miércoles, 25 de junio de 2008

COMUNICADO PDPR-EPR

Enviado: lunes, 23 de junio de 2008 09:28:08 p.m.



A QUIEN CORRESPONDA

Por este conducto enviamos el presente comunicado, apelando a la solidaridad para que el mismo sea conocido tanto por la Comisión de Mediación como la opinión pública.

De antemano agradecemos la atención prestada y nos despedimos fraternalmente.

A LA COMISION DE MEDIACION

Miguel Ángel Granados Chapa, Enrique González Ruiz, Juan de Dios Hernández Monge, Rosario Ibarra de Piedra, Gilberto López y Rivas, Carlos Montemayor, Samuel Ruiz García.

PRESENTES

Agradecemos sinceramente el esfuerzo y el valor de la comisión de mediación ante personeros del gobierno que tienen muy poco oficio político y que buscan dejar correr el tiempo para encubrir la atrocidad de la desaparición forzada, delito de lesa humanidad.

La sistematización que la comisión ha realizado de las acciones jurídicas emprendidas por los familiares de los detenidos- desaparecidos, confirman que están haciendo lo necesario para exigir la presentación de nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, aunque el resultado es hasta el momento el mismo al que históricamente se han enfrentado familiares y amigos de los detenidos-desaparecidos por el Estado mexicano y los gobiernos priístas en la negra noche conocida como "Guerra sucia", ya que se enfrentan a la maraña burocrática y a la prepotencia de las autoridades que niegan de facto la existencia de del delito de desaparición forzada y con ello la procuración e impartición de justicia.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha brillado por su ausencia, confirmando que ésta juega más un papel de remozamiento del sistema político convirtiéndose en cómplice de las diferentes instituciones del gobierno mexicano, que una institución que realmente proteja a los ciudadanos de la violación de los derechos humanos que el Estado comete.

En efecto, son valerosas y legales las resoluciones judiciales que los jueces ordenaron para la presentación de nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.

Tiene razón la Comisión de mediación en agradecer la cobertura que han brindado los medios, nosotros también lo agradecemos esperando que den continuidad a la difusión de estos escritos para que la opinión pública se informe de una manera real y objetiva del desarrollo de su valiosa gestión que representa un gran aliento y rompe con la parálisis que provoca el terrorismo de Estado en las familias que se enfrentan a las desapariciones forzadas.

Consideramos que un punto clave en la investigación sobre la detención-desaparición de nuestros compañeros lo constituye la desaparición del comandante Jonás Gutiérrez Corro en la ciudad de Oaxaca, el cual también debe ser presentado con vida, cuya familia ha sido amenazada de muerte por autoridades de Oaxaca por reclamar o mencionar su nombre y solicitar que se investigue sobre su paradero.

Solicitamos a la comisión de mediación que se indague qué función tienen o han tenido los domicilios denunciados por nuestro partido a través de la revista Proceso, por constituir otro punto clave, ya que uno de ellos podría estar siendo utilizado para tener cautivos a luchadores sociales.

Confirmamos que el único contacto entre la Comisión y nuestro partido son los medios de comunicación, razón por la cual le pedimos a estos la cobertura necesaria, porque la lucha actual por la presentación con vida y en libertad de nuestros compañeros y los demás detenidos desaparecidos tiene que ver con la justicia y la paz social que en estos momentos requiere nuestro país.

El gobierno mexicano debe concretar ¡ya!, dando a conocer los alcances de la investigación y la solución de este grave problema, ofreciendo muestras claras de buena voluntad, respondiendo inmediatamente a los planteamientos de la Comisión de mediación que avalamos plenamente.

El delito de lesa humanidad, es imprescriptible, por tanto: ¡Seguimos exigiendo la presentación con vida y en libertad de nuestros compañeros! Ese es el único camino posible para remediar este crimen de Estado.

¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!

¡A EXIGIR LA LIBERTAD DE TODOS LOS PRESOS POLITICOS Y DE CONCIENCIA

DEL PAIS!

¡POR LA PRESENTACION DE TODOS LOS DETENIDOS DESAPARECIDOS!

¡POR LA REVOLUCION SOCIALISTA!

¡VENCER O MORIR!

¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!

¡RESUELTOS A VENCER!

¡CON LA GUERRA POPULAR!

¡EL EPR TRIUNFARA!

COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO DEMOCRÁTICO POPULAR REVOLUCIONARIO. PDPR COMANDANCIA GENERAL DEL EJÉRCITO POPULAR REVOLUCIONARIO

CG-EPR

lunes, 23 de junio de 2008

Carta de intelectuales




“La consulta, un logro del movimiento ciudadano”


No se puede ignorar la tensa, muy difícil o trágica situación del país. Entre las demostraciones de que no todos los tiempos son iguales:
Violencia radical del narcotráfico con altísimo costo de vidas (no sólo de los directamente involucrados); crisis del aparato de seguridad nacional; destrucción creciente del tejido social; expansión del miedo y el pánico en amplísimos sectores; carestía insostenible; desastre –reconocido por todos– de la enseñanza pública y la privada; ansiedad por reducir el proceso electoral a una compraventa de votos; crisis acentuada y efectiva del Poder Judicial; apoyo de funcionarios al sistema de ecocidios (sobrexplotación del agua, destrucción de bosques, contaminación) que ratifican la monstruosidad del neoliberalismo; impunidad de los poderosos que se ostentan como la nueva “autoridad moral”; campaña intensa de privatización de los recursos energéticos; funcionarios cuya perma- nencia es un desafío grave a la legalidad (Juan Camilo Mouriño, Ulises Ruiz, Mario Marín); campañas de linchamiento moral de los opositores…
Hay, sin embargo, razones, y muy significativas, para un optimismo racional o, si se quiere, para un replanteamiento positivo de las circunstancias actuales:
–Emergencia de sectores y personas en el análisis de la realidad, las decisiones participativas y las protestas. Las movilizaciones de los últimos tiempos no son calificables de izquierda en el sentido ideológico tradicional, sino como movimientos, de ciudadanía y ciudadanización, conceptos primordiales y ligados ya al fortalecimiento de la soberanía popular.
–Fracaso estrepitoso de los defensores del proyecto de Felipe Calderón en el debate sobre reforma energética. Carecen de argumentos sólidos, se entregan a la inútil y penosa manipulación de leyes y cifras, son inconexos y desinformados por sistema.
–Fracaso notable de los gobiernos sucesivos del PRI y del PAN en la política informativa sobre los hechos básicos del país. Los promotores de la privatización del petróleo se burlan de los mexicanos que no entienden de tecnología y ellos mismos, a la hora de evaluar su proyecto, lo reducen a lugares comunes del autoritarismo cantinflesco. Además, ¿de dón- de proviene la ignorancia de la sociedad en asuntos de extrema importancia? De quienes, mediante la represión y el oscurecimiento informativo de la te-levisión, han alentado por décadas la despolitización y aíslan y persiguen las actitudes politizadas. Los gobiernos federales desalientan desde hace mucho tiempo las acciones de la ciudadanía. También el desbordamiento de la ignorancia afecta en primer término a la clase gobernante, que nunca explica sus proyectos básicos y carece de la costumbre de razonar.
–El gobierno federal aceptó el debate sobre la reforma petrolera y ahora se propone ignorarlo, asfixiar su desarrollo y enterrar sus conclusiones. Con todo, este debate es otro de los signos irrefutables que anuncian una sociedad distinta, que va adquiriendo la capacidad de convocarse a sí misma.
–La clase gobernante fracasó en su intento de impedir por entero la consulta. El propósito de la consulta no es negar las facultades del Congreso, sino rechazar la privatización del punto de vista de la nación y no aceptar que sólo “los expertos” decidan el presente y el porvenir del país. La ciudadanía exige su inclusión en la toma de medidas que la afectan centralmente. Al oponerse a la consulta, la clase gobernante despliega el tamaño de su miedo a los ciudadanos y de su desconfianza ante su escasísimo poder de convencimiento.
–El fracaso impresionante de la derecha, que en décadas no ha ganado una sola de las batallas culturales en el país, no ha conseguido abolir los derechos de las mujeres ni de las mino-rías sexuales, ni ha detenido en lo mínimo el avance de sus odios predilectos: la laicidad, el laicismo, la secularización (e-jemplo reciente: la devolución por parte de la diócesis de Guadalajara de 30 millones para el Santuario de los Mártires). Si en las batallas culturales la derecha viene a menos, estamos aún lejos del respeto a los derechos humanos, del fin del racismo y del reconocimiento pleno a los derechos indígenas.
–Movilización en amplios sectores de la sociedad, que no aceptan como respuesta la frialdad, el azoro, el desprecio, la inercia o el odio de la clase gobernante.
Antes lo dominante fue el pesimismo como determinismo. Hoy las circunstancias han cambiado. Nadie autoriza el optimismo, pero la tesis de la indefensión absoluta de la sociedad es, en última instancia, un comercial más del neoliberalismo.
Así, la consulta sobre la reforma energética es una saludable ampliación de la democracia y un logro del movimiento ciudadano.


Atentamente



Comité de intelectuales en defensa del petróleo


Marco Antonio CamposRolando CorderaArnaldo CórdovaLaura EsquivelBolívar EcheverríaVíctor Flores OleaLuis Javier GarridoHéctor Díaz PolancoAntonio GershensonMargo GlantzEnrique González PedreroHugo Gutiérrez VegaDavid IbarraLuis Linares ZapataGuadalupe LoaezaLorenzo MeyerRoberto MoralesCarlos MonsiváisJorge Eduardo NavarreteCarlos PayánCarlos PellicerJosé María Pérez GaySergio PitolElena PoniatowskaIda Rodríguez PrampoliniEnrique SemoVíctor Manuel ToledoHéctor VasconcelosJavier Wimer

viernes, 20 de junio de 2008

La Junta de Conciliación nuevamente actúa al servicio de los empresarios de Grupo Modelo

El martes 17 de junio, durante la audiencia conciliatoria obligatoria que es parte del procedimiento de huelga, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje desechó por segunda ocasión un emplazamiento tramitado por nuestro Sindicato que vencía hoy 18 de junio a las 15 horas debido a las persistentes y graves violaciones al contrato colectivo de trabajo, constituidas principalmente por el despido masivo injustificado de obreros, entre ellos todos los dirigentes sindicales.

Apoyándose en una ilegal certificación para la CROC como titular del contrato colectivo en la Vidriera, las autoridades laborales brindaron sus servicios a los dueños del Grupo Modelo, arrebatando una vez más el derecho de los trabajadores a recurrir a la huelga para defender sus derechos. Según los funcionarios, el SUTEIVP ya no es titular del contrato colectivo y por eso no puede emplazar a huelga a la empresa.

Sin embargo, nuestra organización ha impugnado el recuento fraudulento llevado a cabo en la fábrica el 9 de mayo pasado, con el que pretenden hacer creer que la CROC representa a los vidrieros. En la medida en que no ha concluido aún el proceso legal para dar por terminada la demanda por la titularidad del contrato, no se puede emitir certificación alguna y por tanto, nuestra agrupación conserva su carácter de representante de la mayoría de los obreros, así como de titular del contrato colectivo y, por tanto, mantiene su derecho de emplazar y estallar la huelga para defender sus derechos.

Una vez más, la Junta actúa ilegalmente. Ya en enero desechó el mismo emplazamiento a huelga atribuyéndose facultades del patrón al calificar el pliego de peticiones (que básicamente consiste en la reinstalación de los despedidos y el restablecimiento de la bilateralidad en las relaciones obrero patronales en la fábrica) como improcedente, "el patrón tiene derecho a despedir si conviene a su negocio", dijo, y con este argumento se negó a dar trámite al emplazamiento. Como resultado de un juicio de amparo interpuesto por nuestro sindicato para echar abajo esta resolución, el Juzgado Sexto en Materia Laboral, ordenó a la Junta emitir un nuevo acuerdo dando trámite a la petición de nuestra agrupación.

La actitud servil de los funcionarios ante los patrones y su ilegal proceder nos obliga nuevamente a recurrir al amparo para hacer valer nuestros derechos. La razón nos asiste, por lo que esperamos que, una vez más, los juzgados resuelvan a nuestro favor y preservemos la titularidad del contrato colectivo en la Vidriera y, con ello, mantengamos vigente nuestro emplazamiento a huelga para el próximo 15 de julio, fecha en que vence el plazo para revisar el contrato colectivo en la empresa.

Los vidrieros entendemos que lo más importante para ganar en esta lucha es mantener nuestra resistencia, dentro y fuera de la fábrica. Y que para lograrlo será indispensable la solidaridad activa de las organizaciones democráticas y verdaderamente representativas del país. Nuestro sindicato ha recibido apoyo de la Unión Nacional de los Trabajadores, del Frente Sindical Mexicano, de las organizaciones independientes de San Luis Potosí, de legisladores federales y locales, así como de numerosas agrupaciones sociales y defensoras de los derechos humanos laborales en México y en otros países.

Esa es la razón por la que nos presentamos ante ustedes, dirigentes concientes de la necesidad de defender los derechos laborales, la contratación colectiva, la libertad y la democracia sindical, para solicitarles que sigan dando su apoyo moral y económico a nuestra lucha, para seguir resistiendo. Les pedimos que respalden también (con su firma y económicamente) un pronunciamiento de repudio a la farsa de recuento que se llevó a cabo el pasado 9 de mayo, exigiendo a las autoridades gubernamentales y judiciales el respeto a los derechos de los vidrieros potosinos y la reposición del recuento en condiciones de libertad, transparencia, neutralidad y democracia, para que los obreros manifiesten su verdadera voluntad, sin presiones ni amenazas, de conservar su sindicato independiente.

Con el apoyo de ustedes no nos van a derrotar, porque tenemos lo que ellos jamás tendrán:

¡DIGNIDAD Y CONCIENCIA!

Orgullosa y fraternalmente

Sindicato Único de Trabajadores de la Empresa Industria Vidriera del Potosí

San Luis Potosí, S. L. P., 18 junio de 2008

Una de medios...

martes, 17 de junio de 2008

Vivimos momentos difíciles en el Estado de Chihuahua, militarización y persecusión a los movimientos sociales.


Carta presentada en protesta realizada este martes 17 de junio del 2008 ante el H. Congreso del Estado de Chihuahua por manifestantes de distintas organizaciones sociales de la ciudad de Chihuahua.



Señoras y Señores Legisladores:

Somos productores del campo Chihuahuense, de la región del Noroeste, vivimos en el Ejido Benito Juárez, Municipio de Buenaventura y estamos organizados en el Barzón Chihuahua. Nuestro Ejido, es pionero en la lucha por la defensa del patrimonio familiar desde el año de 1988 en contra de la usura bancaria.

Somos damnificados del TLCAN, muchos productores se fueron al otro lado a buscar mejores condiciones de vida, a pesar de la adversidad nosotros decidimos apostarle a nuestro país, tercamente seguimos arando la tierra y con nuestro trabajo y esfuerzo logramos la reactivación del campo. En el año 1998 el Banco de Crédito Rural del Norte, nos consideró clientes preferenciales, como resultado del historial crediticio, con pagos puntuales y buenas garantías

Sembramos algodón y chile, en el año de 1998 se nos otorgaron créditos de avío y refaccionario para la siembra de algodón que en el mes de abril del año señalado se encontraba cotizado en el mercado internacional a 74 dólares el quintal y a la hora de vender nuestro producto en el mes de septiembre, nos enfrentamos con una variable que no estaba a nuestro alcance solucionar y ante el caso fortuito o fuerza mayor nos vimos imposibilitados de cubrir los adeudos con el banco.

La desastrosa política agropecuaria que devastó el campo mexicano, nos convirtió en los primeros damnificados del TLC. Derivado de los compromisos contraídos con los vecinos del norte,. se autorizó la introducción de un millón y medio de pacas de algodón de desecho de Estados Unidos, con un subsidio de quince dólares por quintal al productor gringo, abajo del precio en el mercado, que significó la venta a cuarenta y cinco dólares el quintal de algodón a la industria textilera en México, a quienes se les vendió a plazos y con seis meses sin intereses. Nosotros ya no pudimos vender, esta situación afectó a toda la región noroeste de la entidad, mas de 1600 productores de: Ascensión, Janos, Galeana, Buenaventura, Valle de Juárez y Villa Ahumada .

Ante la imposibilidad de vender el algodón, los productores del Ejido Benito Juárez, realizamos una movilización y acudimos masivamente a las oficinas del Banco de Crédito Rural del Norte con oficinas en Flores Magón, Chih y en entrevista con el Gerente, el Ing. Luis Enrique Holguín Ponce, le llevamos físicamente las pacas de algodón para entregarlas al banco, no teníamos otra forma de pagar, el gerente nos corrió e informó que ellos no tenían bodegas y que nosotros lo vendiéramos.

El entonces Banco de Crédito Rural de Norte, hoy extinto, desapareció en diciembre del 2002, decidió demandarnos , especialmente a los dirigentes por el delito de abuso de confianza, cuando tres de los productores acudimos a declarar a las oficinas de la PGR de ciudad Juárez, encontrarnos cajas llenas de expedientes que contenían denuncias penales en contra de los productores del campo, convirtiendo las deudas de carácter civil en penales.

En esas fechas policías federales cercaron el rancho de nuestro dirigente Martín Solís para intentar detenerlo, nos venimos a vivir cuatro días dentro del banco y los diputados de todos los partidos políticos se solidarizaron con nosotros y lograron detener las órdenes de aprehensión.

La problemática desató una serie de protestas, entre ellas la cabalgata de cincuenta y cinco días a fines de 1999, decenas de campesinos salimos del puente internacional Córdova de Cd. Juárez al Zócalo de la ciudad de México, la, la movilización se extendió al resto del país, formamos parte del movimiento nacional “El campo no aguanta más “ que culminó con la firma del Acuerdo Nacional para el Campo, que incluyó entre otras demandas, la cancelación de todas las órdenes de aprehensión en el país derivadas de protestas sociales. En el año de 2003 con motivo de la firma del acuerdo mencionado, el caso de los compañeros del Ejido Benito Juárez fue incluido en la larga lista negociada con el Gobierno Federal.

El lunes 16 de junio de este año, a las siete de la mañana, se presentaron en el ejido Benito Juárez tres policías federales conocidos como AFIS, con un vehículo sin placas, no portaban uniforme y sin identificarse ni exhibir ninguna orden de aprehensión, intentaron detener a nuestro compañero Ismael Solorio Urrutia , dirigente del Barzón en la región, quien se encontraba a bordo de su vehículo en compañía de sus menores hijos, el vehículo que transportaba a los federales se atravesó y con las armas procedieron a ponchar las llantas de la camioneta de Solorio, con las cachas le quebraron los vidrios. Los hijos pedían una explicación y llamaron por celular a los integrantes de la organización, en unos minutos, más de ochenta campesinos rodearon a los AFIS, quienes hasta ese momento dijeron que eran policías federales y que traían consigo la orden de aprehensión derivada de la causa penal 125/ 2001 por un adeudo con el Banco de Crédito Rural, debemos aclarar que ese banco ya no existe. Cuando el grupo de productores nos negamos a que se detuviera al compañero, los policías con prepotencia nos amenazaron con las armas y pidieron por radio la presencia de los militares, el pueblo se organizó e impidió la detención, si la sangre no corrió fue gracias a la prudencia que siempre prevaleció por parte de los ciudadanos del ejido.

No es la primera ocasión en que este Honorable Congreso tiene información del clima de persecución que se vive en la entidad, por la lucha social, la detención de José Emiliano por el delito de motín; las ordenes de aprehensión contra toda la dirigencia del Frente Democrático Campesino; el asesinato aún impune del líder campesino y dirigente de Aerodinámica Nacional, Armando Villarreal Marta; la detención y proceso de productores de Aldama derivado de las protestas en contra de la Comisión Federal de Electricidad; la detención de Carlos Chávez y Cipriana Jurado por las protestas en los puentes internacionales, así como las recientes amenazas de muerte a la compañera Lucha Castro y contra el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, estas son algunas de las arbitrariedades que enfrentamos quienes hemos tomado la decisión de luchar por mejores condiciones de vida y nos reivindicamos como defensor@s de derechos humanos.

Hoy acudimos a este recinto legislativo, apoyado por organizaciones sociales para solicitar:

  • Una comisión urgente integrada por la Junta de Coordinación Parlamentaria que exija el respeto a los compromisos adquiridos en el Acuerdo Nacional para el Campo Mexicano.

  • Que dicha comisión legislativa invite al Secretario de Seguridad Publica, el Secretario General de Gobierno y junto con nuestros representantes se reúnan con el titular de la Procuraduría General de la República para exigir el cese de la persecución a los líderes sociales y la cancelación de las órdenes de aprehensión.

Los problemas sociales no se resuelven con los cuerpos policíacos, no somos delincuentes, producimos alimentos para las y los mexicanos, creemos que esta Patria es para que todas y todos vivamos con dignidad

PROTESTAR ES UN DERECHO REPRIMIR ES UN DELITO

EXIGIMOS ALTO A LA CRIMINALIZACION DE LA PROTESTA SOCIAL

Chihuahua, Chih. a 17 de junio del 2008

Atentamente

EL BARZON CHIHUAHUA





La UAM organiza un debate sobre el drama de violencia e impunidad que se vive en Ciudad Juarez, donde son más de 400 las mujeres asesinadas.

La asociación de estudiantes e investigadores extranjeros de la Universidad Autónoma de Madrid ha organizado un debate sobre la estremecedora realidad de las masacres de las Mujeres en Ciudad Juarez, México.

El evento se llevará a cabo el día 19 de junio a las 11:30 en la Facultad de Filosofía de la UAM, sala 1 del módulo 2, Departamento Árabe.


EL FRENTE ESTATAL CONTRA LA REPRESION CHIHUAHUA


INVITA:

"80 AÑOS DE HERENCIA REVOLUCIONARIA"

!EL CHE VIVE!

ESTE 19 DE JUNIO

A LAS 19:00 HRS

CAFÉ GUERNICA

( C. ORTIZ DE CAMPOS ESQ. CON RAMÍREZ CALDERÓN

CASI A ESPALDAS DEL HERAlDO, CONTRA-ESQUINA DEL FRONTÓN SAN FELIPE )

PLÁTICA SOBRE EL CHE GUEVARA Y SALVADOR ALLENDE

INVITAMOS AL PÚBLICO EN GENERAL

UNA PLÁTICA DONDE CUALQUIERA PODRÁ HACER APORTES

CON LA PARTICIPACIÓN DE ROSALIO MORALES.


Detenidos y Torturados por la Policía Ministerial dos Miembros del Movimiento Nacional por la Defensa del Petróleo.

Córdoba, Veracruz .- El Partido de la Revolución Democrática hace en este momento la denuncia publica de la detención ilegal y tortura física y psicológica que sufrieron dos compañeros miembros de las brigadas del Movimiento Nacional por la Defensa del Petróleo a manos de elementos de la Policía Ministerial de nuestro estado.


IGNACIO HERNANDEZ CASTAÑEDA y OSCAR BUSTILLO RAMIREZ son los compañeros que el pasado viernes 13 del presente mes en el transcurso de la mañana fueron detenidos de manera ilegal por elementos de la policía ministerial para tratar de involucrarlos en el secuestro de la señorita KARINA REYES LUNA suscitado el pasado jueves 12 del presente mes aproximadamente a las 12:50 horas en la avenida Colon Oriente entre sur 17 y 19 de la ciudad de Orizaba.

Al compañero Ignacio Hernández Castañeda sin existir orden de aprehensión o de presentación, así como alguna orden de cateo extendida por un juez del fuero común o federal ingresaron cuatro elementos de la policía ministerial del estado a la casa que habita en la colonia Modelo del municipio de Rio Blanco donde fue detenido, esposado y además le pusieron una bolsa en la cabeza lo subieron a unidad sin logotipo ni placas, donde recibió amenazas de muerte para que señalara donde se encontraba nuestro compañero Oscar Bustillo Ramírez.


El compañero Oscar Bustillo Ramírez fue detenido de manera ilegal por aproximadamente 6 miembros de la policía ministerial del estado mientras transitaba en una camioneta Ford Ranger color azul marino por calles del municipio de Rio Blanco, el también fue esposado y donde también le pusieron una bolsa negra en la cabeza para subirlo de manera inmediata a una de las dos unidades tipo Van que le cerraron el paso a la unidad en que transitaba.

Ambos, durante su detención ilegal en las instalaciones de Tugrablock en la ciudad de Orizaba fueron torturados física y psicológicamente por elementos de la policía ministerial hasta que se cansaron, para obligar a ambos para declararse culpables del secuestro de la señorita Karina Reyes Luna.


Cuando hablamos de la detención ilegal de los dos compañeros por elementos de la policía ministerial del estado, es porque de boca del propio Emeterio López Márquez ha manifestado que no existe denuncia por parte de los familiares de la secuestrada, por lo tanto no pueden realizar detenciones a diestra y siniestra de personas inocentes que no tienen que ver con estos hechos.


Los compañeros IGNACIO HERNANDEZ CASTAÑEDA y OSCAR BUSTILLO RAMIREZ aunque fueron ya liberados por no existir elementos que los involucren, se encuentran muy lastimados física y psicológicamente por la tortura de que fueron objeto, además de que antes de que fueran liberados fueron amenazados de muerte, así como advertidos de que en caso de que denunciaran estos hechos podrían ser involucrados en la desaparición de 7 ilegales centroamericanos, al ser acusados de polleros.


Los comandantes de la policía ministerial del estado involucrados en la detención ilegal, amenazas de muerte y tortura de los compañeros del Movimiento Nacional por la Defensa del Petróleo son Juan Ramón Jiménez Morales, Martin Montano Guzmán, Fernando Trueba Coll y Ángel Márquez Mendoza.


En el caso del compañero Ignacio Hernández Castañeda conocido por todos con el alias de 'Moy' que tiene como trabajo dedicarse a ganar la vida de manera honesta como comerciante ambulante al vender productos de limpieza para las viviendas utilizando la camioneta Ford Ranger azul marino para tal efecto, en donde fue detenido Oscar Bustillo Ramírez que también trabaja en lo mismo, el día y en la hora en que sucedió el secuestro de la señorita Karina Reyes Luna, se encontraba laborando en la cabecera municipal de Mariano Escobedo, siendo testigo de estos hechos la regidora única municipal Patricia Araceli Reyes Sánchez y el consejero estatal del PRD Juan Carlos Fernández Zulueta, quienes saludaron a la altura del palacio municipal a Moy por lo cual no pudo haber participado en dicho acto ilícito.


Por lo señalado en los anteriores párrafos tenemos a bien manifestar lo siguiente:


1.- El Día de hoy de manera conjunto en las ciudades de Córdoba y Orizaba se decidió realizar conferencias de prensa en punto de las 11 horas por parte del PRD, PT, CNTE, Convención Nacional Democrática, Movimiento Nacional por la defensa del Petróleo, las organizaciones Opción Ciudadana y Noche y Viento para hacer publica la denuncia publica por las detenciones ilegales, amenazas de muerte y tortura de que fueron objeto los compañeros Ignacio Hernández Castañeda y Oscar Bustillo Ramírez por parte de elementos de la policía ministerial del estado de Veracruz.


2.- Ante la tortura y amenazas de muerte sufridas por los compañeros a manos de elementos de la policía ministerial del estado hacemos responsables directos de cualquier situación que suceda en contra de los afectados, así como de los denunciantes al procurador de justicia del estado Emeterio López Márquez y al propio gobernador del estado, Fidel Herrera Beltrán.


3.- Exigimos el cese inmediato del coordinador regional de la policía ministerial en la zona centro, Oscar Cid como cómplice de estos hechos y el inicio de una investigación para poner a disposición de un juez a los elementos de la policía ministerial que participaron en la detención ilegal, tortura y amenazas de muerte contra los compañeros.


4.- Como ciudadanos también debemos hacerlo, rechazamos los actos de la delincuencia organizada y nos solidarizamos con la Familia de la señorita Karina Reyes Luna, que sin duda deben estar viviendo momento muy difíciles; pero, también no vamos a permitir que se busquen chivos expiatorios, que se torture a personas inocentes, porque quien atenta contra otra persona cuando se es autoridad es un salvaje delincuente protegido por una placa de policía para abusar de su poder.


5.- Invitamos a los ciudadanos, a las organizaciones civiles y sociales, a los partidos políticos, a las cámaras empresariales, a los compañeros que de una forma u otra se dicen democráticos y defensores de los derechos humanos a exigir una investigación inmediata para castigar a los elementos de la policía ministerial involucrados en este abuso de poder.


INTENTO DE DETENCION DE DIRIGENTE DEL BARZON CHIHUAHUA

Este lunes 16 de junio a las 7 de la mañana cuatro AFIS vestidos de civil intentaron detener a Ismael Solorio Dirigente de El Barzon Chihuahua en Benito Juarez, Buenaventura.


Reventaron las llantas a balazos y rompieron los vidrios de la camioneta donde viajaba a trabajar Ismael y sus dos hijos


Las y los compañeros se congregaron, los AFIS pidieron refuerzos, incluyendo al ejercito y hasta entonces mostraron la orden de aprehension. No detuvieron a Ismael, pero la amenaza esta latente.


Es un asunto de 2001 derivado de una deuda con BANRURAL, que implica a otros 40 compañeros del Ejido.


INVITAMOS A REUNIRNOS EN EL CONGRESO PARA SOLICITAR SU INTERVENCION


MARTES 17 DE JUNIO A LAS 11 HRS.
EL BARZON CHIHUAHUA


LA PROTESTA ES UN DERECHO, LA REPRESION UN DELITO

Nuestras Hijas de Regreso a Casa pide a Fevimtra investigue amenazas


Por:Lourdes Godínez Leal
(Tomado de: www.cimacnoticias.com)



México DF, 16 junio 08 (CIMAC).- La abogada Karla Michel Salas, representante legal de Marisela Ortiz y Marilú Andrade, de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, informó que la semana pasada acudió a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de personas (Fevimtra) en el Distrito Federal y en Ciudad Juárez donde presentó una denuncia por las amenazas de muerte recibidas por Ortiz y Andrade tras la exhibición de la película Verdades que matan (Bordertown) en mayo pasado.

En entrevista telefónica con Cimacnoticias, señaló que pidieron a la fiscal Guadalupe Morfín una investigación exhaustiva de las amenazas contra las activistas, peritajes, así como “mecanismos de reacción inmediata” que se refieren a que las autoridades locales y federales actúen eficazmente cuando se requiera.

Asimismo anunció que esta semana viajará a Ciudad Juárez donde se reunirá con autoridades de la entidad y federales para conocer el estado de las investigaciones.

Karla Michel Salas también informó que el Estado mexicano solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se concedan medidas cautelares para las integrantes de la organización civil Nuestras Hijas de Regreso a Casa, por las amenazas recibidas en mayo pasado.

Señaló la abogada que la CIDH le notificó de esta solicitud del Estado mexicano el martes 10 de junio, por lo que están en la espera de que se notifique si se concedieron o no las medidas.

Por su parte, Marisela Ortiz, dijo en entrevista telefónica para Cimacnoticias, que las intimidaciones en contra de las activistas de la organización que preside han continuado, por lo que hizo un llamado a la Fevimtra a brindarles protección lo más pronto posible.

Recordó que, aunque no es la primera vez que integrantes de Nuestras Hijas de Regreso a Casa reciben amenazas, éstas resurgieron a raíz de la promoción de la película Verdades que matan y del apoyo a los eventos que Amnistía Internacional ha realizado.

Para Marisela Ortiz “es difícil que tengamos confianza y nada nos hace sentir seguras. Si ya vivir en Juárez no es seguro por la violencia cotidiana, la actividad que realizamos redobla el riesgo para nosotras y nuestros familiares”.

Sin embargo enfatizó que pese a estas “advertencias” no se limitarán en su trabajo de activismo que realizan desde 2001 y aseguró que continúan trabajando con los familiares de las mujeres asesinadas y desaparecidas aunque han tenido que abandonar sus oficinas.

Ortiz hizo un llamado a las feministas, a las organizaciones de derechos humanos y a la sociedad civil a estar pendientes de lo que sucede en Juárez y a no minimizar la violencia que se sigue ejerciendo en contra de las mujeres de esta entidad fronteriza con Estados Unidos.

Si bien destacó los avances como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, las modificaciones a algunas estructuras y la apertura de más instancias, el problema de la violencia contra las mujeres no ha terminado y la violación a sus derechos humanos tampoco, dijo.

“Ha habido avances y los reconocemos, así como la apertura de estas autoridades, pero la meta aún no se cumple porque queremos hacer de Juárez un lugar donde se nos respete, donde podamos desplazarnos libremente sin el temor a ser agredidas”, concluyó la activista.

CASOS EN LA CIDH

Cabe recordar que actualmente se encuentran en la CIDH dos casos de feminicidio admitidos en marzo de 2006: el de Silvia Arce, desaparecida en 1998 y el de Paloma Angélica Escobar, asesinada en Chihuahua en marzo de 2002.

Además existen dos peticiones individuales en la misma instancia: el caso de Lilia Alejandra Andrade y de Silvia Elena Rivera, presentadas en 2002 ante la CIDH y que están en espera de ser admitidas.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), por su parte, admitió en noviembre de 2007 el primer caso de feminicidio relacionado con tres casos de mujeres que fueron encontradas asesinadas en el área conocida como Campo algodonero, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Todos ellos fueron llevados ante esta instancia por Karla Michel Salas y David Peña, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos y representantes legales de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa.

lunes, 16 de junio de 2008

HOSTIGAMIENTO Y AMENAZAS EN CONTRA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y LABORALES DEL VALLE DE TEHUACÁN


FALSAS IMPUTACIONES EN CONTRA DE MARTÍN BARRIOS HERNÁNDEZ.

Este Centro de Derechos Humanos ha tenido conocimiento de recientes actos de hostigamiento y amenazas en contra de la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán. Asimismo, ha constatado la existencia de averiguaciones previas en las que, falsamente, se pretende configurar delitos a efecto de procesar penalmente a Martín Amaru Barrios Hernández, uno de sus integrantes.

H E C H O S :

La Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, Puebla, a consecuencia del trabajo que realizan en la promoción y la defensa de los derechos laborales en la maquila textil, ha recibido diversas amenazas en fecha reciente. Estas coinciden con el acompañamiento que realizan de las obreras y los obreros del Sindicato Independiente 19 de Septiembre, quienes han defendido su derecho a pertenecer a un sindicato autónomo, así como su derecho a trabajar en condiciones dignas.

El 12 de junio de 2008, Martín Amaru Barrios Hernández fue citado ante el agente del ministerio público del fuero común de Tehuacán para una diligencia ministerial. Al presentarse acompañado de sus representantes legales, le fue informado que en su contra se integra una averiguación previa por diversos delitos, iniciada a causa de una querella interpuesta por uno de los patrones de la maquila textil de Tehuacán.
En dicha denuncia falsamente se acusa a Martín Barrios de haber causado daños en propiedad ajena durante una marcha realizada por los obreros y las obreras de Tehuacán, así como de haber amenazado a dicho empresario. Con ello, se desvirtúa dolosamente la labor que, en conjunto con los y las demás integrantes de la Comisión de Derechos Humanos Laborales de Tehuacán, realiza como defensor de derechos humanos. De ser consignada la averiguación previa, Martín Amaru Barrios Hernández podría ser injustamente sometido a un proceso penal por delitos que jamás cometió.

Lo anterior resulta especialmente preocupante tomando en cuenta los antecedentes relacionados con el caso, así como otros actos recientes que han interferido en la labor de la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán. En este sentido, este Centro de Derechos Humanos ha sido informado de que el día 12 de junio de 2008 Reyna Ramírez, integrante también de la Comisión, fue agredida en las instalaciones de la Junta Local de Conciliación de Arbitraje de Tehuacán por un individuo aparentemente ligado a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), central obrera cuyos actos de corrupción ha denunciado la Comisión.
Luego de golpear a Reyna Ramírez, el individuo agresor se alejó profiriendo amenazas y diciendo: "van a saber lo que es meterse con la CTM, van a valer madre...".
ANTECEDENTES:

Desde hace varios años, la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán ha documentado y denunciado las violaciones a derechos humanos laborales y ambientales que propicia un sector de la industria maquiladora dedicada a la confección de prendas de mezclilla, en el Valle de Tehuacán, Puebla.

Por esa labor, sus integrantes han sufrido numerosos y reiterados actos de intimidación. Martín Amaru Barrios Hernández ha sido víctima de varios de ellos. En diciembre de 2004, fue salvajemente golpeado por individuos que además lo amedrentaron por las actividades de la Comisión. A principios de 2006, se le fabricó dolosamente un delito a instancias de un empresario local y, en condiciones sumamente irregulares, fue arbitrariamente detenido y encarcelado en un centro de readaptación social del Estado de Puebla.
Luego de permanecer varias semanas preso, ante la creciente indignación a nivel nacional e internacional, las autoridades conminaron al denunciante a retirar los cargos. Al recuperar su libertad, Martín Barrios y los integrantes de la Comisión recibieron amenazas de muerte anónimas por lo que se vieron obligados a solicitar medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), acompañados por este Centro, mismas que fueron concedidas.

Durante 2007, la Comisión de Derechos Humanos Laborales del Valle de Tehuacán acompañó la lucha de los obreros y las obreras de la empresa Vaqueros Navarra, quienes acudieron a las instancias legales para exigir condiciones de trabajo dignas y respeto al sindicalismo democrático. Así, como Sindicato 19 de Septiembre, demandaron la titularidad del contrato colectivo de trabajo y la obtuvieron legalmente, arrebatándoselo a los supuestos sindicatos de la CTM y la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), mismos que eran absolutamente ajenos a la defensa de los intereses de los trabajadores y las trabajadoras.

Después de esa victoria, el hostigamiento en contra de los y las integrantes del Sindicato 19 de Septiembre y la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán se ha incrementado. Los obreros y las obreras han sido colocados en "listas negras" y excluidos de las maquiladoras locales; los defensores de derechos humanos, difamados y hostigados.

Ante estos graves hechos y considerando tales antecedentes, este Centro Derechos Humanos expresa su preocupación y en consecuencia demanda:

1.- Se garantice la vida, integridad personal y libertad de los defensores y las defensoras de derechos humanos de la Comisión de Derechos Humanos Laborales del Valle de Tehuacán, así como de sus familiares y demás personas allegadas.

2.- Se respete el derecho al debido proceso y el derecho a la libertad personal de Martín Amaru Barrios Hernández. En particular, exigimos a las autoridades que no toleren ni auspicien ni promuevan, de nueva cuenta, el uso desviado de las instituciones de procuración y administración de justicia para inhibir su trabajo como defensor de los derechos humanos.

3.- Se garantice el pleno respeto a los derechos humanos laborales de los obreros y las obreras que realizan sus labores en las maquiladoras textiles del Valle de Tehuacán. En particular, exigimos respeto a la lucha por un sindicalismo democrático e independiente que realiza el Sindicato 19 de Septiembre.

4.- Se respete lo establecido en la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en 1998.

Atentamente
Comité Pro-Liberación "Hnos. Cerezo Contreras"-PueblaIsrael Sampedro Morales

sábado, 14 de junio de 2008

2 de Octubre ¡No se Olvida!

El delito de disolución social, a punto de renacer


* Lamenta que el caso de la matanza del 2 de octubre en Tlatelolco muera en los tribunales.
* Advierte Juventino Castro y Castro sobre renacimiento del delito de disolución social
* Su derogación fue el único resultado del movimiento estudiantil de 1968, dice el ex magistrado



“El único resultado del movimiento estudiantil de 1968 que trastocó el orden jurídico mexicano fue la derogación, en 1970, de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal Federal que comprendían la tipificación del delito de disolución social”, sostuvo el ministro jubilado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juventino V. Castro y Castro. Pero ese gran logro, advirtió, está a punto de desvanecerse con la intención del gobierno de Felipe Calderón de volver a incluir en las leyes penales mexicanas algún apartado similar a la disolución social en el capítulo que tipifica al delito de terrorismo.
“Está por renacer (el delito de disolución social). Estados Unidos se empeña, evitando que se comprenda cuáles son sus motivos reales, en que México ayude contra el terrorismo, y mientras tanto el vecino país del norte ayudará a acabar con el narcotráfico”, advirtió el ex presidente de la Corte al participar la noche del jueves pasado en un foro organizado por el Centro Cultural Universitario 68.
Al hacer un análisis sobre los acontecimientos internacionales, políticos, sociales y jurídicos que dieron pauta al movimiento encabezado por estudiantes hace cuatro décadas, que derivó en una represión de Estado el 2 de octubre de 1968, en Tlatelolco, el ministro puso énfasis en la posibilidad de que el contexto mundial de aquella época se repita actualmente, con dimensiones más peligrosas, a partir de la guerra contra el terrorismo declarada por Estados Unidos en el año 2001.
“Si la forma en que quieren combatir al terrorismo es la que el presidente de Estados Unidos, (George) Bush, ha hecho, pues es precisamente fuente de no respeto a las garantías constitucionales. Por ello, el único florón claro y definitivo del movimiento del 68, que fue la derogación de dos artículos del Código Penal Federal, está a punto de regresar; inclusive ya hay proposiciones concretas. De manera que ojalá no se produzcan, pero hay el peligro de que se vuelvan a producir”, destacó.
Durante el foro que se realizó en la sala oval del edificio que en 1968 fue ocupado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, en Tlatelolco, Juventino V. Castro destacó que aún está pendiente el tema del castigo a los responsables de la matanza del 2 de octubre, en donde el único procesado es el ex presidente Luis Echeverría Alvarez.
Sin embargo, insinuó que la resolución judicial que está por emitir el quinto tribunal colegiado penal, respecto al amparo que pidió Echeverría, no será muy favorable a las víctimas del presunto acto genocida de 1968. “Estamos ahorita pendientes de una resolución judicial. Todo mundo sabemos qué va a suceder: no va a suceder nada. Va a ser la muerte (en tribunales mexicanos) de todo el tema de las sanciones por esos hechos”, puntualizó el ministro.
Finalizó su ponencia diciendo que el movimiento estudiantil de 1968 “puede llegar a tener toda su validez en cuanto a su oposición a él, cuando ya se diga al final, en los tribunales mexicanos, que el presidente Echeverría está siendo absuelto. ¿Por qué?, porque el Tribunal Penal Internacional solamente puede actuar cuando se haya agotado hasta el último de los recursos legales en nuestro país. De aquí tendrían que, para nuestra vergüenza, brincar todo el asunto a dicho tribunal internacional. Y como México ya suscribió el aceptar esa jurisdicción internacional, está obligado a acatar sus resoluciones”.


Escrito por: Alfredo Méndez


Tomado de: La Jornada

miércoles, 11 de junio de 2008

PEPSICO GAMESA; LA EMPRESA ASESINA

En la fábrica GAMESA, filial de la trasnacional PepsiCo, de las amenazas pasan a los hechos, el día 16 de abril en la audiencia realizada en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, el licenciado patronal Oscar Mendoza Aburto, amenazó al compañero Hugo Ortega Vázquez, diciéndole “que en caso de que ganara la demanda por reinstalación en el trabajo, la empresa no le garantizaba la seguridad ya que podía sufrir un accidente que le costara la vida” esta amenazas del abogado de marras, se cristalizó el día lunes 9 de junio, a las 12:20 horas, en la persona del obrero Raúl Martínez Martínez de 32 años de edad, el cual falleció a consecuencia de un accidente de trabajo, debido a que la empresa no es capaz de brindarles seguridad a los trabajadores, deja en la orfandad a dos niñas de entre 5 y 7 años respectivamente y una viuda.

Por principios de cuenta manifestamos que este no fue un accidente de trabajo, fue un asesinato, ya que el compañero trabajador no recibía cursos de capacitación, trabajando bajo presión para hacer funcionar silos ya casi inservibles, ya que una vez sufrido el accidente al caer dentro del silo de aceite de rociado, el capataz que funge como “gerente de producción”, de nombre JOSÉ GUILLÉN, no PERMITIÓ que se rompiera las paredes del silo para sacar al compañero y prestarle los primeros auxilios, si no que lo dejo agonizar por más de 6 horas, ya que no se sabía si estaba vivo o muerto, para este desgraciado capataz, lo importante era no parar la producción y le valió madre la vida del trabajador.

Con este fatal accidente, queda claro que la lucha del compañero Hugo Ortega Vázquez, por lograr la reinstalación en su puesto de trabajo del que fue despedido injustamente, es en beneficio de todos los obreros de GAMESA-PEPSICO, ahora más que nunca los trabajadores deben unirse y obligar al “líder sindical” que sirva para algo y que exija a la empresa la indemnización cuando menos la que marca la Ley Federal del trabajo, que a la letra dice :


Artículo 500. Cuando el riesgo traiga como consecuencia la muerte del trabajador, la indemnización comprenderá::

I. DOS MESES DE SALARIO por concepto de gastos funerarios y
II. El pago de la cantidad que fija el artículo 502

Artículo 502. en caso de muerte del trabajador, la indemnización que corresponda a las personas a que se refiere el artículo anterior, será la cantidad equivalente al importe de SETECIENTOS TREINTA DÍAS DE SALARIO. …………..

Además, los deudos deben exigir la prima de antigüedad como lo marca el:

Artículo 162. Los trabajadores de planta tienen derecho a una prima de antigüedad, de conformidad con las normas siguientes:

I. La prima de antigüedad consistirá en el importe de DOCE DÍAS DE SALARIO, por cada año de servicio.
VI. La prima de antigüedad a que se refiere este artículo se cubrirá a los trabajadores o a sus beneficiarios, independientemente de cualquiera otra prestación que les corresponda.

OJO, LOS DEUDOS DEL COMPAÑERO DEBEN RECIBIR LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO Y DE LAS VACACIONES DE 2008, Y SI TENÍA CAJA DE AHORRO TAMBIÉN, ADEMÁS EN 2009 DEBEN RECIBIR LA PARTE PROPORCIONAL DEL REPARTO DE UTILIDADES.
QUE LE CORRESPONDERIA, si en el Contrato Colectivo de Trabajo existen otras prestaciones o son mayores que lo que marca la ley, se deben exigir.

¡ SOLO LA UNIDAD Y LA ORGANIZACIÓN DE LOS OBREROS DE GAMESA, EVITARAN NUEVOS ACCIDENTES Y HARAN QUE SE CUMPLA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO !

ATENTAMENTE:Nosotros, Comité de apoyo a los despedidos de Gamesa-Pepsico y el Frente Unitario de Trabajadores (FUT)

Mineros reiteran su exigencia de que la STPS les otorgue la toma de nota

Por: Patricia Muñoz Ríos.






Foto: Carlos Ramos Mamahua

Mineros de varios estados del país realizaron ayer un mitin frente a las oficinas centrales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en Periférico Sur, en demanda de que la dependencia respete su autonomía y anunciaron que no negociarán el levantamiento de las huelgas de Cananea, Taxco y Sombrerete hasta que la dependencia no entregue la toma de nota a su actual comité, encabezado por Napoleón Gómez Urrutia.


En tanto, la STPS, en voz del subsecretario del Trabajo, Álvaro Castro, respondió que de todas formas esta organización está impedida de llevar a cabo ninguna negociación, ya que su actual comité “carece de representatividad” desde el primero de julio pasado, dado que precisamente no tiene la toma de nota.




Los integrantes de la Caravana minera llegaron temprano a la dependencia con más de una decena de mantas en las que pedían el respeto a la libre elección de su dirigencia y a los acuerdos tomados en su 35 consejo nacional. Alrededor de las 10 de la mañana decidieron cerrar Periférico en sentido hacia el sur, lo que intentó ser impedido por granaderos, provocándose fricciones y un conato de bronca entre estos elementos y los mineros.


Decenas de elementos de seguridad intentaron evitar el bloqueo pero no pudieron. Hubo forcejeos con los trabajadores e inclusive se afectó una de las mallas ciclónicas que divide esta vialidad a la altura de la secretaría. Al final ganaron los mineros y cerraron la importante arteria.


Más tarde, una comisión del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana fue recibida por el subsecretario Álvaro Castro y el jefe de la Unidad de Funcionarios Conciliadores, Carlos Augusto Sequeiros. En la reunión el subsecretario reiteró que la respuesta a la solicitud de toma de nota se dará dentro de un plazo de 60 días, porque se está revisando “detalladamente”.

Los mineros insistieron en su exigencia de que la secretaría obligue al Grupo Industrial Minera México a sentarse a negociar para resolver las huelgas.Sin embargo, Castro reiteró que la secretaría ha hecho múltiples esfuerzos para avanzar en esta negociación, “lo que no ha fructificado” porque según dijo, las demandas del sindicato exceden el ámbito laboral.