, quien siendo diputado y asesor de la Secretaría de Energía, firmó contratos con Pemex a empresas propiedad de su padre Ivancar y Grupo Energético del Sureste.
La familia Mouriño hizo un negocio de 100 millones de pesos, de los cuales los contratos firmados por el chico maravilla significaron 26 millones.
La cascada de información de los negocios ilícitos del secretario de Gobernación ha caído sin cesar en los últimos días. El último dato es que el suegro de Juan Camilo Mouriño, Eduardo Escalante, recibió en enero contratos de obra pública superiores en monto al que obtuvo todo 2007.
El reportero Diego Osorno, del diario Milenio, acreditó que apenas una semana y media después de que Mouriño llegó a la Secretaría de Gobernación, su suegro dueño de la Constructora Escalante S. A. de C. V., ganó contratos por más de 299 millones de pesos de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.
Hasta el momento, el gobierno federal no ha desmentido esta información ni la expuesta por López Obrador. La respuesta de Mouriño al perredista fue sibilina, sin fuerza: es “mezquino y doloso”, como si con descalificaciones pudiera borrar las pruebas.
A nivel político, difícilmente el secretario de Gobernación podrá reponerse de este golpe certero porque ha mermado su calidad de interlocutor. Quizá legalmente encuentren un artificio para salir del escollo, pero desde la opinión pública Mouriño no tiene el crédito necesario para encabezar las negociaciones más importantes del gobierno calderonista.
Seguramente, es por esto que la secretaria de Energía, Georgina Kessel, es ahora la encargada de las negociaciones de la reforma energética y no el secretario de Gobernación como en un principio se hizo.
Esta decisión muestra que, para Felipe Calderón, su amigo Iván se transformó, por lo menos en este momento crucial, en un lastre más que en una salida al problema que le representa sacar la reforma energética.
Y, paradójicamente, para el dirigente del PAN, Germán Martínez, es una oportunidad para mostrar su fortaleza política al encabezar la estrategia de reparación de daños y anotarse un punto importante en la carrera presidencial.
Cuando Mouriño estuvo en la secretaría particular de la Presidencia, lo compararon con José María Córdoba, el poderoso asesor de Carlos Salinas de Gortari. Después, cuando llegó a la Secretaría de Gobernación, por su edad hubo quien lo comparó con el general Lázaro Cárdenas, quien hasta hoy sigue siendo el político más joven en llegar a esa dependencia.
Hoy, esos superpoderes empiezan a desvanecerse y el amigo de Calderón comienza a tomar su estatura y eso, para los adversarios políticos del PAN y del gobierno, es muy favorable, pues tendrán enfrente a un interlocutor frágil, débil y expuesto al descrédito. El problema para Calderón será cuánto tiempo lo sostendrá y a quien pondría si su carta política más fuerte ha quedado evidenciada en la mesa del juego político.
Escrito por: José Gil Olmos
Caricatura de : EL FISGÓN
Tomado de : http://www.proceso.com.mx/
Tomado de : http://www.proceso.com.mx/
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jueves, 28 de febrero de 2008
| Frente Nacional Contra la Represión |
Contacto de prensa: Inti Martínez Gaytán Tel. 04455 1510 8581 E-mail: fncr07@gmail.com Comunicado de prensa FNCR 009/001 |
México, D.F., jueves 28 de febrero de 2008 |
A LA OPINIÓN PÚBLICA
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POSTURA DEL FRENTE NACIONAL CONTRA LA REPRESIÓN (FNCR) EN RELACIÓN A LA APROBACIÓN DE LA LLAMADA REFORMA JUDICIAL
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Una vez que la Reforma Judicial fue sometida nuevamente a la consideración de la Cámara de Diputados, y votada el día martes 26 de febrero, y frente a la discusión del día de hoy en la Cámara de Senadores, el FNCR expresa lo siguiente: 1. Desde que nuestra Asamblea Nacional tomó el acuerdo de luchar contra la aprobación de las Reformas a la Constitución en materia de Justicia Penal, en el mes de diciembre, el FNCR hizo público un pronunciamiento en el que rechaza de manera integral la iniciativa de reformas a los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 73, 115 y 123 porque significa elevar a rango constitucional la violación a garantías ya establecidas en nuestra Carta Magna. 2. Desde entonces hemos venido denunciando que con el argumento de hacer más eficaz el combate a la delincuencia, la llamada Reforma Judicial está dirigida a consolidar los cambios al marco jurídico destinados a legalizar la criminalización de las luchas y los movimientos sociales. La tendencia en estos últimos años así lo demuestra, cientos de luchadores sociales se encuentran encarcelados, procesados y perseguidos por su participación en las luchas sociales pero acusados injustamente de cargos y delitos del fuero común. En este sentido, las modificaciones a la Constitución, se constituyen en un verdadero retroceso en materia de derechos humanos y acentúan el carácter autoritario y policiaco del Estado mexicano. 3. Definitivamente nos oponemos al allanamiento, al cateo y el ingreso a un domicilio sin orden judicial, por la gravedad y el carácter fascista de esta medida, por lo cual la eliminación de la figura del allanamiento, en todo caso, la percibimos como el resultado de la movilización de un amplio sector de la sociedad que se pronunció en contra y de manera particular: la movilización de los ciudadanos y las organizaciones agrupadas en el FNCR. 5. Pero esto último también es la demostración de que no todo se define al interior del Congreso y de acuerdo a los cálculos políticos de los partidos. La lucha por la defensa de los derechos humanos y de las garantías consagradas en nuestra Carta Magna, es una lucha de toda la sociedad y también se da en la calle y desde todas las tribunas a nuestro alcance. Por ello ante el anuncio de que en los próximos días la llamada Reforma Judicial será nuevamente sometida a la consideración del Senado, exigimos nuevamente que sea desechada en su totalidad. 6. La reforma debe ser desechada porque eleva a rango constitucional la figura del arraigo, y como lo señala: "El artículo 9° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Político y el artículo 7° de la Convención Americana de Derechos Humanos que reconocen el derecho de toda persona a la libertad y a la seguridad personales. Ambos instrumentos jurídicos señalan además, que toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad". 7. La reforma debe ser desechada porque contempla la prisión preventiva, y de acuerdo al señalamiento en: "El párrafo tercero del artículo 9° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece expresamente que la prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general. Esa disposición determina que la prisión preventiva debe ser excepcional y breve." También señala que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que: "la prisión preventiva como regla de aplicación general en los procesos penales, es contraria a las normas de la Convención Americana, pues viola el derecho a la libertad personal y a la presunción de inocencia". 8. La reforma debe ser desechada porque intencionalmente y no por descuido define con ambigüedad a la delincuencia organizada. En este sentido, el mismo representante de la ONU señala que: "El proyecto al no especificar todos los elemento contenidos en la definición de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional introduce una definición abierta mediante la cual se podría extender a otras situaciones u otras personas ajenas a la delincuencia organizada". Consideramos que en ese sentido basta con la reunión de tres o mas ciudadanos comunes y corrientes para que puedan ser catalogados como delincuencia organizada, lo cual es un peligro para toda la sociedad desde cualquier punto de vista, por la discrecionalidad y la politización que permea la administración de la justicia en nuestro país. En síntesis: a) Se pretende elevar a nivel constitucional las graves violaciones a las garantías individuales y derechos humanos, que ya se han materializado en la hasta hoy inconstitucional Ley Federal en contra de la Delincuencia Organizada y, b)…se legaliza el hasta hoy inconstitucional régimen de exterminio que existía ya en los Centros de Readaptación Social. 9. La reforma debe ser desechada, porque de acuerdo con la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, en su artículo 27 establece que "Una parte no podrá invocar disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado". Ello supone que los Estados deben adecuar su normatividad interna con el derecho internacional y no realizar reformas que puedan contravenir y comprometer la responsabilidad del Estado mexicano en el ámbito internacional. Por estas razones: 10. Anunciamos desde ahora, que en caso de consumarse la aprobación en el Senado, mantendremos nuestra lucha en el Distrito Federal y en todos los Estados de la República para exigir a los Congresos locales el rechazo a la Reforma. Además, si fuese necesario acudiremos a todas los recursos jurídicos, como son: la controversia o la acción de inconstitucionalidad, los amparos, y finalmente llevaremos el caso a las instancias internacionales que correspondan. Para el FNCR, la aprobación de la Reforma Judicial en la Cámara de Diputados es un triunfo de Calderón, el cual junto con su partido, y los que votaron a favor de esta ley, transformaron la constitución muy a su modo para ya no tener que ser juzgados, por llevar a cabo crímenes de lesa humanidad, sino llevarlos a cabo con la ley en la mano: "Reforma Judicial", "Ley contra el Terrorismo", etcétera. Y dentro de esta lógica introducen términos y conceptos como narcotráfico y otros, que son utilizados como instrumentos para justificar una guerra, y es así como los militares entran en funciones de seguridad y vigilancia interna, que correspondían constitucionalmente a las policías, y con esta ley a estas se les dará capacidad y autoridad ilimitadas, además de que nunca especifican a cuales policías, teniendo esto como resultado la generalización de detenciones arbitrarias y violentas. Por otra parte también estas funciones podrán recaer en "civiles" con el poder de utilizar armas y en consecuencia se legalizan los grupos paramilitares, los escuadrones de la muerte, las brigadas blancas, se permite el camuflaje de los unos en los otros sin la responsabilidad de ninguno, y su denominador común de todos ellos es como bien sabemos acabar con la disidencia organizada, con los movimientos sociales y con la misma sociedad civil si toma partido, como son los casos de Chiapas, Atenco, Oaxaca, Guerrero, etcétera. Por otra parte, la Reforma Judicial permite que si un acusado acepta su culpabilidad, se concluya el juicio y se le ofrezcan al acusado beneficios, tal hecho favorece por si mismo la tortura. Además, con esta Reforma se favorece la agudización del marco legal represivo, ya que actualmente en la Cámara de Diputados se va a discutir la aprobación d un decreto para reglamentar el artículo 29 constitucional, con el objeto de incluir la figura de estado de excepción que permitiría a Calderón, limitar aun más las garantías individuales. Esta ley aprobada por mayoría, al igual que la ley contra el terrorismo y la perversa y oscura Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte se suman a los sombríos planes del gobierno de Calderón llevados a cabo en la Cámara de Diputados y cierran el circulo para formar un Estado de Terror, constitucionalmente hablando en sus justos términos jurídicos un Estado Policiaco, con el cual los grupos en el poder podrán en consecuencia: justificar desapariciones, limitar y socavar la libertad de expresión, de reunión y de movilización de la sociedad en torno a sus intereses. Para diseñar un Plan articulado de movilizaciones en todo el país, el FNCR celebrará su Cuarta Asamblea Nacional el próximo 9 de marzo, en la comunidad de Aguascalientes, del municipio de Acapulco, Guerrero, donde los compañeros del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Parota (CECOP) alojarán este encuentro nacional. |
Comisión de Difusión, Prensa y Propaganda fncr07@gmail.com |
miércoles, 27 de febrero de 2008
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Por casualidad me enteré de que la OEA existía, al leer hoy un cable de Internet con el artículo de Georgina Saldierna, publicado en La Jornada , titulado "Descarta Insulza que Cuba pueda ser reaceptada de inmediato en la OEA". Nadie se acordaba de ella. Véase el carácter antediluviano del argumento. "El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, descartó ayer que Cuba se pueda reincorporar de inmediato al organismo multilateral, entre otras razones porque no hay consenso sobre el tema entre sus miembros." "Por su lado, Insulza consideró que un requisito que tendría que cumplir Cuba para su plena reincorporación a la OEA es atender las normas de la organización, entre las cuales se incluye la Carta Democrática Interamericana y la Convención de Derechos Humanos." Si no es suficiente para divertirse, vea el artículo de Antonio Caño, de El País el 21 de febrero de 2008, "El aislamiento de la isla sólo sirve para perpetuar la agonía del régimen". "Una de las voces más autorizadas del exilio cubano, el empresario Carlos Saladrigas, confía en que la dimisión de Fidel Castro puede ser ‘la puerta que abre definitivamente al cambio' y pide a la comunidad cubana de Miami y al Gobierno de Estados Unidos que actúen con ‘prudencia' y con ‘voluntad conciliadora', con el fin de no desaprovechar esta oportunidad. "Saladrigas, que preside una pequeña organización llamada Grupo de Estudios Cubanos, integrada en un colectivo de otras asociaciones políticas y de derechos humanos conocido como Consenso Cubano, ha gastado en los últimos años millones de su fortuna particular para poner en marcha un embrión de alternativa moderada y centrista a los viejos dirigentes radicales que dominaban la comunidad cubana en Estados Unidos. En el páramo de liderazgo en que quedó Miami tras la muerte de Jorge Mas Canosa, Saladrigas es una voz respetada entre los círculos intelectuales, y escuchada por los medios de comunicación y los diplomáticos extranjeros. "En una conversación telefónica desde la República Dominicana , Saladrigas declaró: ‘seguir aislando a Cuba sólo sirve para perpetuar la agonía del régimen.' "‘Este es un momento de gran esperanza, tanto para los cubanos del exilio como para los disidentes en el interior. "‘El exilio debe ayudar estimulando los pasos que se vayan dando en Cuba, no rechazándolos. Las transiciones se hacen paso a paso. "‘Hay que conseguir que el régimen le pierda el miedo al exilio; cuanto menos miedo tenga, más rápido va a ir todo.' El cambio, en su opinión, es imparable." "En Florida vive un millón de cubanos con recursos suficientes como para revitalizar la maquinaria económica de la isla en muy poco tiempo si se dan las condiciones adecuadas, que deben de ser creadas tanto por Estados Unidos como por Cuba. El primero, levantando las restricciones a los ciudadanos norteamericanos para invertir en la isla, y el segundo, legalizando la propiedad privada y la actividad económica extranjera. "Una vez que se den esas condiciones, en opinión de Saladrigas, las reformas políticas serán automáticas. La medida más urgente sería la liberación de los presos políticos. Cumplido eso, y abierta la puerta a la inversión, el exilio podría convertirse en el mayor fondo de ayuda que ninguna transición política ha conocido en la historia, afirma." Carlos Saladrigas me suena en el oído como nombre y apellido que escuché muchas veces cuando, como colegial de 18 años, concluía mis estudios en el quinto y último curso de Bachillerato. Era el candidato escogido por Batista al terminar el último año de su mandato constitucional. Antes había sido su Primer Ministro. Estaba finalizando la segunda guerra mundial. ¡Qué barato nos quiere comprar el nuevo Carlos Saladrigas! Con el dinero de Miami, "el mayor fondo de ayuda que ninguna transición ha conocido en la historia", algo que Estados Unidos no ha podido lograr con todo el dinero del mundo. La realidad es otra y esta no se oculta a los que observan con realismo los acontecimientos que tienen lugar en Cuba. Un artículo de David Brooks, publicado hace menos de 12 horas en el diario La Jornada, de México, bajo el título "Estados Unidos relegado a simple espectador de la transición política en Cuba", utiliza argumentos dignos de subrayarse. "Nueva York, 20 de febrero.—No cesa de asombrar cómo uno de los países más pequeños del mundo obliga a que los líderes políticos, empresariales, mediáticos y académicos del país más poderoso del mundo tengan que responder ante sus decisiones de hacer o no hacer, cambiar o no, o simplemente dejar todo en misterio. "Durante las últimas 24 horas el presidente George W. Bush, los altos funcionarios de su Departamento de Estado, su Consejo de Seguridad Nacional, legisladores federales, los precandidatos presidenciales y otras figuras políticas de primer nivel, analistas políticos y los principales centros de política exterior, todos los principales medios impresos y electrónicos, agrupaciones de derechos humanos, y más, han respondido a la decisión de Fidel Castro de no postularse por otro período. "Mientras se procede con una transición política en Cuba, nadie aquí espera algún cambio durante los pocos meses que quedan de la presidencia de George W. Bush, el décimo presidente estadounidense que prometió imponer cambios en la isla, sólo para acabar su período con Fidel Castro aún definiendo la política de su propio país y desafiando al superpoder. "Y una vez más, Washington y todos los expertos fueron reducidos a simples espectadores y tuvieron que reconocer que la transición es la determinada por Cuba, y no el resultado de la política que Washington ha promovido durante medio siglo." "Julia Sweig, experta en la relación bilateral y directora del programa de América Latina para el Council on Foreign Relations , subrayó: que se debería haber levantado el embargo y otras restricciones que sólo han limitado a la política exterior estadounidense justo en este tipo de coyuntura. "El ex coronel Lawrence Wilkerson —mano derecha del general Colin Powell y ahora copresidente de la Iniciativa de política EU-Cuba del New America Foundation—, consideró una vez más que esta coyuntura ofrece una oportunidad para cambiar la postura estadounidense, aunque admitió que ‘nuestra política hacia Cuba es un fracaso' y no habrá ningún cambio bajo esta presidencia. Los precandidatos y otros deberían iniciar una evaluación de esta política, incluyendo cosas obvias como levantar la prohibición de viajes y algunos aspectos del embargo, para que el próximo ocupante de la Casa Blanca pueda implementar algunos cambios. "El New York Times hace eco de estas perspectivas en su editorial de hoy, indicando que el gobierno de Bush ha hecho todo lo posible ‘para asegurar que no tiene la oportunidad de influir en los eventos' en Cuba. ‘En nombre de apretar el fracasado embargo, ha hecho mucho más difícil para académicos, artistas y gente religiosa viajar a Cuba y difundir la buena palabra sobre la democracia.' El Times propone dejar a un lado los intereses de Miami, aun si es particularmente difícil en un año electoral para abrir comunicación directa con Cuba y ‘los sucesores del señor Castro'. "Con el anuncio de Castro desde La Habana, la dinámica política dentro de Estados Unidos también puede cambiar. Los tres principales precandidatos se pronunciaron sobre el asunto ayer, con el republicano John McCain y la demócrata Hillary Clinton repitiendo la retórica de siempre de que Cuba tiene que demostrar cambios antes de que Washington considere un cambio de su política. "El demócrata Barack Obama —quien en 2003 como candidato al Senado abogó por levantar el embargo— ha condicionado su posición ahora, pero es el único que ha favorecido aflojar las restricciones a viajes y el envío de fondos a la isla, y ayer dijo que si hay muestras de un cambio hacia la democratización en la isla, ‘Estados Unidos debe estar preparado para dar pasos hacia la normalización de las relaciones y suavizar el embargo'." "‘Hemos tenido una mala política durante 50 años, por razones que no tienen nada que ver con Cuba', declaró el representante federal Charles Rangel, presidente de uno de los comités más influyentes del Congreso, reportó el Wall Street Journal . Varios legisladores más perciben este momento como una apertura posible para promover cambios en la política bilateral. "El sector empresarial, que desde hace años ha manifestado su oposición al embargo, también podría ver esta como una oportunidad para redoblar esfuerzos para cambiar la política estadounidense, con el apoyo bipartidista de legisladores y gobernadores que ven el mercado cubano como algo más atractivo que mantener una posición ideológica alineada con un presidente y su gobierno cada vez más desprestigiado en Washington. "Al parecer, la transición en Cuba podría provocar una transición dentro de Estados Unidos. Pero tal vez Washington y Miami son más renuentes al cambio que La Habana." Como pueden apreciar los lectores, he trabajado poco mientras espero la decisión trascendente del 24. Ahora sí estaré varios días sin usar la pluma. | ||||
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martes, 26 de febrero de 2008
Vendan Pemex
Está bien. Encuentren un eufemismo políticamente correcto para bautizar la operación: apertura, desincorporación parcial, modernización, fortalecimiento, reforma, bursatilización, liberalización dentro del marco constitucional, y vendan Pemex. No se sonrojen con sus contradicciones e inconsecuencias: postulen un día la pertinencia de “permitir la incorporación de capital privado” en la paraestatal y, en función de las conveniencias coyunturales, aseguren al siguiente que ésta “tiene que seguir siendo del gobierno y de los mexicanos”. Siembren la confusión y el desconcierto, y vendan Pemex. Sigan quemando el dinero que obtienen del petróleo y manden a Calderón a entrevistarse con todos los alguaciles de Estados Unidos, y a Sergio Vela, a conocer más a fondo la Muralla China. Agasajen con bonos, coches y retiros millonarios a ministros de la Suprema Corte que encubren la pedofilia y a senadores y diputados tan modernos que la inviolabilidad del domicilio les resulta una antigualla. Destinen una parte sustancial del presupuesto a pagar indemnizaciones por los daños que sufrieron los banqueros y otros deudores privados a consecuencia de su propia falta de escrúpulos y de su torpeza.
Confiesen a voz en cuello disparates como la adquisición de gasolina en Asia (“a un precio mayor al que la vende Pemex”) y cierren el paso, valiéndose de todo –del presupuesto que todavía ejercen, de los loros mediáticos, del fraude electoral, del arzobispo, de sus dos capillas de intelectuales orgánicos, de la procuraduría, de los juramentos de asistencia mutua entre pederastas, de los toletes, de las dirigencias sindicales maceradas en dinero sucio–, a proyectos de gobierno como el que proponía la construcción urgente de refinerías en el territorio nacional para reducir la dependencia de productos refinados de petróleo.
Perseveren en su empeño de lograr una paraestatal oxidada y desgajada en concesiones y convenios de riesgo y coinversión, y adquieran ustedes mismos, a precios de liquidación, los pedazos resultantes. Así estarán en condiciones de disfrutar legalmente de las ganancias petroleras, sin tanto riesgo como ahora, cuando tienen que esconder sus maniobras de apropiación subrepticia que la gente llama raterías.
Compren conciencias y votos; garanticen la permanencia en el cargo a gobernadores abiertamente delincuenciales; mantengan instituciones y siglas de relumbrón, secretarías virtuales, dependencias fantasmagóricas que justifican su existencia mediante páginas web; reduzcan la acción gubernamental al pago puntual y preciso de pagos de Pidiregas y a la concesión de contratos públicos para ustedes mismos y sus familiares. Reduzcan la sustancia de la administración pública hasta volverla insustancial; alcancen esa suerte de orgasmo regresivo del neoliberalismo, realicen el postulado del anarquismo de derecha, culminen su viaje a las raíces históricas del Estado y vuélvanse una banda de hombres armados (qué bien va la Policía Federal Preventiva en su desarrollo institucional, ¿eh?), asistida por contratistas particulares para todo lo demás.
Inspírense en la ocupación de Irak y apliquen en México esa primitiva ecuación de dos términos: músculo policiaco-militar para hacerse con la propiedad de los yacimientos petroleros.
No se dejen intimidar por la cólera del populacho y de la turbamulta. Minimícenla a conveniencia en sus canales de televisión, en sus estaciones de radio y en sus periódicos, criminalícenla con ayuda de sus legisladores y procuradores, ridiculícenla como un “round de sombra”, redúzcanla a delirio sin fundamento de un dirigente resentido. No vacilen: el triunfo es de los audaces y a ustedes les espera la gloria con que la historia premia a los arrasadores de naciones. Ustedes son los elegidos para derrotar a su propio país. Gánense una fortuna y una mención de honor, junto a los mexicanos Lorenzo de Zavala y José Antonio Mexía, en los libros de historia de Estados Unidos.
Vendan Pemex.
Escrito por: Pedro Miguel
Tomado de: La Jornada 26/02/08
CENTRO DE MEDIOS LIBRES CHIHUAHUA
jueves, 21 de febrero de 2008
Compañer@s: |
El miércoles 20 de febrero, alrededor de las 8:00 de la noche, llegamos a nuestra casa, después de una reunión con algunos habitantes de Lomas del Poleo en la que se trataron asuntos sobre la delicada situación legal que atraviesan l@s colon@s . A las 8:15 salimos a la tienda que está a cuatro cuadras de la casa, en esos momentos pasó una camioneta negra, cerrada, con vidrios polarizados muy parecida a una camioneta que el domingo 17 de febrero estuvo frente a la casa y dentro de la cual estaban dos hombres, uno de ellos filmando. Decidimos seguirlos para poder tomar las placas, en la esquina de la cuadra estaba una cherokee negra con vidrios polarizados con dos hombres dentro y nos sorprendió que estos dos vehículos estuvieran en la misma cuadra, tratamos de seguir a la primer camioneta y nos regresamos a las tres cuadras pensando que sólo eran coincidencias, fuímos a la tienda y al regresar estaba la cherokee negra a dos cuadras de nuestra casa, nos empezó a seguir, pasamos de largo la casa y dimos vuelta en la siguiente cuadra en una calle grande y la cherokee nos seguía,aceleramos y decidimos ir a un lugar concurrido y poder perderlos, llegamos a un centro comercial y le hablamos a un amigo, después de un rato nuestro amigo fué a la casa a verificar que éstas camionetas ya no estaban frente a nuestra casa y nosotros poder llegar. Dada la delicada situación que en éstos momentos atraviesa el conflicto de Lomas del Poleo sabemos que ésto es parte del hostigamiento, para sembrar el miedo entre las organizaciones que acompañamos a l@s habitantes de esa colonia, que han resistido tres años de agresiones y de terror cotidiano, por parte de los empresarios Jorge y Pedro Zaragoza quienes tienen al mando de éste crimen a Catarino del Río Camacho y la total complicidad de el gobernador José Reyes Baeza y el presidente municipal José Reyes Ferriz. |
Responsabilizamos de cualquier agresión que podamos sufrir a: Jorge y Pedro Zaragoza José Reyes Baeza José Reyes Ferriz |
Atentamente Cristina Coronado Flores y Juan Carlos Martínez Prado. Integrates de La Otra Campaña, Cd. Juárez Chihuahua. |
¡YA BASTA! ¡ALTO AL HOSTIGAMIENTO CONTRA L@S HABITANTES DE LOMAS DEL POLEO! ¡NO AL DESPOJO EN LOMAS DEL POLEO Y EL SEGUNDO BARRIO! MÁS INFORMACIÓN |
lunes, 18 de febrero de 2008
Petróleo: quién manda en México
Por: Adolfo Gilly
Tomado de:www.jornada.unam.mx
Tomado de:www.jornada.unam.mx
La nacionalización del petróleo fue decidida el 9 de marzo de 1938, caminando por los campos de Morelos, por dos generales del Ejército Mexicano formados en las batallas guerreras de la revolución y en las batallas jurídicas de la Constitución de 1917: Lázaro Cárdenas del Río y Francisco J. Múgica. De esa decisión fue informado el gabinete presidencial en la tarde del 18 de marzo, y la aprobó. Nadie sospechaba hasta la noche de ese día –ni las compañías petroleras ni sus gobiernos– la magnitud y los alcances de la medida expropiatoria.
El gobierno del general Cárdenas supo escoger el terreno del enfrentamiento con las compañías extranjeras y tomarlas por sorpresa. No planteó la nacionalización como cuestión de beneficios económicos o de derechos laborales, sino como un dilema sobre quién manda en México: el gobierno de la nación o los dueños del petróleo.
Se debe recordar, recordar bien, que el presidente Cárdenas decretó la nacionalización cuando las empresas petroleras se negaron a acatar un laudo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el contrato colectivo con sus trabajadores. No era una argucia legal para tener el apoyo del movimiento obrero, que de antemano estaba asegurado. Fue utilizar lo que las empresas creían un incidente jurídico menor para plantear una cuestión de fondo: quién manda, quién decide sobre los cielos, el suelo y el subsuelo de este territorio que se llama República Mexicana, si un grupo de empresas extranjeras subsidiarias de sus gobiernos, que prestos salieron en defensa de ellas, o si los poderes del gobierno de la República elegido y apoyado por su pueblo.
Los tiempos son otros, los gobiernos mexicanos y su relación con el pueblo de esta República también. Pero ante la amenaza de privatizar Pemex en todo o en parte, con capital extranjero o nacional pero siempre capital privado –es decir, que en tanto capital no puede por definición responder al interés de la nación sino al suyo propio, si no dejaría de ser capital–, los fundamentos de la disputa deben plantearse sobre el mismo terreno: quién manda en México.
Es absurdo, para no usar palabras mayores, plantear la cuestión de Pemex como un problema económico o tecnológico, aunque hoy en ambos aspectos la situación de la empresa flaquee. Aceptar la discusión en ese terreno es perderla de antemano.
Por la contigüidad territorial con Estados Unidos, en México, más que en cualquier otra nación del continente, la propiedad estatal del petróleo es una cuestión geopolítica que hace al mando y a la soberanía sobre el territorio nacional. La continuidad del territorio y por ende del subsuelo de ambos países es marca indeleble en la historia mexicana. Hoy más que nunca Estados Unidos, su mando político en la Casa Blanca y su mando militar en el Pentágono, necesitan asegurar el petróleo mexicano como un componente indispensable de su estrategia militar global, tanto hacia los poderes que están al otro lado del Atlántico como hacia aquellos al otro lado del Pacífico.
Estados Unidos necesita –necesitó siempre– subordinar las fuerzas armadas mexicanas a sus fines estratégicos, a sus tecnologías, a su entrenamiento y a sus doctrinas militares y de seguridad, que son lo mismo. Hasta la Segunda Guerra Mundial no lo había logrado. Después vino el largo y paulatino cedimiento y por fin, desde Salinas de Gortari en adelante, las cesiones y concesiones en cascada.
Estados Unidos se ha propuesto, y en buena medida lo ha logrado, recorrer hasta el Canal de Panamá lo que considera su frontera geográfica de seguridad. El Plan Puebla-Panamá, como es bien sabido, es parte de esa vasta operación geopolítica, para la cual ha contado con la colaboración de los gobiernos mexicanos al menos desde Carlos Salinas hasta el presente. Pero no le basta recorrer de hecho esa frontera. Necesita la sumisión de los gobiernos nacionales de esos territorios y el control de sus recursos naturales y económicos –no la propiedad total, por supuesto, sí el control y la subordinación. Frente a las potencias asiáticas y a las potencias europeas, cualesquiera sean sus relaciones con ellas en cada momento, ésta es su zona de seguridad continental, su territorio amurallado. Esa doctrina no sólo no ha cambiado con la globalización. Por el contrario, se ha fortalecido con razones y exigencias nuevas, antes inexistentes.
Esa estrategia histórica de dominación y subordinación (que no de simple dependencia económica) tiene hoy componentes materiales e ideales que en conjunto conforman una renovada operación de ablandamiento de las resistencias nacionales mexicanas y latinoamericanas en nombre del libre comercio y la libre circulación de capitales (que no de personas, como debería ser el corolario).
Uno de esos componentes es haber logrado que el narcotráfico pasara a ser asumido por las autoridades mexicanas, ya no como una cuestión policial de primera importancia, que lo es, sino como una supuesta cuestión de seguridad nacional; mientras en modo alguno lo es tal para el ejército y el gobierno del país receptor y consumidor de la droga, Estados Unidos. Cualquiera sea su origen, una evidente operación de desestabilización política se esconde en los vericuetos y las guerras del narcotráfico, una buena parte de cuyos capitales y mandos, como diversos estudios lo han mostrado, están al otro lado de la frontera norte de México. En este contexto la Iniciativa Mérida es una de las varias facetas de la operación general de ablandamiento de las resistencias y las defensas de esta nación.
El 12 de febrero pasado Pedro Miguel escribía en estas páginas: “La Iniciativa Mérida es un acuerdo para que un gobierno incapaz de acabar con el trasiego de estupefacientes reciba asistencia de otro que tampoco puede o quiere erradicar el narcotráfico. [...] El hecho es que los gobernantes gringos no han podido o no han querido acabar con el narcotráfico. Con todos sus radares, sus satélites, tan precisos que pueden discernir a la distancia la marca de un bolígrafo; con sus aparatos de intercepción de conversaciones, sus sensores de infrarrojos, sus bases de datos y sus sistemas en tiempo real; con sus Hummers artillados con calibres de guerra, sus aviones espía, sus efectivos de la DEA, el FBI, y la Migra, sus marines, sus boinas verdes, sus rangers, sus mercenarios, sus portaviones, sus guardacostas, sus cárceles concesionadas a empresas de excelencia y su sistema judicial que presumen como si fuera eficiente y bueno, los centenares de toneladas de cocaína siguen fluyendo sin problemas hacia las fosas nasales de los consumidores”.
Aparte de los grandes intereses económicos involucrados en la industria de la droga, la estrategia del llamado combate al narcotráfico asume los rasgos de una redición de lo sucedido en Colombia, con las funestas consecuencias allá registradas para la soberanía nacional y la democracia. En un mundo de estados nacionales como en el que vivimos pese a todas las teorizaciones acerca de la disolución o el desvanecimiento de dichos estados, pocas cosas convienen tanto a las ambiciones de dominación de un vecino poderoso sobre uno de esos estados como el que las fuerzas armadas de tal nación se vean envueltas en tareas policiales –y además, en tareas de represión contra su propio pueblo, llámese éste Chiapas, Guerrero o Oaxaca.
¿Es que este cuento va a proseguir? ¿Es que se va a insistir en discutir la cuestión de Pemex y del petróleo como un problema exclusivo de recursos económicos y tecnológicos? ¿Es que no es evidente la operación de dominación emprendida sobre México –y su timing preciso– por una nación hoy desequilibrada por su propio poderío y por la ineptitud patológica de sus actuales gobernantes junto a la desmesura de sus obsesiones y ambiciones? ¿Es que no se ve el peligro que significa hoy, precisamente hoy, la dinámica geopolítica de ese país vecino?
¿Y las ambiciones de privatizar Pemex, de un modo u otro, en todo o en parte, con uno u otro subterfugio legal, con capital nacional o extranjero, nada tienen que ver con esa situación?
Es además insensato, absolutamente insensato, entrar a discutir y resolver con inusitada premura una cuestión vital de soberanía y geopolítica de la nación mexicana precisamente en los momentos en que ese vecino, Estados Unidos, componente ineludible de las decisiones sobre dicha cuestión, está envuelto en su controvertido y cercano cambio de gobierno; atrapado militarmente en Irak y Afganistán; desbalanceado por las crisis de su economía; y habiendo descubierto por fin que la globalización no significa su dominación mundial indiscutida, sino también el ascenso de las ambiciones y los desafíos de las grandes potencias de Europa y de Asia.
Es preciso cambiar de raíz el terreno y los tiempos de la cuestión petrolera mexicana. No es sino en segundo nivel una de financiamiento y tecnología. Tanto lo han dicho que fatiga repetirlo: si se modifica el régimen impositivo que succiona todos los recursos de Pemex y le impide financiar su crecimiento tecnológico, la empresa petrolera nacional tiene amplio campo de afirmación, exploración y crecimiento. Ese régimen por el cual Pemex es el sostén principal del presupuesto del Estado tiene un solo beneficiario: el capital privado. Gracias a Pemex, los niveles impositivos sobre los capitales privados están entre los más bajos que hoy existan. No es verdad que si se permite a Pemex capitalizarse no habría recursos en el presupuesto para los rubros de salud, educación, infraestructura y otros. Esto es chantaje puro. Esos recursos deben salir de los impuestos normales a las ganancias del capital, terminando con la condición de semiparaíso fiscal que se le ha impuesto al territorio nacional. Tampoco es verdad que habría fuga de capitales. Demasiado codiciado para la inversión es este país, por razones similares a las que lo hacen codiciable para las ambiciones de la nación del Norte.
El debate y las decisiones sobre el estatuto jurídico de Pemex y los recursos para su eficiencia y su modernización tienen que partir de esta plataforma. No es una cuestión ante todo económica y técnica. Es una cuestión de geopolítica y de soberanía nacional: quién manda en México.
En caso contrario, el gobierno nacional –y gobierno son los tres poderes, no sólo el Ejecutivo– se vería colocado en la paradójica situación de cumplir con la consigna zapatista: mandar obedeciendo. Pero obedeciendo al mando establecido en el Pentágono, la Casa Blanca y Wall Street, dueños una vez más, por sí mismos o por interpósitos capitales privados mexicanos, del control de los recursos petroleros de la República Mexicana.
ELECCIONES A LA CUBANA
Por: Manuel E. Yepe
Cuando triunfó la revolución cubana en enero de 1959, había en las masas identificadas con la revolución victoriosa una clara conciencia, prácticamente unánime, acerca de las cosas que habría que demoler. Entre ellas, el sistema electoral de representación, al que se le identificaba como propiciador y parte de la corrupción política y de la tiranía a que condujo.
El que teníamos era una copia bufa del estadounidense, que nos fuera legado por la ocupación que sufrió la isla de 1898 a 1902, practicado con leves ajustes y modificaciones durante toda la etapa neocolonial que duró hasta 1958.
Las elecciones, "esencia de la democracia", eran estructuradas de manera tal que resultaran favorecidos aquellos candidatos que movilizaran mayores recursos económicos para su campaña, lo que garantizaba que fueran sus compromisos con los sectores más acaudalados los que determinaran al ganador.
En períodos de normalidad, la ciudadanía disfrutaba cada cuatro años del derecho a escoger a la máxima autoridad de la nación entre candidatos propuestos por partidos políticos que aseguraban el ejercicio real del poder a una oligarquía que no se sometía a elecciones de tipo alguno, económicamente dependiente del vecino
norteño. Un panorama similar al resto del continente.
Cuando las condiciones lo permitían, podían participar en los comicios fuerzas discrepantes que no significaran un peligro real para el control de la situación y, si se apreciaba una amenaza grave, se recurría al golpe de estado por parte de una oficialidad de las fuerzas armadas cuya fidelidad a los intereses de Washington estaba garantizada. Los golpistas habrían de ejercer el poder hasta que se
pudiera regresar a la "democracia representativa".
Las campañas electorales de los partidos políticos integrados en el sistema costaban muchos millones de dólares, casi todos aportados por los oligarcas y por grupos económicos que se disputaban mejores posiciones para incrementar sus ganancias, apoyando a uno, algunos o todos los aspirantes para garantizarse compromisos con los
triunfadores y una mayor influencia en las decisiones del gobierno, dentro de la continuidad del régimen.
Se llenaban de pasquines las fachadas, postes, puentes, tendidos eléctricos y telefónicos de todo el país, al igual que de anuncios electorales las vallas, la prensa, la radio y la televisión.
Estos enormes gastos, tan desproporcionados respecto a la miseria que se observaba en la mayoría de la población, eran posteriormente retribuidos por los políticos a sus magnánimos contribuyentes mediante favores salidos de la corrupción más impúdica.
Durante los primeros 15 años de revolución en el poder, la consigna de "elecciones, ¿para qué?", que surgió de una reflexión del líder de la revolución, Fidel Castro, expresó el sentimiento popular favorable al reconocimiento de la revolución como fuente de derecho y partidario del ejercicio de la democracia de manera directa.
Con la nueva institucionalidad que tomó forma en 1976, se puso en práctica un nuevo sistema electoral plasmado en la Constitución discutida masivamente y aprobada en referéndum por más del 97% del electorado nacional en ese año.
Así como la Constitución pretendía reflejar los grandes cambios ocurridos desde el triunfo de la revolución que abrieron cauces para la participación del pueblo en la efectiva conducción de la sociedad, el nuevo sistema electoral quiso incorporar formas de democracia directa al carácter representativo que debía establecerse para la delegación de una parte de sus potestades que hace el ciudadano a favor de sus elegidos.
Por eso, el sistema promueve una activa participación popular que se manifiesta en la facultad ciudadana de escoger, postular, elegir, controlar y revocar a sus representantes.
Los ciudadanos eligen en reuniones públicas de las diversas zonas vecinales que componen cada circunscripción electoral, los candidatos a delegados o delegadas a las asambleas municipales del Poder Popular—dos como mínimo y hasta ocho. Posteriormente los eligen, entre todos los propuestos, mediante voto directo, secreto y voluntario.
Para ser elegido hay que recibir más del 50% de los votos válidos.
Son las Asambleas Municipales, integradas totalmente por delegados directamente electos en la base, las que acuerdan las candidaturas de delegados a las Asambleas Provinciales y de los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular que serán votadas por la población, también de manera directa, secreta y voluntaria.
Las comisiones de candidaturas, integradas a nivel nacional, provincial y municipal, por representantes designados por las organizaciones sociales, tienen la función de elaborar y presentar los proyectos de candidaturas para delegados a las asambleas provinciales y de diputados a la Asamblea Nacional.
En todos los casos están presididas por el representante de la Central de Trabajadores de Cuba.
Esas candidaturas deben estar integradas, en un 50%, por delegados de la base y el resto seleccionados de entre las propuestas de personalidades destacadas formuladas por las organizaciones sociales–obreras, campesinas, femeninas, estudiantiles, de vecinos- y otras del país o la provincia, según el caso.
Otra singularidad del sistema político cubano es que ningún representante, diputado o delegado de cualquier nivel, recibe remuneración alguna —salario, dieta o cualquier otra prestación o beneficio— por el desempeño de la labor para la que fue elegido.
También se distingue el sistema electoral cubano por el hecho de que no participa partido electoral alguno. El Partido Comunista de Cuba no es un Partido electoral, sino la continuidad histórica del Partido revolucionario que José Martí organizó para promover la unidad de los cubanos para alcanzar la independencia de España y evitar la absorción de Cuba por Estados Unidos de la manera que lo lograron con Puerto
Rico.
En Cuba, no se admiten campañas electorales. La comisión electoral de cada circunscripción lleva a cabo la divulgación sobre los candidatos en pie de igualdad y éstos no pueden realizar por su cuenta actividad de propaganda a favor de su candidatura.
Los candidatos a diputados y a delegados a las asambleas provinciales realizan reuniones y encuentros con los electores de su distrito pero lo hacen juntos, excluyendo toda forma de promoción individual.
El voto es enteramente voluntario, pero se estimula y promueve la mayor concurrencia posible a las urnas, lo que ya ha hecho tradición una participación masiva inimaginable en países que sufren grave abstencionismo crónico.
La Ley Electoral vigente establece dos tipos de procesos electorales: Las elecciones generales, cada cinco años, para elegir a los diputados a la Asamblea Nacional y a los delegados a las asambleas provinciales y las elecciones parciales, que se llevan a cabo cada dos años y medio para elegir a los delegados a las asambleas municipales.
Es la Asamblea Nacional del Poder Popular, órgano supremo del poder del Estado y único órgano con potestad constituyente y legislativa en la República, la que elige, primero, a su presidente, su vicepresidente y su secretario, y luego al Consejo de Estado —su órgano permanente de 31 miembros— a su Presidente, al Primer Vicepresidente, cinco Vicepresidentes, al Secretario y al resto de los miembros. Desde 1976, la Asamblea Nacional del Poder Popular ha electo en seis ocasiones consecutivas al Dr. Fidel Castro Ruz, Presidente de los Consejos de Estado y al General Raúl Castro Ruz, Primer Vicepresidente.
El Consejo de Estado es el órgano de la Asamblea Nacional que la encarna entre uno y otro período de sesiones, tiene carácter colegiado y ostenta la suprema representación del Estado cubano.
Tan insostenible resulta ya la dominación semicolonial de los Estados Unidos en América Latina que ni siquiera por medio del clásico sistema electoral diseñado para perpetuar la permanencia del poder en manos oligárquicas, han podido evitar que los pueblos impongan su unidad como arma para llevar al poder a sus líderes en los últimos tres lustros.
El sistema electoral cubano, siempre en proceso de cambios, desarrollo y perfeccionamiento, no puede considerarse alternativa acabada al modelo que Estados Unidos considera único aceptable, sencillamente porque aquel responde a un orden capitalista basado en la competencia y este, socialista, está afirmado en la solidaridad humana.
Pero otros pueblos hallarán también su camino.
El que teníamos era una copia bufa del estadounidense, que nos fuera legado por la ocupación que sufrió la isla de 1898 a 1902, practicado con leves ajustes y modificaciones durante toda la etapa neocolonial que duró hasta 1958.
Las elecciones, "esencia de la democracia", eran estructuradas de manera tal que resultaran favorecidos aquellos candidatos que movilizaran mayores recursos económicos para su campaña, lo que garantizaba que fueran sus compromisos con los sectores más acaudalados los que determinaran al ganador.
En períodos de normalidad, la ciudadanía disfrutaba cada cuatro años del derecho a escoger a la máxima autoridad de la nación entre candidatos propuestos por partidos políticos que aseguraban el ejercicio real del poder a una oligarquía que no se sometía a elecciones de tipo alguno, económicamente dependiente del vecino
norteño. Un panorama similar al resto del continente.
Cuando las condiciones lo permitían, podían participar en los comicios fuerzas discrepantes que no significaran un peligro real para el control de la situación y, si se apreciaba una amenaza grave, se recurría al golpe de estado por parte de una oficialidad de las fuerzas armadas cuya fidelidad a los intereses de Washington estaba garantizada. Los golpistas habrían de ejercer el poder hasta que se
pudiera regresar a la "democracia representativa".
Las campañas electorales de los partidos políticos integrados en el sistema costaban muchos millones de dólares, casi todos aportados por los oligarcas y por grupos económicos que se disputaban mejores posiciones para incrementar sus ganancias, apoyando a uno, algunos o todos los aspirantes para garantizarse compromisos con los
triunfadores y una mayor influencia en las decisiones del gobierno, dentro de la continuidad del régimen.
Se llenaban de pasquines las fachadas, postes, puentes, tendidos eléctricos y telefónicos de todo el país, al igual que de anuncios electorales las vallas, la prensa, la radio y la televisión.
Estos enormes gastos, tan desproporcionados respecto a la miseria que se observaba en la mayoría de la población, eran posteriormente retribuidos por los políticos a sus magnánimos contribuyentes mediante favores salidos de la corrupción más impúdica.
Durante los primeros 15 años de revolución en el poder, la consigna de "elecciones, ¿para qué?", que surgió de una reflexión del líder de la revolución, Fidel Castro, expresó el sentimiento popular favorable al reconocimiento de la revolución como fuente de derecho y partidario del ejercicio de la democracia de manera directa.
Con la nueva institucionalidad que tomó forma en 1976, se puso en práctica un nuevo sistema electoral plasmado en la Constitución discutida masivamente y aprobada en referéndum por más del 97% del electorado nacional en ese año.
Así como la Constitución pretendía reflejar los grandes cambios ocurridos desde el triunfo de la revolución que abrieron cauces para la participación del pueblo en la efectiva conducción de la sociedad, el nuevo sistema electoral quiso incorporar formas de democracia directa al carácter representativo que debía establecerse para la delegación de una parte de sus potestades que hace el ciudadano a favor de sus elegidos.
Por eso, el sistema promueve una activa participación popular que se manifiesta en la facultad ciudadana de escoger, postular, elegir, controlar y revocar a sus representantes.
Los ciudadanos eligen en reuniones públicas de las diversas zonas vecinales que componen cada circunscripción electoral, los candidatos a delegados o delegadas a las asambleas municipales del Poder Popular—dos como mínimo y hasta ocho. Posteriormente los eligen, entre todos los propuestos, mediante voto directo, secreto y voluntario.
Para ser elegido hay que recibir más del 50% de los votos válidos.
Son las Asambleas Municipales, integradas totalmente por delegados directamente electos en la base, las que acuerdan las candidaturas de delegados a las Asambleas Provinciales y de los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular que serán votadas por la población, también de manera directa, secreta y voluntaria.
Las comisiones de candidaturas, integradas a nivel nacional, provincial y municipal, por representantes designados por las organizaciones sociales, tienen la función de elaborar y presentar los proyectos de candidaturas para delegados a las asambleas provinciales y de diputados a la Asamblea Nacional.
En todos los casos están presididas por el representante de la Central de Trabajadores de Cuba.
Esas candidaturas deben estar integradas, en un 50%, por delegados de la base y el resto seleccionados de entre las propuestas de personalidades destacadas formuladas por las organizaciones sociales–obreras, campesinas, femeninas, estudiantiles, de vecinos- y otras del país o la provincia, según el caso.
Otra singularidad del sistema político cubano es que ningún representante, diputado o delegado de cualquier nivel, recibe remuneración alguna —salario, dieta o cualquier otra prestación o beneficio— por el desempeño de la labor para la que fue elegido.
También se distingue el sistema electoral cubano por el hecho de que no participa partido electoral alguno. El Partido Comunista de Cuba no es un Partido electoral, sino la continuidad histórica del Partido revolucionario que José Martí organizó para promover la unidad de los cubanos para alcanzar la independencia de España y evitar la absorción de Cuba por Estados Unidos de la manera que lo lograron con Puerto
Rico.
En Cuba, no se admiten campañas electorales. La comisión electoral de cada circunscripción lleva a cabo la divulgación sobre los candidatos en pie de igualdad y éstos no pueden realizar por su cuenta actividad de propaganda a favor de su candidatura.
Los candidatos a diputados y a delegados a las asambleas provinciales realizan reuniones y encuentros con los electores de su distrito pero lo hacen juntos, excluyendo toda forma de promoción individual.
El voto es enteramente voluntario, pero se estimula y promueve la mayor concurrencia posible a las urnas, lo que ya ha hecho tradición una participación masiva inimaginable en países que sufren grave abstencionismo crónico.
La Ley Electoral vigente establece dos tipos de procesos electorales: Las elecciones generales, cada cinco años, para elegir a los diputados a la Asamblea Nacional y a los delegados a las asambleas provinciales y las elecciones parciales, que se llevan a cabo cada dos años y medio para elegir a los delegados a las asambleas municipales.
Es la Asamblea Nacional del Poder Popular, órgano supremo del poder del Estado y único órgano con potestad constituyente y legislativa en la República, la que elige, primero, a su presidente, su vicepresidente y su secretario, y luego al Consejo de Estado —su órgano permanente de 31 miembros— a su Presidente, al Primer Vicepresidente, cinco Vicepresidentes, al Secretario y al resto de los miembros. Desde 1976, la Asamblea Nacional del Poder Popular ha electo en seis ocasiones consecutivas al Dr. Fidel Castro Ruz, Presidente de los Consejos de Estado y al General Raúl Castro Ruz, Primer Vicepresidente.
El Consejo de Estado es el órgano de la Asamblea Nacional que la encarna entre uno y otro período de sesiones, tiene carácter colegiado y ostenta la suprema representación del Estado cubano.
Tan insostenible resulta ya la dominación semicolonial de los Estados Unidos en América Latina que ni siquiera por medio del clásico sistema electoral diseñado para perpetuar la permanencia del poder en manos oligárquicas, han podido evitar que los pueblos impongan su unidad como arma para llevar al poder a sus líderes en los últimos tres lustros.
El sistema electoral cubano, siempre en proceso de cambios, desarrollo y perfeccionamiento, no puede considerarse alternativa acabada al modelo que Estados Unidos considera único aceptable, sencillamente porque aquel responde a un orden capitalista basado en la competencia y este, socialista, está afirmado en la solidaridad humana.
Pero otros pueblos hallarán también su camino.
Construir lo inevitable
Por:Víctor M. Quintana S.
El tratamiento de choque, como diría Naomi Klein, no le funcionó totalmente a la oligarquía en el campo mexicano. Los campesinos siguen ahí, son decenas de millones, están empobrecidos, pero inconformes y con ganas de combatir: eso es lo que demuestra con claridad la marcha campesina-sindical del pasado 31 de enero.
Las calles, las carreteras, volvieron a gritar. Desde Ciudad Juárez se desarrolló una marcha de tractores hasta el Zócalo: dos mil kilómetros de verdades para contradecir las mentiras oficiales difundidas por el régimen y sus medios adictos. Como demostración activa de que no es cierto que lo peor ya pasó se logró la manifestación de rechazo a la política agraria y agroalimentaria más numerosa, plural y combativa de varias décadas.
Los logros de las movilizaciones de enero son muy palpables: con sus muros humanos, con sus tomas, con sus marchas, los hombres y las mujeres del campo volvieron a poner el tema de la renegociación del TLCAN en el centro de la agenda nacional. Pudieron penetrar a la mayoría de los medios y decir su palabra, alternativa a la verdad oficial. Demostraron los enormes perjuicios del tratado para las mayorías campesinas y para los consumidores. Se supieron unir por encima de diferencias partidarias y de celos gremiales. Se articularon con sindicatos y organizaciones civiles y montaron una marcha de fuerza irrefutable.
Ahora la gran cuestión es cómo proseguir el movimiento de manera exitosa. Está la gran ventaja de que este no es un año electoral, circunstancia que pesó muy negativamente en el movimiento de 2003. Pero esto no quita que pese sobre el movimiento el peligro de subordinación a intereses partidistas, metarrurales. La CNC, quien ahora invirtió mucha más energía y convocatoria que hace cinco años, deberá ser consecuente con la radicalidad de su discurso en el Zócalo y cuidarse de no ser utilizada como moneda de cambio para encarecer el apoyo del PRI a la reforma energética. También hay que cuidar el peligro de no tratar de pintar de amarillo el movimiento utilizándolo para fortalecer corrientes o candidaturas del PRD. Mantener la lógica socio-política del movimiento, su pluralidad y su independencia son claves para el éxito.
El gobierno se ha apresurado a ofrecer diálogo, pero no puede aceptarse sin que antes haya un debate público de las organizaciones campesinas con él. Es necesario que la nación conozca cómo responden a las falacias del calderonismo y de sus apoyadores; que se desmantele el mito del carácter mayormente benéfico del tratado para el campo. No puede dialogarse en un ambiente de opinión pública donde se sigue bombardeando con mentiras al movimiento y descalificando a sus dirigentes. Tampoco debe dialogarse si el gobierno acota la agenda y no acepta el tema fundamental: la renegociación del TLCAN. No deben distraerse las fuerzas ni dejar enfriar los ánimos para apostarle todo a una dudosa negociación.
Mucho menos debe bajarse la guardia y suspender las movilizaciones. Ciertamente no hay que reiterar de inmediato las marchas, pero hay que acudir a instrumentos que impacten más la opinión pública, que penetren a todos los rincones y sectores de la República, que dejen bien claro al gobierno y a la sociedad que es voluntad mayoritaria la renegociación del tratado.
Para eso suena bien la propuesta de constituir un Mandato de la Nación que exija al Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión, tímido hasta ahora, que se empiece a renegociar el TLCAN y a controlar las importaciones y exportaciones de maíz blanco y frijol. El principio de ética pública a la base de esto es que la soberanía reside en el pueblo. Las herramientas serían dos: por un lado, la convocatoria a un referéndum sobre la renegociación del TLCAN a llevarse a cabo en todo el país, sobre todo en los ejidos y comunidades rurales. Por otro, el recabar adhesiones formales de autoridades ejidales, comunitarias, municipales, de gobernadores, de congresos de los estados a un documento que exija comenzar la renegociación. Esto tendría varias ventajas: mantendría movilizadas a las organizaciones y con menor desgaste, se lograría una mejor correlación de fuerzas ante el gobierno, conservaría el tema en la agenda pública y acudiría, por una parte, a la democracia participativa y, por otra, a la representativa, para acuñar la expresión clara y unívoca de la voluntad popular por renegociar el tratado.
Ya sabemos, pues ya lo mostró en 2006, que a Calderón le importa un bledo la expresión de la voluntad popular. Pero aun así debemos apostarle a conjuntar una fuerza de movilización tal, una contundencia tal, que, volviendo a citar a Naomi Klein, lo que se consideraba políticamente inviable se haga políticamente inevitable.
miércoles, 13 de febrero de 2008
Se reventó el Barzón…Y sigue la Caravana andando.
Por: Iván Tarín.*
La Caravana "Francisco Villa"; del Chamizal al Zócalo fue una iniciativa política que inició el 18 de enero del 2008 respondiendo a la convocatoria hecha el 1º de Enero en donde organizaciones campesinas, de trabajadores y diversos movimientos de resistencia así como personas simpatizantes, destacando El Barzón de Chihuahua, Greenpeace y el Frente Democrático Campesino, tomaron el puente internacional Córdova-Américas en ciudad de Juárez.
El 1 de enero de 2008, desde el primer minuto del día, las organizaciones campesinas y no gubernamentales así como los miles de ciudadanos que impulsaron la Campaña Nacional en Defensa de la Soberanía Alimentaria y por la Reactivación del Campo "Sin Maíz no Hay País…Y sin Frijol tampoco; ¡Pon a México en tu boca!" construyeron un muro humano en el Puente Córdoba-Américas de Ciudad Juárez, Chihuahua en protesta por la entrada en vigor de la liberalización del maíz, frijol, leche en polvo y azúcar impuesta a México en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN); por la construcción del muro fronterizo; la violación masiva de los derechos humanos y laborales de los trabajadores migratorios mexicanos por parte del Gobierno y el Congreso de los Estados Unidos. Es en este contexto que se proclama el plan de “El Chamizal”.
A esas mismas horas en el zócalo de Cuernavaca, Morelos, tierra zapatista, integrantes de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas y Alianza Nacional de Productores Agropecuarios y Pesqueros El Barzón, acompañados de representantes de otras organizaciones sociales del estado de Morelos daban a conocer públicamente el Plan de El Chamizal.
Esta iniciativa definida por los mismos convocantes como un símil simbólico y, guardando toda proporción histórica, del Plan de Ayala, es un llamado a la nación a unificarse para detener el desastre en el campo, defender la seguridad nacional y la gobernabilidad democrática del país.
La acción se enmarca como parte una nueva etapa de resistencia, lucha y construcción de alternativas y alianzas para enfrentar y derrotar la política de guerra continuada e impulsada por el gobierno de Felipe Calderón contra la campesinos mexicanos, de cesión de nuestra soberanía alimentaria a los Estados Unidos, de entrega de nuestro mercado agroalimentario a veinte grandes corporaciones mexicanas y trasnacionales, el establecimiento de un sistema de malnutrición e inseguridad alimentaria para la mayoría de los mexicanos y de incremento de los precios de los alimentos básicos en detrimento de toda la población.
La acción se enmarca como parte una nueva etapa de resistencia, lucha y construcción de alternativas y alianzas para enfrentar y derrotar la política de guerra continuada e impulsada por el gobierno de Felipe Calderón contra la campesinos mexicanos, de cesión de nuestra soberanía alimentaria a los Estados Unidos, de entrega de nuestro mercado agroalimentario a veinte grandes corporaciones mexicanas y trasnacionales, el establecimiento de un sistema de malnutrición e inseguridad alimentaria para la mayoría de los mexicanos y de incremento de los precios de los alimentos básicos en detrimento de toda la población.
Antecedentes.
Según explicó Gabino Gómez, reconocido líder campesino y fundador del Barzón en la ciudad de Chihuahua, y de los principales promotores e iniciadores de la Caravana Francisco Villa; del Chamizal al Zócalo., ésta viene sustentada en una serie de acciones y protestas pacificas contra la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994. Cabe agregar que en discurso efectuado en el mitin del 31 de enero en el zócalo capitalino, donde desembocó dicha caravana, el mismo Gabino Gómez, agregó que hasta la fecha son medidas pacificas y que ojala y el gobierno no los lleve a tomar otras medidas porque; “estamos dispuestos a tomarlas”, enfatizó.
Recordó fechas como el 16 de noviembre de 1993 y diciembre de ese mismo año en donde salieron a la calle para mostrar su repudio y descontento contra TLCAN. Habló de la “Cabalgata por la Dignidad del Campo Mexicano” en 1999, igualmente iniciada desde el parque El Chamizal hasta el zócalo capitalino; cabalgata que luego de 53 días y con 2 mil kilómetros recorridos bajo sus espuelas, con cerca de 300 jinetes de El Barzón y de la Unión Campesina Democrática (UCD), ingresó a las calles del Distrito Federal para exigir solución a los problemas del campo: cartera vencida, comercialización, subsidios y apoyo a la producción. Mencionó también el año del 2003 cuando se cristaliza el movimiento “El campo no Aguanta Más”, cuya fundación se remite a un boletín emitido el 02 de noviembre del 2002, y cuya firma incluyó a organizaciones como: Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social (AMUCSS), Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras del productores del Campo (ANEC), Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), Frente Democrático Campesino de Chihuahua (FDCCh) y la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA) por mencionar sólo algunas. Tomemos en cuenta que El campo no aguanta más, en su momento, pudo ser definido como el movimiento de campesinos y agricultores más importante de México en algunos años, quizás décadas, debido a que logró reposicionar a campesinos y productores rurales como actores políticos protagónicos del escenario nacional; incluyó las demandas de los pueblos indios en general, las de los deudores de la banca organizados en el Barzón, las de los piñeros, cañeros y muchos otros productores, así como el sentir de muchos mexicanos que, aún hoy en día, están directamente involucrados con el campo Mexicano. Finalmente, se aludió a la Campaña Nacional en Defensa de la Soberanía Alimentaria y la Reactivación del Campo Mexicano: Sin maíz no hay país... ¡Pon a México en tu boca!, lanzada públicamente el 25 de junio del 2007. Dicha convocatoria fue firmada por organizaciones campesinas de las que destacan: Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas (AMUCSS, ANEC, CNOC, CEPCO, FDCCH, RED MOCAF, UNOFOC), Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), El Barzón, Alianza Nacional de Productores Agropecuarios y Pesqueros (ANPAP), Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP). Esta campaña, que reunió por vez primera a más de 300 organizaciones del campo, ambientalistas, sociedad civil y académicos, buscó crear conciencia entre los consumidores sobre la crítica situación que enfrenta el campo mexicano y el adverso escenario que se espera a partir de la apertura total de fronteras el pasado 1º enero de este año. Recordemos que en esencia esta campaña se planteó sacar al maíz y al frijol del TLCAN, instalar un mecanismo permanente de administración de las importaciones y exportaciones de maíz y frijol (sus derivados y subproductos) por el Congreso de la Unión y prohibir la siembra de maíz transgénico en México, básicamente. Es entonces que la culminación, planeada a partir del 25 de junio del 2007 y hasta el 1º de enero del 2008, de está campaña de concientización deriva en la formulación del Plan de El Chamizal.
Plan de El Chamizal.
Desde prácticamente todos los sectores económicos, sociales y académicos del país se sostiene que el TLCAN tiene que renegociarse y excluir de él por lo menos al maíz y frijol, dado que ha sido un desastre para el campo mexicano, para la seguridad alimentaría de la población e incluso para la seguridad nacional y la gobernabilidad democrática del país. Esto lo reconocen numerosos organismos nacionales e internacionales de derechos humanos e incluso organismos multilaterales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la FAO, la CEPAL, la UNCTAD, entre otros. Y partiendo de las premisas “Salvar al campo para salvar a México y Rescatar a la Nación para rescatar al campo” se proclama el Plan de El Chamizal.
Desde El Chamizal, pedazo del territorio nacional recuperado para la integridad y la soberanía de nuestro país, se hace un llamado a la nación desde el campo mexicano para el rescate de la nación, la recuperación y ejercicio cabal de nuestra independencia y soberanía popular y nacional así como para la construcción de un verdadero Estado social y democrático de derecho.
En mencionado plan se urge a la necesidad de sumar fuerzas y articular los movimientos sociales en torno a una agenda a favor de un nuevo modelo económico, un Estado social y democrático de derecho, la defensa de las riquezas nacionales, las libertades democráticas y los derechos individuales y colectivos de los mexicanos en el marco de una sociedad pluriétnica y pluricultural. Destaca mencionar, que para nosotros en LUS, para que cada una de estas premisas logren ser cumplidas, entendemos de manera prioritaria y como bien se deja ver en el sustento del plan de El Chamizal, la creación de un frente amplio común. Ahora, por otro lado, reconocemos que para lograr un nuevo modelo económico, un nuevo estado social democrático, un estado que defienda las riquezas nacionales y que garantice las libertades democráticas y los derechos individuales y colectivos de los mexicanos en un marco de una sociedad pluriétnica y pluricultural, sólo se logrará en la medida en que este llamamiento (Plan de El Chamizal) logre tener eco a nivel nacional para la suma de fuerzas entre los campesinos y los trabajadores mexicanos en aras de destruir al Estado capitalista actual.
Por ello lanzó un llamado a la Unión Nacional de Trabajadores(UNT), al Frente Sindical Mexicano, al Consejo Nacional Indígena, a Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y a las secciones democráticas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), a la Convención Nacional Democrática, al Frente Nacional contra la Represión, al Foro Social Mexicano, al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), a las organizaciones campesinas nacionales y regionales, a los movimientos sociales que defiende los recursos naturales y los territorios rurales, a las organizaciones de derechos humanos, a las organizaciones ambientalistas, a los estudiantes, académicos, intelectuales, científicos, artistas y ciudadanos de a pie para articular las luchas en torno a una agenda común de transformaciones económicas, sociales y políticas que permitan aumentar y potenciar el bloque de fuerzas alternativas al modelo neoliberal y capitalista, así como a los poderes fácticos que hoy tienen secuestradas las instituciones de la República.
Del mismo modo el Plan de El Chamizal, emplazó a la Confederación Nacional Campesina (CNC) así como a los legisladores del PRI a dejar el doble discurso y la demagogia.
Es pues que grupos campesinos de Chihuahua, constituidos en el Movimiento de Resistencia Campesina, Francisco Villa, iniciaron su caravana el 18 de enero del presente año y que desembocó con la “Marcha Nacional por el Rescate de la Nación, los Derechos de los Trabajadores del Campo y la Ciudad y Contra la Represión” el 31 de enero del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México.
Es pues que grupos campesinos de Chihuahua, constituidos en el Movimiento de Resistencia Campesina, Francisco Villa, iniciaron su caravana el 18 de enero del presente año y que desembocó con la “Marcha Nacional por el Rescate de la Nación, los Derechos de los Trabajadores del Campo y la Ciudad y Contra la Represión” el 31 de enero del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México.
Estaremos atentos.
*Enviado especial de CENTRO DE MEDIOS LIBRES CHIHUAHUA
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